En rueda de prensa, el portavoz de los diputados del PRD, Radhamés González, señaló que esa organización «ha sido siempre coherente» y sus legisladores «han manifestado estar de acuerdo con las primarias abiertas y simultáneas organizadas y dirigidas por la Junta Central Electoral».

El apoyo a la iniciativa es, sin embargo, «sobre la base de que en la Ley Electoral se elimine el voto preferencia en el nivel de diputados y regidores», aclaró el diputado que, sin embargo, señaló que para hoy no están dadas las condiciones para conocer el tema debido a los trabajos de remodelación que se realizan en el hemiciclo.

Su colega y compañero de partido Rafael Frias también defendió la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimiento Políticos, que, según dijo, va más allá de las primarias abiertas y simultáneas.

«Parecería que la ley es solo primarias abiertas y simultáneas pero en esta ley se garantiza la inscripción en un solo partido y, por lo tanto, se prohíbe la doble afiliación de los ciudadanos», afirmó en la rueda de prensa.

Además, a través de esta iniciativa se «fortalecen los medios de revisión de cuentas de los partidos frente a sus afiliados, a la sociedad y a las autoridades competentes».

Igualmente, se reglamentan los periodos de precampaña y campaña electoral «con un régimen de consecuencia por incumplimiento», apuntó Arias en la rueda de prensa.

Los diputados conocerá hoy el debatido proyecto una semana después de recibirlo de la Cámara del Senado, donde la pieza fue aprobada en segunda lectura el pasado 18 de abril.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, ha señalado que dará al proyecto el mismo tratamiento que reciben las iniciativas legislativas procedentes del Senado.

Varios diputados han adelantado que el proyecto será enviado a comisión, mientras que los del Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirman que no será aprobado.

El diputado José Luis Cosme, de la corriente del expresidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), adelantó ayer a la prensa que ese sector propondrá una modificación al tema de las primarias abiertas y simultáneas.

Fernández sostiene que las primarias abiertas y simultáneas violan la Constitución del país y cercenan el espacio democrático de los partidos políticos, una posición que respaldan 34 de los 106 diputados del PLD, por lo que la aprobación de la iniciativa en la Cámara Baja, con una matrícula de 190, aún no es muy segura.

El Ejecutivo decidirá en las próximas horas si extiende este alivio migratorio, que permite residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos, o si, por el contrario, decide terminar con él y obligar a estos nacionales de Honduras a regresar a su país.

En una carta enviada a Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés), los congresistas le pidieron que tenga en cuenta «la extraordinaria crisis» que se vive en Honduras y que renueve el plazo del TPS por 18 meses, el máximo posible.

En el caso de Honduras, Estados Unidos concedió el TPS a sus nacionales en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.

«A pesar de los sustanciales esfuerzos realizados por Estados Unidos y la comunidad internacional para mejorar las condiciones en Honduras, el daño de ese evento catastrófico, agravado por los efectos residuales de la enfermedad, la violencia y la pobreza han resultado en una recuperación estancada», escribieron.

Los congresistas consideraron que las condiciones en Honduras «no han mejorado lo suficiente como para reintegrar de forma segura y productiva a los beneficiarios de TPS en sus comunidades de origen».

Además, alertaron de que la situación ha empeorado en los últimos meses a raíz de las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales en noviembre de 2017 y las posteriores protestas masivas, que causaron al menos 18 muertos.

El pasado noviembre, el Gobierno decidió extender durante seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, el TPS que protege a más de 86.000 hondureños, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) al cierre de 2016.

Estados Unidos debe comunicar su decisión sobre el futuro del TPS para Honduras 60 días antes de que expire, por lo que la fecha límite para ese anuncio es el 5 de mayo.

El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados. 

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