Al que menos le hace daño es a Leonel Fernández. Y conociendo de su solidaridad para con los otros, hubo de responder en nombre de todos: la resolución resulta inaplicable y fuera de contexto por su falta de fundamento legal. Ha sido el único político que públicamente expresara su criterio.

Pero no solo expuso su opinión sobre esta resolución sino que marcó la pauta para con la misma Junta Central Electoral, juntos, “impulsar  la aprobación de una ley de partidos que contemple disposiciones sobre este particular”. Insiste Fernández en la necesidad urgente de la aprobación final de esa ley, aún en discusión en el Congreso.

El Observatorio Político Dominicano (OPD) publicó un artículo en noviembre del 2014 titulado “Limitación temporal de las campañas electorales en República Dominicana y América Latina”. Un extenso trabajo de investigación que expone sobre el tiempo de campaña electoral, contenidos y sus limitaciones en la región latinoamericana.

De todos los países del área, solo República Dominicana y Panamá no cuentan con una regulación que delimite la competencia por el voto de los ciudadanos. La Ley Electoral dominicana en su artículo 87 proclama el período electoral aproximadamente antes de 90 días de las elecciones.

Como siempre, nuestro caso es distinto al de todos.

Ninguna organización o político alguno ha llevado estrictamente esa ordenanza, porque las actividades proselitistas generalmente inician antes de que lo autorice la Junta. Así ha sucedido siempre.

Las debilidades de nuestro sistema político y electoral devienen en la falta de fundamento legal al que hace referencia el presidente Fernández en su respuesta a la JCE. Aún con todo y marco regulatorio, en nosotros la costumbre hace ley.

Por esto, este fin de semana con todo y el pedido hecho por la Junta, pudimos notar que la actividad proselitista se intensificó, a pesar de la ambivalencia de algunos políticos que buscan una nominación. Algunos acogen la resolución, lo han hecho de forma pública, pero al mismo tiempo llaman a “tomar las calles”.

No nos sorprende porque han hecho lo mismo cuando les ha faltado responsabilidad al momento de asumir el tema de la Ley: un día dicen si, luego no sesionan por tener “otros asuntos” que atender. Una incongruencia e inseguridad que los hace lucir fatales hacia los electores por su falta de compromiso.

Luego se quejan, cuando los números y la percepción muestran a un Leonel Fernández fortalecido, firme y democráticamente contestario. Sin necesidad de insultos ni levantar la voz, ha desmontado cada práctica orientada al incumplimiento constitucional.

De ahí que una visita, conferencia o aparición pública, se convierta en arrastre y multitud; una salida del país, una declaración o hasta un dolor de muelas, ¡sea noticia!

POR PABLO VICENTE

Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un interesante  estudio titulado «El fin del trámite eterno: Ciudadanos, burocracia y gobierno digital». Me parece importante poder destacar algunos elementos que arroja, por considerarlo relevante y reflejar una realidad que viven muchos de los países de América Latina.

Reconocemos que las políticas públicas tienen el objetivo de satisfacer necesidades por lo que los trámites conectan a las personas con los derechos y obligaciones que brinda y exige el gobierno.

El estudio destaca que en  América Latina y el Caribe, la palabra “trámite” es sinónimo de “dolor de cabeza”. Y con toda razón: las instituciones públicas no suelen coordinarse bien entre sí, funcionan con archivos de papel y se preocupan más en cumplir con las normas burocráticas que en atender las necesidades ciudadanas. Una realidad sumamente desagradable que no contribuye a construcción de ciudadanía donde el ser humano este en el centro de las políticas públicas.

Ejemplo como la solicitud del acta de nacimiento, el registro de una propiedad, Inscribirse en la escuela pública o en la universidad, así como el pago de una multa de tránsito, se constituye para muchos en un gran dolor de cabeza y  calvario que requiere dedicar bastante  tiempo y recurso y muchas veces no se logra dar un servicio con la eficiencia y en el tiempo oportuno

El estudio en cuestión plantea que los trámites son demorados. En promedio, un ciudadano en ALC se demora más de 5 horas realizando un trámite. Requiere múltiples interacciones con las instituciones públicas: cerca del 50% de los trámites demandan más de una interacción para ser completados. Y son un foco de corrupción: el 29% de los ciudadanos de la región reportó haber pagado un soborno en el contexto de un servicio público, lo que equivale a más de 90 millones de personas en la región (Transparencia Internacional, 2017).

Los procedimientos manuales, las interacciones presenciales y la falta de estandarización de procesos hacen que los trámites sean vulnerables a comportamientos deshonestos, donde la falta de respuesta rápida se constituye en   un campo fértil para acciones corruptas.

Actualmente, destaca el estudio que, en América Latina y el Caribe el 89% de los trámites se hace de forma presencial (Latinobarómetro, 2017), lo que obliga a destinar miles de funcionarios para trabajar en ventanillas de atención al público, revisar aplicaciones y compilar archivos. El gasto derivado de la prestación presencial supone una carga fiscal considerable para las arcas del Estado.

En efecto, en la región los trámites son difíciles. Son lentos, vulnerables a la corrupción, y terminan excluyendo a la gente con menos recursos. Muchos de ellos todavía se gestionan en persona y en papel. Los ciudadanos pierden tiempo entre ventanilla y ventanilla y, en muchos casos, terminan pagando sobornos a los funcionarios. Las empresas pierden horas productivas y, con ellas, parte de su competitividad. El Estado se enreda en procedimientos complejos y manuales, y no logra conectar a las políticas públicas con los beneficiarios objetivo.

Un elemento a destacar del estudio es que plantea que,  en la mayoría de los países de la región, el ciudadano asume un rol de mensajero para completar sus trámites. Debe ir a una institución a pedir su acta de nacimiento, luego ir a otra para solicitar su certificado de antecedentes judiciales, y así sucesivamente hasta llegar a la institución original, en donde finalmente puede completar su trámite. En efecto, el 40% de los trámites que se hacen en la región son de identidad o registro (Latinobarómetro, 2017). Esto sucede en gran parte porque no hay suficiente coordinación entre las instituciones del gobierno, que no se comunican entre sí ni intercambian la información que ya tienen acerca de los ciudadanos.

Un elemento preocupante que destaca el estudio es cuando dice que los trámites son complicados, en parte, porque la falta de confianza mutua entre las partes implicadas lleva a que se priorice la seguridad por encima de la eficiencia. Esto se manifiesta en varios  sentidos. Primero, el 90% de los directivos públicos encuestados cree que los ciudadanos tratan de acceder a los servicios públicos indebidamente, y justifica la imposición de altas barreras de acceso a los servicios en un intento de limitar el abuso. Segundo, el 43% de los directivos públicos cree que los funcionarios de ventanilla son susceptibles a la corrupción, y que por lo tanto es aconsejable limitar su poder de decisión, lo cual termina alargando los tiempos de resolución para el ciudadano.

Los trámites digitales pueden solucionar muchos de los problemas de las burocracias modernas: son más rápidos (un 74% en promedio), más baratos de prestar (cuestan entre el 1,5% y el 5% de lo que cuestan los trámites presenciales), y menos vulnerables a la corrupción. Infortunadamente, su implementación y su uso en la región siguen siendo muy bajos: solamente el 7% de los ciudadanos reconoce haber hecho su último trámite en línea (Latinobarómetro, 2017).

Si bien muchos países evidencian interés en la digitalización de los trámites, América Latina y el Caribe sigue siendo una región principalmente analógica, donde alrededor del 90% de los trámites se hace de manera presencial. Las brechas de conectividad, alfabetización digital e inclusión financiera, entre otras, harán que la carrera hacia una sociedad digital sea larga.

Visto este contexto que arroja el estudio es necesario pasar a un Gobierno Electrónico para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana.

El autor es Dominicano, Abogado. Gestor Social. Presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red Latinoamericana para el Desarrollo Democrático (REDLADD)

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