Un responsable del Departamento de Estado, Kenneth Merten, explicó que la estrategia «a largo plazo» del Gobierno en esa región pasa por combatir las malas prácticas de los gobernantes de esas naciones y el daño que causa el crimen organizado en Guatemala, Honduras y El Salvador.

«Nuestra táctica en esa zona tiene el foco en trabajar para prevenir la corrupción y reforzar la capacidad de las autoridades locales en la batalla contra el crimen» para que sus habitantes no tengan que escapar, dijo Merten en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

Merten, que es subsecretario adjunto principal interino del Departamento de Estado, consideró que la corrupción «corroe las instituciones y la confianza en la democracia» y provoca que la gente escape buscando mejor vida.

Estas declaraciones del funcionario llegaron después de que varios legisladores del comité le recordaran a él y a la directora de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) para Latinoamérica, Sarah-Ann Lynch, la importancia de abordar los problemas de la región.

Durante la audiencia, los miembros de la Cámara pusieron especial énfasis en la crisis humanitaria de Venezuela, la violencia en Nicaragua y el Gobierno de Cuba.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el republicano Ed Royce, señaló que Estados Unidos «debe estar más comprometido que nunca» ahora con los países de Latinoamérica.

«Muchas partes de la región siguen luchando contra la violencia, la corrupción y las organizaciones criminales. A medida que la región enfrenta desafíos y transiciones urgentes, Estados Unidos debe estar más comprometido que nunca», apuntó Royce en su discurso de apertura.

Al respecto, Lynch aseguró que el Ejecutivo de Trump está lidiando con la inestabilidad en Venezuela y Nicaragua «mientras enfrenta los desafíos a largo plazo de la corrupción y la influencia de las organizaciones criminales transnacionales».

«Seguiremos trabajando en programas de prosperidad, seguridad y buen gobierno que alienten a las personas a construir sociedades mejores para sus familias y comunidades de origen», apuntó la líder de USAID.

Durante junio se produjeron 34.114 detenciones en la frontera sur del país, lo que supone un dato notablemente menor al de mayo, cuando fueron arrestadas 40.338 personas, de acuerdo con datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

«Rechazamos categóricamente el informe. Es un informe parcializado y carente de objetividad, que tiene como objetivo validar acciones delictivas», señaló la secretaria de la misión venezolana Sara Lambertini, durante su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lambertini se refirió al análisis que presentó hoy el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, en el que confirmó que, desde el comienzo de las protestas en abril hasta la fecha de hoy, 264 personas han perdido su vida y más de 1.800 han resultado heridas.

Además, en esa indagación, Abrao denunció que las personas detenidas por las autoridades nicaragüenses a raíz de las protestas han sido víctimas de «violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladadas a la sede de la Policía Nacional».

No obstante, la representante de Venezuela aseguró que Nicaragua está sufriendo «una ola terrorista», cuyo único objetivo es materializar un «golpe de estado» contra un Gobierno, el de Ortega, «legítimo, democrático y constitucional».

«En Nicaragua, minorías violentas altamente organizadas y financiadas desde el exterior y movilizadas por un ideología de odio han actuado de un modo cruel y barbárico, secuestrando a cientos de inocentes e incendiando muchas propiedades», dijo Lambertini.

De acuerdo a su exposición, estas «atrocidades» han sido ignoradas «por un grupo de países que niega la capacidad de las autoridades nicaragüenses a defenderse».

En ese sentido, Lambertini afirmó que estas naciones usan la OEA y la CIDH «como agencias para presentar perversamente como víctimas a agentes de violencia a la vez que intentan criminalizar a las autoridades locales».

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra el Ejecutivo comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo de la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. 

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