SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un inversionista canadiense interesado en construir un proyecto turístico en Las Cañitas, de Sabana de la Mar, denunció que ha sido víctima de estafas y que la justicia no ha resuelto el problema a pesar de él tener todas las documentaciones.
Raoul Boisse, en carta enviada al Presidente, al Procurador y la Suprema Corte de Justicia pide que se investigue con independencia y se nombre un fiscal o juez que puedan comprobar la veracidad de su caso, como paso previo a construir un oasis familiar orientado a extranjeros jubilados de su país.
Cuenta que compró legalmente el terreno, confiando plenamente en la seguridad y fortaleza jurídica del país, pero ha tenido dificultades con las instituciones estatales de registros de su títulos, los vendedores y en los tribunales, por lo que ha teniendo que gastar mucho dinero en abogados para lograr le reconozcan sus derechos.
La carta
Al : Lic. Danilo Medina
Presidente de la República Dominicana
Al : Jean Alain Rodríguez Sánchez
Procurador General de la República
Al : Dr. Mariano Germán
Presidente Suprema Corte de Justicia
A la : Cámara de Comercio Dominico-Canadiense de República Dominicana
Hace once años compré 352,000 metros cuadrados de tierra frente al mar, en la comunidad de Las Cañitas de Sabana de la Mar, bien deslindado con un plan de topógrafo, con la intención de construir un oasis turístico familiar orientado para extranjeros jubilados.
Pagué por la compra RD$9 millones de pesos en efectivo a los hermanos Eladio Castillo y Rubén Darío Castillo, pagué mis impuestos a la DGII y deposité mi expediente al registro de tierra el 26 de Marzo, 2008 antes de la entrada en vigencia de la ley 108-05 y la registradora me negó el derecho de registrar mi compra exigiendo un nuevo deslinde innecesario porque ya habían realizado uno días recientes.
Al tratar de cumplir con la registradora, en ese tiempo mis vendedores supuestamente vendieron 6 meses después la zona más valiosa de mi propiedad, una parte el área de la playa al vecino Radhames Cordero, quien junto a su abogado que ha llevado el proceso del vecino, pusieron una oposición en el tribunal de tierra y pararon el deslinde.
Durante los diez años siguientes los supuestos compradores han usados todas las contradicciones evidentes y las debilidades de la justicia dominicana para impedirme de registrar mi compra, incluso llegaron a acusarme judicialmente de que yo había falsificado mis documentos de compra y usando maniobras jurídicas de tribunal en tribunal duraron dos años, usando trucos, mentiras, supuestos sobornos e incluso protección de políticos poderoso de la zona, hasta que al final un tribunal de Higuey dictamino la autenticidad de mis documentos.
El caso ha visitado varios tribunales del país, teniendo que gastar varios millones en abogados y cuando creemos que estamos al final del proceso para poder registrar mi título e iniciar el proyecto, aparece una supuesta hipoteca, con un supuesto pagaré notarial por 2 millones de pesos, firmado por mis vendedores, los hermanos Castillo a una señora de Higuey, quienes ejecutaron mi propiedad porque ellos no pagaron, la subastaron y la registraron a nombre de un testaferro, acciones que la hicieron en secreto, sin notificar a mi abogado ni a mí, violando el debido proceso establecido en la constitución y las leyes dominicanas.
Al enterarme por una persona de lo sucedido, en septiembre 2015, puse una oposición en el Tribunal de Tierra en El Seibo, llevé la solicitud personalmente al Tribunal de Tierra, al Registro de Tierra para que se anotara la oposición y evitar que se hiciera la adjudicación y repartición de mi tierra, pero la registradora se negó a anotar la oposición y el 2 de febrero 2016 emitieron documento, pero ya mi propiedad la habían distribuido en ocho pedazos y la vendieron a varios compradores aun ellos enterado de la oposición entregada y el conflicto en la justicia.
Hace unos dieciocho (18) meses me reuní con el Procurador General Adjunto Dr. Bolívar Sánchez, quien está bien enterado del caso por tener en mano el expediente entero y me prometió que mi caso sería resuelto.
Sin embargo, el fiscal de Hato Mayor, quien se encargó del caso no tuvo tiempo de estudiar el expediente y a pesar de que me hayan robado una propiedad de 25 veinte cinco millones de pesos, no ha podido, hasta el momento, encontrar ninguna violación de la ley ni a los culpables de estas violaciones.
Como inversionista extranjero y confiado en la seguridad jurídica de la República Dominicana, le pido ustedes puedan ordenar una investigación profunda e independiente del caso, de las múltiples violaciones de las leyes y de mis derechos constitucionales, para que me reconozcan mi derecho de propiedad sobre la tierra comprada.
No persigo más que mi derecho a recuperar mi propiedad y desarrollar el proyecto turístico que traerá una inversión superior a los 150 millones de dólares y beneficiará a cientos de dominicanos en la zona.
El próximo 17 de mayo tengo una audiencia en el tribunal Penal de Hato Mayor y estoy seguro que van a encontrar, como lo han hecho desde hace años, otras debilidades de la justicia dominicana para atrasar el proceso o quizás esperando que mi salud, que ya queda dañada, no me permita defender mis derechos de propiedad como lo he hecho hasta ahora.
Confío, señor Procurador, que usted pueda mandar a un fiscal independiente para que estudie el caso y asista a la audiencia del 17 de Mayo para que pueda darse cuenta como el actor principal, el Dr. Alejandro Tejada, quien está involucrado en cada etapa, no tiene ética y usa lo que sea para parar la justicia.
Hato Mayor, 14 de Mayo 2018
Respetuosamente,
Raoul Boissé
Correo electrónico: xyzraoul@msn.com
Mi abogado el el Dr. Lucas Familia de Hato Mayor, 8
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