Desde hace décadas se ha trabajado para dotar al país de una adecuada y actualizada legislación massmediática, y los intentos de gobiernos anteriores han sido fallidos. Ahora, con valentía y decente apertura, el Poder Ejecutivo ha introducido a las Cámaras Legislativas la “Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales” que, en vez de restringir el derecho a la palabra, se excede en un neo-liberalismo comunicacional sin sanción penal.

La propuesta pieza parlamentaria se apuntala como trascendental para el fortalecimiento institucional, en el libre juego de las ideas. Y, más que reflejar un interés por el control gubernamental, o por amordazar, se ofrenda sobrecargada de pestañas o ventanas tan abiertas, que auspician la impunidad en este universo.

Respetados colegas y amigos de mil batallas -todos sin excepción- de la Sociedad Dominicana de Diarios -que redactó el concernido contenido jurídico comunicacional, y no el Gobierno- está solicitando en un comunicado una jornada de “deliberación democrática”, que “permita enriquecer aún más el texto”.

Incorrecciones

Mano a la obra: Veamos algunas sugerencias de incorrecciones detectadas en el proyecto de ley en estudio.

1.- Por su desconexión con la justicia penal, aseará el delito de prensa, protagonizará la irresponsabilidad profesional e incrementará la anarquía difamatoria, así como la inmunidad periodística.

Incluyamos la pena de prisión, para que haya una verdadera consecuencia. Expliquemos las razones: si un sicario desde un artefacto unidireccional subvierte contra la patria, desestabiliza a un gobierno o la paz pública, destruye corporaciones empresariales y las honras bien ganadas de un candidato presidencial y, si un juez lo encuentra culpable, basta liberarse con una simple multa, cuyo estipendio previamente estaría reservado por los mandantes ocultos. Influenciado por figuras invisibles, en el 2016 el Tribunal Constitucional giró en bandadas, protegiendo a unos y desamparando a reporteros.

En numerosos países se puede ordenar la prisión de periodistas, conforme a sus leyes, lo que conmina a un ejercicio juicioso y ético. En Estados Unidos, la Primera Enmienda protege la libertad de prensa, pero si un periodista incurre en un delito, como quebrantar una orden de dispersión o suministrar una información falsa a la Policía, puede ser arrestado y procesado judicialmente. Y en la República Dominicana fijan aprehensión las leyes 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, la 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la 192-19 sobre imágenes que afecten el honor, la intimidad y la dignidad de las personas, la 183-02 Monetaria y Financiera y la 136-03 del Código para el Sistema de Protección y derechos de niños, niñas y adolescentes.

2.- Artículo 36, numeral 7. Velar por el respeto de los derechos de la mujer en los medios audiovisuales e -Internet. Es discriminatorio, porque para la Ley no debe haber distingo de sexo ni de raza, salvo en los casos específicos contenidos en la Carta Magna.

3.- Artículo 37, numeral 3.- El Consejo Directivo será el órgano jerárquicamente superior a la Dirección Ejecutiva. Obviamente, la Dirección Ejecutiva ha de ser la responsable de ejecutar las disposiciones del Consejo Directivo, señalamiento que resulta redundante e innecesario.

4.-Artículo 39.- Requisitos de los integrantes del Consejo Directivo: 1.-Ser profesional de la comunicación, periodismo, derecho u otra área de las Humanidades. Es preciso revisar bien este artículo, ya que en la forma en que ha sido redactado deja abierta las posibilidades de que cualquier empresario o abogado pueda presidir el Consejo, y no un profesional de la comunicación.

5.- Artículo 46.- Numeral 6.- En este artículo se habla vagamente de imponer multas y sanciones, pero no establece los alcances, ni la responsabilidad penal que conlleva cuando sea violada la Ley, conforme a las disposiciones del derecho penal y las normas procesales establecidas.

6.- Artículo 47: Plantea la capacidad de someter a los infractores a las instancias judiciales correspondientes y acudir en los casos por requerimiento del Ministerio Público, es preciso dejar bien claro a cuáles infracciones o violaciones se refiere y los niveles posibles de esas sanciones.

7.- Título inapropiado. A raíz de la fundación de la República Dominicana predominó la Ley de Imprenta, a final del siglo XIX la Ley de Prensa y a mediados del siglo XX la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. Ahora, más que la ley, impera el Derecho a la Comunicación.

Preocupa que una parte de los integrantes de la comisión se dejara atrapar por un excesivo temor a la inserción de sanciones categóricas que, como las de orden penal, produzcan los inherentes efectos intimidatorios, mientras que otros, como los gremialistas y directivos académicos, no hayan podido poner en práctica la indispensable pericia negociadora.

La comisión redactora -encabezada por el amigo Namphi Rodríguez- entregó un proyecto sin mayor polémica, ni los exámenes rigurosos al presidente Luis Abinader, quien supongo que le habría dado muchas vueltas para ordenar presentarlo.

En el intercambio cotidiano de ideas y la construcción de relaciones, la comunicación social se cimenta como un componente esencial e integral de la vida colectiva. Por esa propensión, se agiganta exponencialmente, más con el desarrollo de la inteligencia artificial, la virtualidad y otras innovaciones tecnológicas. Se multidimensiona, con vitalidad, en la investigación, la docencia y la ocupación profesional.

A cada momento, legisladores discuten y aprueban proyectos comunicativos parciales y sin bases lógicas ni racionales, por lo que desde hace un tiempo hemos insistido en la pertinencia de la preparación de un Código Legislativo de la Comunicación, que sería la compilación de legislaciones que la regulan, con sus explicaciones y definiciones jurídico-comunicacionales, así como sus definiciones, el alcance de sus reglas, los signos y convenciones.

Ese código emerge como urgente, en vista del reinado de la desinformación y las falsas noticias, que crean “burbujas de filtro” o “cámaras de eco”, por intermedio de algoritmos de personalización en plataformas de redes sociales. Un parche apresurado, sin una amplia discusión, no es aconsejable, en perspectivas históricas.

Código Legislativo de la Comunicación

El Código Legislativo de la Comunicación estaría integrado con por lo menos 11 leyes. A saber:

1.- Derecho a la comunicación (nueva). Sería enriquecida con los elementos de la propuesta Ley de Expresión.

2.- Radio y espectáculos públicos (existe anteproyecto).

3.- Ley de audiovisual y cine (nueva), que incluya la Ley 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica y la Ley No. 192-19 sobre la protección de la imagen.

4- Publicidad del Estado (existe anteproyecto).

5.- Publicidad privada (existe anteproyecto).

6.- Ley 153-98 de Telecomunicaciones (modificable).

7. -Ley 399-22 sobre el uso de medios digitales (modificable), útil como referente.

8.- Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (revisable).

9.- Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales (revisable).

10.- Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública (revisable).

11.- Ley 65-00 sobre Derecho de Autor (revisable).

Para enriquecer la propuesta “Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales”, que fue socializada entre un puñado de expertos y estudiantes de comunicación sin muchos saberes de ciertas universidades, conviene ampliar su discusión, para lo cual se requiere la designación de subcomisiones de trabajo para cada tema, como aconteció en Venezuela, Argentina, Ecuador y Cuba.

El respaldo más serio que ofrecemos a esta estimable iniciativa consiste en estas y otras puntualizaciones, y en la sugerencia al Gobierno, la Sociedad Dominicana de Diarios y el Congreso Nacional que no hagamos fiesta con el apurón en un tópico tan delicado como la obligatoriedad normativa en comunicación social, que está llamada a producir cambios en el ejercicio específico del periodismo y convertir a la sociedad en una receptora activa.

La sanción al vapor con meras vistas públicas no legará el mejor ejemplo de participación democrática, ni dejará un buen sabor. Aprendamos del refranero popular: «La prisa no es buena consejera», «Vísteme despacio, que tengo prisa» y «El que se apresura, no ve el camino», más cuando la formulación de esa ley amerita refundir textos temáticos, redefinir conceptos y visiones, y aprobar definiciones terminológicas.

oscarlr1952@gmai.com

Puede afirmarse enfáticamente, sin temor a lucir exagerado, que hoy día la Contraloría General de la República (CGR) es uno de los organismos luminosos de la administración pública, la cual en todas las épocas ha recibido acusaciones de ineficiencia.

Basta con visitar su sede en los predios añejos del Ministerio de Hacienda para comprobar que ese departamento oficial es otra fragancia y el movimiento de sus empleados tiene más seriedad y organización que lo apreciable en la generalidad de las oficinas gubernamentales.

Tómese en cuenta, de entrada, que es el ramal del Poder Ejecutivo rector del control y la fiscalización interna de las recaudaciones y la inversión de los recursos públicos. Entre otras funciones, autoriza las órdenes de pago, a veces millonarias, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, debiendo estar atenta a la protección de los bienes, fondos o recursos públicos.

Se confirma que está trabajando por el libro, como dice el refrán popular, cuando se hurga en su accionar actual, cargado de pasos firmes y positivos   que la acerca a lo que verdaderamente es un ente fiscalizador estatal.

Hechos palpables, sin rodeos ni adornos innecesarios, son los siguientes:

En estos momentos cuenta con más de 950 auditores agrupados en distintas unidades que desarrollan el programa anual de auditorías desplazándose por las instituciones gubernamentales y practicando revisiones que conllevan de 3 a 4 meses cada una.

Adicional a ese desplazamiento, en la actualidad la CGR tiene debidamente instaladas (in situ podría decirse) alrededor de 275 unidades de Auditoría Interna (UAIS) en igual número de instituciones públicas, siendo la meta alcanzar las 350 en este año.

Cuenta con la Escuela Nacional de Control Interno, que no solo ofrece capacitación al personal de la Contraloría, sino también al de las direcciones administrativas y financieras (DAF) de cada de las instituciones del gobierno central. Por añadidura, muchos de sus servidores participan en diplomados, postgrados y maestrías en universidades nacionales e internacionales.

En los últimos dos años la CGR realizó 206 auditorías, lo cual evidencia intenso tren de trabajo y la proyecta como uno de los organismos más laboriosos, contando ahora con mayor respeto y primando en el conglomerado gubernamental el interés de evitar sus objeciones y, en cambio, de recibir aprobaciones.

Ausente de discusiones

Vale la pena advertir que la Contraloría solo es un organismo fiscalizador -cauto y sobrio-, ausente de las discusiones públicas, que cuando hace auditorías y detecta irregularidades graves, las acusaciones legales que correspondan son competencia de otros estamentos, como la  Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y el Ministerio Público.

Ha tenido que expandir sus empleados a otros espacios, pero la actual gestión del Presidente Luis Abinader evalúa la posibilidad de dotarla de una estructura física más grande en la que pueda unificar a todo su personal.

Todas las señales indican que desde la designación en su cabecera  del licenciado Félix Santana García por el Presidente Luis Abinader el 23 de enero del 2024, arrancó un proceso de renovación que obliga a hablar de nueva Contraloría General.

El sábado 3 de mayo último cumplió 96 años de fundada y pronto tendrá nueva ley orgánica, que modificará la actual número 10-07 y su reglamento 491-07, a la luz de los cambios operados en la administración Abinader.

josepimentelmunoz@hotmail.com

Las dictaduras han sido una constante en la historia de la humanidad, caracterizadas por la concentración del poder en manos de un individuo o grupo, la supresión de libertades individuales y la limitación de la oposición política. En la actualidad, República Dominicana enfrenta una situación preocupante, donde el gobierno de Luis Abinader se ha diversificado en un escenario de debates sobre la posible deriva hacia un régimen autoritario.

El manejo entreguista y lapidario del actual gobierno está causando una gran preocupación, debido a la concentración del poder y la posible deriva hacia un régimen autoritario, donde principalmente su liderazgo está siendo criticado duramente por centralizar las decisiones que competen a la mayoría y sepultar las instituciones clave, lo que ha generado un debilitamiento en la salud de la democracia.

La sombra del autoritarismo se cierne sobre el país, y es fundamental analizar los riesgos y consecuencias de este fenómeno para promover la defensa de la democracia y las libertades individuales. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, y evitar el deslizamiento hacia un régimen autoritario?

El autoritarismo se caracteriza por la concentración del poder en manos del ejecutivo y la limitación de la independencia judicial y legislativa. Al igual que Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, el presidente Luis Abinader centraliza sus decisiones; y con ello, debilita la institucionalidad, generando preocupación sobre las limitantes de la libertad de expresión y la oposición política, todo esto a base de mentiras que él busca convertir en verdades mediáticas a través de la inversión de más de 2 mil millones de pesos en publicidad.

Liderazgo personalista

Su liderazgo personalista, lejos de impulsar el progreso del país, lo está subyugando bajo una especie de freno estático para que éste nunca pueda arrancar y sobrevivir a su propio desarrollo. El presidente Abinader ha concentrado el poder en una red de compromisos y lealtades, lo que sugiere que su gobierno no está capacitado para implementar cambios que beneficien a la nación, o sea, tiene el poder secuestrado y en lugar de utilizarlo como una herramienta para el cambio, se ha convertido en un obstáculo para el bienestar de la nación.

Abinader se caracteriza por su estilo dictatorial, donde el discurso populista encubre la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción administrativa y de cuello blanco, mediante la explotación de recursos públicos en beneficio de esa minoría selecta. Esa forma de gobernar, lejos de impulsar el desarrollo y el bienestar del país, perpetúa la desigualdad y la injusticia, evidenciando un claro desprecio por la democracia y el interés colectivo.

Nuestra nación languidece, estamos sumidos en una profunda crisis de ilegitimidad, donde la fuerza y el poderío del PRM instrumentalizan el poder para perpetuar su dominio, manipular elecciones y usar indebidamente los recursos públicos, contribuyendo así, a erosionar la confianza en las instituciones, provocando un clima de descontento, mientras la totalidad de los dominicanos se hunden en la inestabilidad y la incertidumbre.

Libertad de Expresión

La limitación de la libertad de expresión y la oposición política puede tener consecuencias negativas en la democracia y el desarrollo del país, visto que constituye un derecho fundamental que debe ser protegido y defendido. Cualquier intento de limitar o restringir este derecho es inaceptable y va en contra de los principios básicos de la democracia y la humanidad.

¿Qué pretende el gobierno con la propuesta de reforma a la Ley 6132, sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento? El presidente Abinader se encuentra en medio de una encrucijada gubernamental y con su propuesta sólo busca callar la boca de los periodistas, comunicadores y propietarios de plataformas virtuales, quienes son los que hoy en día les dan vida a la información sin coacciones ni censura a través de las denuncias de corrupción que carga el gobierno oficialista, los partidos tradicionales y un sector amplio del empresariado.

Es importante que periodistas, comunicadores y personas que respetan las libertades públicas nos levantemos con la frente en alto para no permitir las arbitrariedades y pretensiones del presidente Abinader y su retahílas de cómplices que hoy atentan contra la estabilidad de los dominicanos.

Tal como lo establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, esto implica garantizar que las personas puedan expresar sus opiniones e ideas sin temor a maltratos, represalias y censura. “Por la verdad murió Cristo” y si el presidente no quiere ser objeto de críticas, lo mejor sería que gobierne a favor de los dominicanos o que renuncie a su cargo.

¡Dominicano abre los ojos!…Nos quieren joder

Promover la defensa de la democracia y las libertades individuales en República Dominicana implica fortalecer las instituciones, garantizar la independencia judicial y legislativa, y promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Ese es su deber, no reprimir al pueblo con decisiones que atrofian la democracia participativa.

Despierta, dominicano. Si nos dormimos, el gobierno del PRM nos pasará factura. Es hora de actuar con estrategia y determinación para defender la democracia y las libertades individuales. Unidos, enfrentaremos al gobierno y al sector empresarial con valentía y dedicación, porque solo así podremos lograr transparentar las instituciones públicas y asegurar un futuro con verdadera democracia en nuestro país.

“Un gobierno que se emborrachas con el poder, solo le deja al pueblo la resaca. Cuando la fiesta termina, quedan las promesas rotas y el dolor de cabeza colectivo”. 

jpm-am

El pasado lunes 21 de abril de 2025, desde La Semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader no solo hizo un anuncio: lanzó un mensaje de país. Reiteró su llamado a un pacto nacional sobre inmigración, invitando al PLD, a la Fuerza del Pueblo y a todos los sectores a sentarse en la mesa por el bien de la República Dominicana.

La crisis migratoria haitiana, dijo, ya no es un tema partidario, sino de soberanía, de supervivencia y de nación. Pero ese llamado fue, en el fondo, una invitación más amplia: colocarnos por encima de la politiquería.

Abinader ha comprendido que un presidente no solo gobierna con decretos, sino con altura moral. Y frente a un panorama global cargado de incertidumbre, su tono fue el correcto: firme, sin estridencias, sin demonizar, pero sin ceder.

El problema de la inmigración no se resolverá con discursos extremos ni con indiferencia institucional. Requiere unidad, estrategia y compromiso nacional. Y por eso tendió la mano.

La pregunta ahora es: ¿quiénes en la oposición sabrán levantar la suya?

La crisis que vivimos no es solo de frontera. Es también una crisis económica global que ya toca nuestras puertas.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos, Europa y China, las guerras arancelarias y el resurgimiento del proteccionismo han comenzado a resentir las cadenas de suministro y a desacelerar el crecimiento, economías frágiles como la nuestra están más expuestas que nunca. Por eso, seguir apostando a que “le vaya mal al gobierno” es una actitud miope, peligrosa y suicida.

La historia lo ha demostrado: cuando las naciones se enfrentan a tempestades, la grandeza no está en quien gana la próxima elección, sino en quien evita que el país se hunda.

La próxima cita electoral es en 2028, pero los desafíos no esperan. Lo que hagamos ahora determinará si llegamos a ese año con estabilidad o con fracturas. No hay espacio para la mezquindad. Hay demasiado en juego: empleo, inversión, confianza, soberanía, seguridad.

El presidente Luis Abinader ha hecho un llamado desde la sensatez, y eso merece una respuesta del mismo calibre.

La oposición tiene derecho a criticar, a fiscalizar y a disentir, pero también tiene un deber: actuar con madurez y patriotismo. Ya no se trata de ganar una narrativa en redes, sino de preservar el tejido mismo de la nación. Es hora de probar que se puede hacer oposición sin apostar al caos. De demostrar que se puede pensar diferente sin desear el derrumbe del otro.

El pacto migratorio que propone el gobierno puede ser el inicio de algo más grande. Si usted no está de acuerdo con los 15 puntos, plantee su visión pero en la mesa nacional del diálogo, donde se hable también de economía, salud, educación, energía y empleo juvenil. Y  consensuar bajo acuerdo las políticas de Estado que resistan los vaivenes del poder y la inestabilidad internacional.

Más allá

Debemos pensar en el país más allá del 2028. Porque el verdadero legado no es la victoria electoral, sino la continuidad del desarrollo y la paz social.

Es fácil aplaudir cuando se gana, pero lo que necesita hoy la República Dominicana es que todos —gobiernos, oposición, empresarios y organizaciones sociales— se arremanguen por igual.

Que se abandonen los discursos de barricada y se abrace el lenguaje del compromiso. La nación no está para juegos ni trincheras. Es para líderes con visión de largo plazo, capaces de tomar decisiones impopulares si eso significa salvar el destino de millones.

Peña Gómez lo hizo en el primer gobierno de Leonel, por encima de la oposición de su partido y los minoritarios que después medraron alrededor de Leonel Fernández y Danilo Medina.

Luis Abinader ha dado un paso consciente del peso de su investidura, ha elegido convocar en lugar de confrontar. No para imponer una agenda, sino para construir una causa común. Esa actitud no debe ser interpretada como debilidad, sino como la fuerza más difícil de lograr en política: la capacidad de ceder espacios para ganar país. Y eso, en estos tiempos, vale más que cualquier cálculo electoral.

No se puede reducir la política dominicana a un eterno torneo de zancadillas. No cuando la pobreza sigue golpeando, cuando el desempleo aún lastima, cuando la educación pide a gritos una reforma integral. No cuando la violencia y el miedo intentan ganar terreno. Frente a ese escenario, el único liderazgo posible es el que construye con todos, no el que destruye al adversario.

Abinader no habló solo como presidente. Habló como ciudadano consciente del momento histórico que atraviesa el país. Habló como padre de familia que sabe que, si no actuamos ahora, serán nuestros hijos quienes pagarán los errores de la mezquindad política. Por eso, su llamado debe ser escuchado con los oídos de la patria, no con los del partido. Y debe ser respondido con altura, no con sarcasmo.

La oposición tiene una oportunidad de oro, la de demostrar que su papel no es estorbar, sino elevar el debate. Probar que su lucha no es por el fracaso del otro, sino por el bienestar del país. El poder no se merece solo con votos. También se gana con grandeza, con responsabilidad, con patriotismo. Esta es la hora de los estadistas. No de los oportunistas.

La ciudadanía está harta de peleas estériles.

Quiere soluciones!!!

Quiere políticos que se atrevan a mirarse a los ojos y decir: pensemos el país juntos. Y si ese pacto no se logra ahora, ¿no será culpa del gobierno ni de la oposición?

Será culpa de una clase dirigente que prefirió el ruido al rumbo, la venganza al proyecto común. Y ese pecado, en la historia, no se borra.

El presidente ha hablado. Ha hecho lo correcto. Ahora, que hable también la oposición. Que se quite el traje de campaña y se ponga el de país.

Porque más allá de partidos, de egos y de cifras, la República Dominicana necesita algo más que políticos: necesita patriotas.

jpm-am