El reciente destape del entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) no es solo otro capítulo en la crónica de la malversación de fondos públicos; es más bien, un atentado directo contra la dignidad humana y el pacto social, en razón de que cuando se sustraen miles de millones de pesos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud, la sociedad se enfrenta a una crisis moral que exige respuestas contundentes, más allá de los acostumbrados comunicados de prensa y las promesas de “caiga quien caiga”.

La magnitud del fraude, que asciende a más de 15,900 millones de pesos, representa una estafa monumental e indignante por sí sola; sin embargo, lo que confiere a este acto una oscuridad y una crueldad aún mayores —”siniestra y cruel”, en las propias palabras del Ministerio Público— es el mecanismo despiadado empleado, en este caso, calificado como un robo “fuera de récord”, revela el uso infame de los pacientes del régimen subsidiado, es decir, los más vulnerables de la sociedad, como meros peones en una ecuación de enriquecimiento ilícito, quienes fueron convertidos en víctimas silenciosas para justificar el pago de procedimientos médicos que nunca se realizaron o, en un giro aún más macabro, para intervenciones innecesarias, transformando la noble vocación de servicio a la salud en un negocio atroz y desalmado.

Este esquema, liderado por el exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros diez acusados, demuestra una falta absoluta de escrúpulos, visto que los nombres de los imputados no son solo fichas en un expediente judicial; sino que representan la cara de la avaricia que instrumentaliza la enfermedad y la necesidad. El hecho de que la Procuraduría General haya anunciado una segunda fase de la investigación, enfocada en clínicas y médicos cómplices, subraya la podredumbre sistémica que permitió que esto ocurriera durante años.

La salud, junto con la educación, es un pilar irrenunciable del desarrollo de una nación, por ende, debe estar por encima de cualquier coyuntura política y de cualquier interés particular, debido a que un sistema de salud robusto y transparente es la base para una sociedad productiva y justa. Desfalcar al SENASA no es un simple delito financiero; es un acto de sabotaje social que compromete vidas y el futuro de la República Dominicana.

No se trata de un fenómeno exclusivamente dominicano, este fraude al sistema de salud es un cáncer global, por ejemplo, en Estados Unidos, mediante un sistema vasto y tecnológicamente avanzado, el Departamento de Justicia persigue constantemente esquemas masivos de corrupción en Medicare y Medicaid, además de ejecutorias como la “Operation Gold Rush”, mediante la cual se han destapado fraudes por más de $10.6 mil millones de dólares, donde redes criminales facturaban por equipos médicos que nunca se entregaban, usando identidades robadas.

Enseñanza

Estos antecedentes estadounidenses nos enseñan dos cosas: primero, que la complejidad de los sistemas de salud los hace vulnerables a la manipulación; y segundo, que se requiere una voluntad política y una capacidad técnica inquebrantables para perseguir estos delitos, sin importar el poder o la influencia de los perpetradores. La escala del fraude en EE. UU. demuestra que estas redes operan con profesionalismo y enfrentarlas requiere mayor empeño y entrega judicial.

El reto de la justicia dominicana es monumental y el escepticismo de la ciudadanía ante la impunidad histórica es palpable. Existen antecedentes a través de casos pasados, con los cuales se ha demostrado que, a menudo, los expedientes se diluyen en el tiempo, se negocian en los pasillos del poder o terminan en condenas irrisorias, por lo que, el caso SENASA es una prueba de fuego para la independencia del Ministerio Público y del sistema judicial.

Sería oportuno que el señor presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, responda las siguientes interrogantes:

¿Garantizará su gobierno, señor presidente, que no habrá interferencia política de ningún tipo en este proceso, asegurando que todos los involucrados, sin importar su afiliación o estatus, enfrenten todo el peso de la ley?

¿Se implementarán reformas estructurales y mecanismos de control internos en SENASA que impidan de raíz la repetición de un fraude de esta magnitud, o nos limitaremos a castigar a los actores de este episodio?

¿Cómo se restaura, señor presidente Abinader, la confianza de los millones de afiliados del régimen subsidiado, que hoy ven con temor cómo los fondos que debían proteger su salud fueron saqueados impunemente?

Señor presidente, la salud del pueblo no puede ser rehén de la politiquería ni del amiguismo. El mensaje debe ser claro, contundente y resonante, porque, en la balanza de la justicia, la salud y la educación siempre pesarán más que cualquier fortuna mal habida.

La impunidad es el peor enemigo de la democracia y si permitimos que el caso SENASA quede en el olvido o se resuelva con tibieza, estaremos validando la idea de que en nuestro apreciado país el crimen no paga, especialmente cuando se viste de cuello blanco.

Un peso dominicano invertido en salud es un peso invertido en vida, en futuro, en productividad y en paz social, pero, cuando ese peso es robado, se roba la esperanza.

El Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo y 18 meses de prisión preventiva para los acusados. Estas son medidas necesarias para asegurar el proceso, pero el resultado final es lo que dictará la verdadera fortaleza del sistema de justicia.

La sociedad dominicana demanda un antes y un después, donde la salud esté por encima de la avaricia y la justicia sea inquebrantable. Esperamos que este caso marque el fin de la “insalubridad” moral en la administración pública y que el país no siga siendo víctima del atosigamiento a causa del síndrome de la impunidad.

La administración presidencial de Luis Abinader Corona ha sido blanco de críticas por los casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos; además, de los señalamientos sobre dineros recibidos por la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que, según reseñas de prensa, fueron utilizados para financiar candidaturas.

Su lema principal fue precisamente “El cambio va”, con el que apeló a una transformación del sistema político, la lucha contra la corrupción y una administración pública más eficiente y transparente.

Parece que el cambio es de una transmisión mecánica, porque la palanca se dislocó y no ha podido cambiar la marcha por el camino que prometió transitar. A medida que avanzaba el tren administrativo, la transmisión se desvió hacia la ruta de la indelicadeza administrativa de algunos funcionarios, provocando el riesgo de descarrilamiento del gobierno.

De acuerdo con las informaciones reseñadas por los medios de comunicación, los mecánicos —los funcionarios— no han tenido la capacidad de reparar los daños que Abinader recibió al sentarse en el timón del vehículo que debía llevar al país por rumbos seguros. El vehículo anda por caminos equivocados, llenos de hoyos y baches fangosos, y algunos funcionarios se han quedado varados en el lodo.

Luis reparó la transmisión

Después de sincronizar los ejes y piñones de la transmisión, el tren al parecer, está logrando correr por la vía prometida. El presidente ha respondido con la deportación inmediata de individuos vinculados a carteles internacionales. Una medida que proyecta firmeza en el rumbo trazado, pero que también puede interpretarse como reacción más que prevención.

Abinader al cambiar los piñones dañados y lograr sincronizar la palanca del cambio, ha permitido que la justicia actúe contra miembros de su propio gobierno, rompiendo con la tradición de blindaje partidario. Sin embargo, esto expone la fragilidad de su equipo y la falta de filtros en la selección de quienes lo acompañan.

Los señalamientos sobre financiamiento irregular de campañas colocan al PRM en una encrucijada: sostener la narrativa del cambio mientras se enfrenta a prácticas que reproducen el viejo esquema clientelar. Cada caso de corrupción o narcotráfico que toca al gobierno erosiona la credibilidad presidencial y alimenta la narrativa de que el cambio fue más un eslogan que una transformación estructural.

Someter a sus funcionarios por indelicadez, es un acto de reacción, no de prevención. Es como apagar incendios sin revisar el cableado eléctrico que los provoca; como es el caso de SENSA que, está siendo sometido a la justicia a los supuestos culpables de desfalcar esa institución, encargada de administrar cobertura médica para miles de personas bajo el régimen subsidiado y contribuyente. Y es que, el cambio no puede depender solo de la voluntad presidencial; requiere de instituciones sólidas, partidos que se depuren y una ciudadanía vigilante.

A veces el rumbo se corrige al dar espacio a la introspección, aceptar cambios o pedir ayuda. Si el presidente no logra sincronizar la transmisión administrativa por la ruta prometida, el tren del cambio corre el riesgo de convertirse en un vagón descarrilado, arrastrando consigo la esperanza de una democracia más transparente. No se trata de tener el rumbo perfecto, sino de navegar con intención.

JPM

Caminar o transitar de noche por el Gran Santo Domingo equivale a navegar en penumbra por calles, avenidas, parques y sectores enteros donde las luminarias no funcionan, nunca se instalaron o quedaron abandonadas a la suerte del tiempo.

La capital de un país que como el nuestro aspira al desarrollo, no puede mantenerse bajo un modelo de alumbrado intermitente, disperso y, en muchos casos, inexistente.

La iluminación pública debería ser una de las funciones más básicas de cualquier administración, pues las deficiencias de ese servicio público tienen consecuencias múltiples y profundas.

La más inmediata es la sensación de inseguridad que experimentan los ciudadanos al desplazarse entre sombras, percepción que no es del todo subjetiva debido a que en zonas mal iluminadas se incrementan los puntos ciegos, disminuye la visibilidad y se facilita la acción de la delincuencia.

La oscuridad, históricamente, ha sido aliada del crimen y cuando la luz falla, también falla la protección que debería brindar el Estado.

La ausencia de luminarias en tramos críticos del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Oeste y Norte no solo aumenta el riesgo de accidentes, sino que convierte arterias viales en espacios de incertidumbre.

En avenidas emblemáticas como el Malecón, sectores densamente poblados y zonas residenciales de clase media es común encontrar postes con bombillas fundidas, lámparas rotas y sistemas que no reciben mantenimiento oportuno.

Estas deficiencias revelan un problema estructural que evidencia descoordinación entre ayuntamientos, distribuidoras eléctricas y el Ministerio de Energía y Minas.

Ninguna ciudad puede aspirar a modernizarse si cada institución opera con lógicas distintas y sin un plan integral.

Por su lado, el ciudadano no distingue entre responsabilidades administrativas y lo que percibe es que la luz no funciona, y nadie la arregla.

Es justo reconocer que se han anunciado planes de modernización del alumbrado público con tecnología LED y proyectos para mejorar la seguridad urbana a través de la iluminación.

Pero la realidad cotidiana sigue siendo tozuda ya que muchos barrios permanecen a oscuras, las luminarias instaladas no siempre son mantenidas, y las intervenciones parecen más reactivas que estratégicas, por lo que se puede decir que se avanza, pero no al ritmo que exige una ciudad de más de tres millones de habitantes.

La oscuridad es un síntoma, pero también un mensaje que expresa abandono, falta de mantenimiento, debilidades institucionales y una desconexión entre las necesidades reales de la población y las prioridades programadas.

El Gran Santo Domingo merece algo más que luces dispersas, merece claridad, seguridad y planificación, porque una ciudad que no se ilumina correctamente tampoco ilumina su futuro.