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OPINION: El reto migratorio en Puerto Rico
Por Iván Rivera (Analista político)
La semana ha comenzado con los reportajes noticiosos en cuanto a operativos de diferentes agencias federales en Puerto Rico forzando la nueva política federal de cumplimiento estricto de los estatus migratorios. Aquí en Puerto Rico, el tema tiene distintas particularidades y, desde la esfera político partidista, se discute desde el populismo en lugar de la razón. Los eventos del fin de semana y los que continuarán ocurriendo en los próximos meses, desbancarán al populismo y la politiquería impregnando una dosis de realidad a todos los puertorriqueños y a los hermanos inmigrantes residentes en la Isla.
Primero que todo, estemos claros en los siguientes presupuestos. Cada país tiene todo el derecho del mundo de regular la forma en que permite a nacionales de otros países y/o jurisdicciones el tránsito dentro del suyo. Así pues, en el momento en que se toma la decisión de transitar en otro país hay dos formas de hacerlo. Cumpliendo con los requisitos legales que impone ese en el que queremos transitar, ya sea por trabajo, estudio u otra condición; o sin cumplir con los mismos. En el segundo de los supuestos, siempre estará presente el riesgo de la detención y deportación. En Puerto Rico el asunto no es distinto, pero sí ostenta particularidades que nos obligan a reflexionar al respecto.
Las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de Puerto Rico con otras jurisdicciones de lo que llamamos Latinoamérica trascienden la denominada Guerra Hispanoamericana y el cambio de mando colonizador del 1898. El ejemplo siempre resaltante es el de la República Dominicana, tanto por hechos históricos, así como por el impacto económico y sociopolítico. Ambos fueron conquistas españolas a finales del Siglo XV. Desde entonces, siempre hubo un flujo pequeño, pero constante de personas en ambas direcciones. Incluyendo burócratas, soldados, clérigos, profesionales, estudiantes, artesanos y esclavos. El mismo se incrementó desde la Española hacia acá debido a disturbios políticos como la cesión española de la isla a Francia en el 1795, la Revolución Haitiana del 1804 y, más marcadamente, tras la ocupación haitiana de Santo Domingo la cual duró de 1822 a 1844. Posteriormente, se invirtió la dirección de la mayoría del flujo migratorio en el primer tercio del Siglo XX debido al rápido desarrollo de la industria azucarera dominicana, especialmente en el litoral oriental de la República.
Entre 1930 y 1960 fue muy poco el intercambio migratorio entre ambos países. Con ese trasfondo histórico y el ciclo de incremento migratorio desde la República Dominicana a Puerto Rico a partir de los años 60, junto con las relaciones interpersonales, incluyendo matrimonios entre puertorriqueños y dominicanos, tenemos como realidad una fuerte interacción social y económica. Todos tenemos alguna relación con algún hermano dominicano. Según el Instituto de Estadísticas en un estudio publicado en 2022 sobre las características sociodemográficas y contrastes entre la población dominicana y puertorriqueña, la población de minoría con mayor presencia entre los habitantes de Puerto Rico es la dominicana, con 59%, seguido de la cubana (13%).
La realidad antes mencionada ha llevado a los políticos a culipandear a la hora de hablar de las nuevas directrices del gobierno federal y la implementación de sus políticas migratorias. Las mismas no deben ser sorpresa para nadie. Fueron tema y promesas de campaña claras y diáfanas. Una contundente mayoría de los votantes estadounidenses las respaldó en las urnas. No obstante, los políticos locales han tratado de administrarles dosis de paliativos a los afectados y a la sociedad en general conscientes de esa fuerte relación socioeconómica y cultural. La gobernadora Jenniffer González, tras una aparente mala asesoría al respecto, hace una semana indicó que con esas directrices no debería haber preocupación en la Isla, porque no estamos hablando de México ni de Texas.
En reacción a las primeras detenciones y comunicado de prensa sobre las mismas en Puerto Rico, desde La Fortaleza se incluyó en la reacción al asunto con ofrecimientos de ayuda a los implicados con visas de trabajo. Lo que es legalmente imposible. Cualquier persona que esté un año o más de manera ilegal en Estados Unidos, y es removida, le será denegada toda solicitud de residencia o visado dentro de los diez años próximos, según establecen las Secciones 212 (a) (9) (B) hasta la (C) de la Ley de Inmigración federal. Desde la oposición surgen los inmorales que politiquean con el dolor de las decenas de familias afectadas, reclamándoles por haber votado por el PNP, como osó manifestar el derrotado candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal. Así como algunos populares reclamándoles a la gobernadora y al alcalde de San Juan, Miguel Romero, que hagan algo, como si fuese posible dentro de una colonia como esta.