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OPINION: ¿ ARS versus Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) ?
Se señala que las ARS privadas en 12 años obtuvieron 51,200.2 millones de pesos, por gastos operacionales y beneficios netos, pero se silencia que las PSS privadas cada año cobran una cantidad mayor por copagos ilegales
Las administradoras de riesgos de salud (ARS) exhiben ganancias “exorbitantes e irritantes, llegando a niveles de obscenidad”, de acuerdo a la Fundación Juan Bosch, en su nuevo libro “Del negocio seguro a la Seguridad Social”. Obtuvieron 51,200.2 millones sin ser hospitales o prestadores de servicios de salud, sino fundamentalmente empresas intermediarias entre médicos y pacientes”.
El informe califica a las ARS como “como mecanismos de expropiación, de parte de los ingresos de los trabajadores”. Si 51,200.2 millones constituyen una expropiación exorbitante, ¿cómo calificarían los 60,000 millones que cada año las PSS les quitan a los pacientes por copagos ilegales?
Entonces, ¿cuál es el sector que más ha mercantilizado la medicina a costa de los afiliados? ¿Las ARS o las PSS (Prestadoras de Servicios de Salud) ? ¿Por qué se ocultan estas informaciones? ¿Por qué no se les dice toda la verdad a la población y a la opinión pública? ¿A quién beneficia este enfoque tan unilateral y alejado de la realidad objetiva?
¿Cómo es posible que se proponga “desmercantilizar” la seguridad social, defendiendo al sector que más daño y abusos comete contra la población al imponer copagos multimillonarios, tan ilegales que se niegan a entregar una factura o recibo para no tener que pagar impuesto?
La Fundación Juan Bosch señala que los pagos directos de los hogares (gasto de bolsillo) ascendieron a 99,192.3 millones, donde los copagos constituyen su mayor componente. ¿Cómo se puede hablar de este problema, sin señalar responsablemente a los ejecutores de ese abuso mayúsculo contra una población indefensa?
Mientras los ingresos de las ARS están limitados por la cápita, las PSS no tienen ningún límite. Mientras las ARS tienen que rendir cuenta y están supervisadas por la SISALRIL, las PSS no le rinden cuenta a nadie de sus ingresos y gastos, ni mucho menos de los copagos. Una reciente encuesta de la Gallop revela que las ARS privadas cuentan con un 90.7% de pacientes satisfechos.
La administración del riesgo es una necesidad, no una simple intermediación
En el sector salud, las PSS (Prestadoras de Servicios de Salud) ejercen un monopolio, ya que no sólo determinan la cantidad de servicios que necesita el paciente, sino además su precio de acuerdo a sus intereses privados, poniendo en riesgo el equilibrio del SFS. Sin la administración de este riesgo, las PSS tendrían el camino libre para mercantilizar aún más la medicina privada.
Hasta los chinos de Bonao saben que existe una asimetría en la relación médico paciente, y que esa gran desventaja requiere de contrapeso a los administradores del riesgo. De la misma forma en que la ley exige que todo acusado sea defendido por un abogado que conozca el oficio, los afiliados necesitan una ARS que negocie por ellos con las PSS. No se trata, pues, de una simple intermediación.
Si las PSS tienen la capacidad de determinar la cantidad de servicios y el precio de los mismos, ¿quién va a ponerle un límite a este ánimo de lucro? ¿Quién va a negociar las tarifas y los precios de los servicios de las PSS? ¿Qué entidad va a servir de contrapeso en esta carrera lucrativa? ¿Quién va a velar por el equilibrio financiero del SFS para garantizar la prestación de los servicios cuando la población los requiera?
Sin una adecuada administración del riesgo, el cuidado de la salud dejaría de ser un derecho real, y retrocederíamos a los tiempos superados donde la atención médica era una dádiva discrecional, una demanda incierta, siempre sujeta a la disponibilidad, sin ninguna garantía de una atención integral, de calidad, oportuna e incondicional.
Para la población llana, de a pie, los abusos son abusos. No hay abusos buenos y abusos malos. Todos tienen en común el anteponer el interés privado al social y merecen la misma condena. Las ARS que no cumplen con su función, que se les apliquen las sanciones previstas por la Ley 87-01.
La Fundación propone un “debate honesto” pero no formula ninguna propuesta concreta. Para informar y orientar correctamente a la población debemos identificar a todos los responsables de los abusos, de la desigualdad social y de la marginalidad, sin excepción. Al menos eso fue lo que aprendí del profesor Juan Bosch en 1961 cuando fui su alumno en el curso de ciencias políticas en San José, Costa Rica.
JPM/of-am
