Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Poder Ejecutivo realiza cambios en el tren gubernamental
Ocupan más 6,000 medidores en operativos fraude eléctrico
UE suspende ayuda a Ucrania por 20.000 millones de euros
Trump ordena suspender la ayuda militar de los EEUU a Ucrania
52% en EEUU desaprueba gestión de Trump y un 48% la respalda
68.2% aprueba en RD gestión de Abinader, según una encuesta
NY: A 45 años condenan dueña guardería donde murió bebé
Dólar subió tres centavos y este martes era vendido a RD$62.54
Abinader deroga decreto creó cobro a plataformas digitales
Abinader responde a Leonel: le invita a visitar ciudad Santiago
Mitigar el riesgo político y preservar el sistema democrático
El riesgo político en América Latina durante el año 2024 se perfila como un desafío complejo e intenso. Enmarcado en un contexto internacional caracterizado por incertidumbre y volatilidad geopolítica y económica, la región enfrentará varios riesgos significativos. El impacto de la guerra de Rusia en Ucrania, la de Israel en la Franja de Gaza, las tensiones Estados Unidos/China/Taiwán y el cambio que provocarán la celebración de elecciones en las naciones más poderosas del mundo, así como la permanencia de los impactos del COVID-19 podrían afectar el sistema democrático a nivel mundial.
El estado de derecho es la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglas a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En el caso del derecho al voto es un derecho sagrado de cada persona de ejercerlo libremente y los partidos políticos y el estado debe garantizarlo. En las elecciones pasadas se observaron violaciones a esos derechos y pudo poner en riesgo el sistema democrático.
Los partidos políticos lo definen la ley 33-18 en su artículo 3, acápite 1 como asociaciones dotadas de personería jurídica propia e integradas por ciudadanos con propósitos y funciones de interés público que, de manera voluntaria y de conformidad con la constitución y las leyes se organizan con el fin primordial de contribuir al fortalecimiento del régimen democrático constitucional, acceder a cargos de elección popular e influir legítimamente en la dirección del Estado en sus diferentes instancias, expresando la voluntad ciudadana, para servir al interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad. El objetivo principal es alcanzar el poder.
Dentro de un conjunto de principios que proclaman para su formación los partidos políticos, están los objetivos generales a alcanzar y su programa de gobierno. Uno de los objetivos es educar, organizar y defender los derechos de las personas, velando por el cumplimiento de la constitución y las leyes; elegir sus autoridades y participar en las elecciones que se celebran en el país.
La Constitución de la República del 2010 define el estado derecho de los ciudadanos, la ley de partidos políticos 33-18 regula la creación, funcionamiento y participación de los políticos así como su accionar en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales en virtud de la ley electoral y ellos representan los candidatos por lo cual elegirá el pueblo, pues ellos son los garantes del sistema democrático y a medida que los ciudadanos son impedidos para ejercer su derecho al voto con libertad, se está poniendo el riesgo el sistema político,
Siendo los partidos políticos garante de derechos, los representantes de la sociedad y del sistema democrático siempre estarán presentes en la vigilancia de la gobernanza y equilibrio de la democracia independientemente que no encabece la presidencia de la República, pues existen más poderes como la Cámara de diputados, la Cámara de senadores, los ayuntamientos y el poder judicial.
Es así como su existencia y participación como fuente de poder político están llamados a evitar los riesgos políticos que se podrían asomar y atentaría contra el sistema democrático legalmente constituido y deben ser parte del apoyo que se necesita para ayudar a una gobernanza inclusiva, legítima y que las autoridades sean elegidas con el mayor respaldo posible de los ciudadanos. El hecho de que un candidato alcance la mayoría de los votos de entre una minoría de sufragios, su elección es legal pero no es legítima.
El Informe de Riesgo político en América Latina y el Caribe 2024 explora cómo ha contribuido a identificar los riesgos en la región y cuál será la situación en el año 2024. Este año, los resultados desdibujan un contexto poco prometedor en el cambio o permanencia de 80 gobernantes en el mundo donde prevalece la desafección democrática con la alta abstención electoral, el crimen organizado, la corrupción y la gobernabilidad bajo presión y el temor de que surjan regímenes autoritarios que, en vez de aumentar el índice de democracia, lo disminuyan.
El escenario está acompañado de una baja en el crecimiento de la economía, informalidad en el empleo, altos precios de los alimentos y acompañado con una alta deuda social para disminuir la pobreza y posibilidades de desarrollarse en un mundo castigado por el cambio climático y el uso excesivo de los recursos naturales. Sumado todo esto a la amenaza de que los países sean gobernados por políticos de ideas extremas tanto de izquierda como de derecha.
La desafección electoral (bajo interés de los ciudadanos en ir a votar), la desconfianza en los políticos; el aumento de la percepción de corrupción y la impunidad de un 62% en 2023 según barómetro de Las Américas, la participación del crimen organizado en más del 50% de las muertes en el mundo, la debilidad del estado y la justicia; la aceptación del 54% de la población de la región de Latinoamérica que aceptaría un estado autoritario (autoritarismo) son muestras de que el riesgo político es alto y está poniendo en jaque nuestra democracia.
of-am