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La titulación de tierras
Una de las iniciativas de mayor impacto social y económico que el presidente Danilo Medina procuraba implementar durante su administración, era la titulación definitiva de predios rurales y urbanos que usufructúan miles de dominicanos desde hace años.
El jefe del Estado concedió a esa intención una importancia significativa al asumir el Gobierno, designando para tales fines una comisión de abogados y otros profesionales para llevar a cabo el gran cometido.
El Presidente Medina sabe como economista que un predio cuyo ocupante posee el título de propiedad, tiene un valor de mercado al ser un bien utilizable como garantía prendaria para acceder a un financiamiento bancario.
Y sabe también que ocurre exactamente lo contrario cuando se carece de la titularidad del bien: vale absolutamente nada en el mercado.
Por tales razones se propuso darle ese valor a parcelas agrícolas y solares urbanas en poder de personas que los utilizan pero sin poder sacarles el provecho económico que deberían tener. Sin embargo, ¿dónde radica el choque entre las buenas intenciones del Presidente y la realidad?
El problema fundamental es que durante décadas el Estado implementó una política de declarar de utilidad pública terrenos ajenos con fines de repartir parcelas en la reforma agraria, cuyos beneficiarios solo recibieron un “título provisional”, en la práctica un simple pedazo de papel, que consigna que el beneficiario “está pero no está”.
Al pasar los años, los parceleros tienen la tierra y trabajan en ella, o los habitantes en barrios de las ciudades viven en los edificios construidos por el Estado, pero los dueños de terrenos conservan los títulos de propiedad.
Y como el Estado no les ha pagado un centavo, éstos propietarios no entregan sus títulos, creando así el mayor obstáculo para que se pueda avanzar hacia el deslinde de los terrenos y ser titulados de manera definitiva.
Es aquí donde la comisión de titulación se ha encontrado con la dificultad que impide que el Presidente Medina o cualquier otro mandatario que se lo proponga puedan cumplir un anhelo de los beneficiarios de repartos de tierras. ¿Es imposible resolver ese problema? No lo es.
En el Ministerio de Hacienda están registradas las deudas—por miles de millones de pesos—que el Estado tiene con los dueños de las tierras declaradas de “utilidad pública”, una modalidad de expropiación disfrazada hasta tanto los propietarios reciban sus pagos.
Muchas de esas deudas tienen sentencias definitivas de la Suprema Corte de Justicia dando ganancia de causa a propietarios reclamantes, pero eso tampoco resuelve el problema.
En conclusión: la única vía que el Gobierno tiene para salir de ese cuello de botella–legal, social y económico-, es mediante una emisión de bonos de deuda soberana destinados exclusivamente al pago de las expropiaciones, y de esa forma conseguir que los dueños legítimos entreguen los títulos y proceder a deslindarlos.
Esa clase de endeudamiento interno tiene sobradas justificaciones, pues contribuye a generar un círculo virtuoso de generación de riqueza que aprovecha al Estado por vía de la captación de ingresos fiscales.
Si alguien lo duda, ahí está Hernando de Soto para probarle lo contrario en “El misterio del capital”.
