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La renegociación de Aerodom
POR LUIS M. GUZMAN
La renegociación del contrato entre el gobierno dominicano y Aerodom representó, en su momento, una estrategia ambiciosa para financiar obras de infraestructura críticas mediante la extensión de concesiones hasta el 2060.
Este acuerdo, que prometía liberar 775 millones de dólares, fue presentado por el presidente Luis Abinader como un avance significativo en la gestión de recursos públicos para atender necesidades prioritarias en movilidad urbana, desarrollo comunitario y modernización portuaria. Sin embargo 1 año y 19 días después, las críticas en torno al uso de estos fondos han generado una intensa discusión política y social.
La propuesta inicial detallaba una lista de obras que pretendían solucionar problemas históricos de infraestructura en el país. Entre estas se incluían la conexión de la avenida Pintura con la autopista 6 de Noviembre (148 millones), los pasos a desnivel en la avenida República de Colombia y su intersección con Los Próceres y Jacobo Majluta (108 millones), y dos puentes en Santo Domingo, uno para sustituir el flotante sobre el río Ozama y otro paralelo al Jacinto Peynado.
Además, se prometieron asfaltados (350 millones), en las comunidades de La Caleta y Boca Chica, y la construcción o mejora de muelles en distintos puntos del país. No obstante, críticas recientes señalan que algunas obras están retrasadas o no han avanzado, a pesar de que se han desembolsado fondos significativos, estimados en más del 70% del total.
Un manejo presupuestario cuestionado
Según la Dirección General de Presupuesto, se han gastado 33,746.5 millones de pesos, equivalentes a 562 millones de dólares de los 775 comprometidos. Sin embargo, las críticas del expresidente Leonel Fernández y la falta de avances visibles en muchas de las obras proyectadas plantean serias dudas sobre la gestión de estos fondos. Fernández ha señalado que una parte significativa de estos recursos habría sido transferida a empresas públicas sin explicaciones claras, lo que refuerza la percepción de que el dinero pudo haberse desviado hacia otros fines, como la campaña electoral del partido oficialista.
Distribución
Según el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), los montos devengados se distribuyeron de la siguiente manera:
– Administración de activos y transferencias presidenciales (52.4%): Esta partida incluye gastos generales administrados directamente por la Presidencia de la República.
– Mantenimiento, seguridad y asistencia vial (26.2%): Incluye proyectos en lugares como San Cristóbal, San Pedro de Macorís, y el Gran Santo Domingo, enfocados en mejorar la infraestructura vial.
– Infraestructura física de carreteras (9.3%): Proyectos destacados como las carreteras Comendador-Guaroa y Rancho Arriba-Sabana Larga.
– Construcción de avenidas y pasos a desnivel (6.5%): Incluye la avenida del Nuevo Camino y un paso soterrado en la intersección de las avenidas Luperón y 27 de Febrero.
– Puentes y caminos vecinales (2.7%): Proyectos como el puente sobre el río Camú y otros desarrollos de acceso en áreas rurales.
– Edificaciones y otras construcciones (0.8%): Incluye trabajos como la remodelación de oficinas públicas y construcción de parqueos.
– Gastos corrientes (3.83%): Parte de estos fondos se destinó a servicios administrativos como la emisión de pasaportes y transferencias específicas a sectores como agricultura.
Contradicción
A pesar del gasto declarado, la realidad en el terreno parece contradecir las cifras oficiales. Sólo con relación a las obras que desarrollaría en Ministerio de Obras Públicas, aun las calles de La Caleta y Boca Chica permanecen llenas de baches, mientras que las obras de mayor envergadura, como los pasos a desnivel y los puentes, no muestran avances sustanciales.
Hay destacar que MOP solo ha recibido el 19% de su partida equivalente a 7,182 millones de los fondos asignados y es la única institución del estado que se ha tomado la molestia de explicar en qué etapa va su inversión en infraestructuras y carreteras. Cabe preguntar dónde están las demás instituciones como Agricultura que recibieron el 60% equivalente a 300 millones de 500 que le tocan.
Transparencia y rendición de cuentas
La transferencia de fondos a empresas públicas sin un desglose claro del destino de los recursos es un aspecto crítico. La falta de transparencia no solo alimenta las sospechas de corrupción, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Este caso subraya la necesidad de auditorías independientes que permitan verificar el uso de los fondos y aseguren que estos se están destinando a los proyectos previstos.
La denuncia de Leonel Fernández tiene implicaciones políticas significativas, especialmente en un contexto preelectoral. Como líder de la oposición, Fernández ha utilizado este tema para criticar la gestión del gobierno de Luis Abinader, destacando la aparente desconexión entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos. Este discurso podría ganar tracción si el gobierno no presenta evidencias concretas de avances en las obras prometidas.
El gobierno, por su parte, enfrenta el desafío de revertir la narrativa crítica con acciones concretas. Para ello, necesita demostrar de manera tangible el progreso en las obras y publicar informes detallados que respalden el uso de los fondos. La participación de las comunidades afectadas por estas obras puede ser clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Incluir a los ciudadanos en los procesos de supervisión y evaluación de los proyectos contribuiría a fortalecer la legitimidad de las acciones gubernamentales y reduciría la percepción de opacidad.
El manejo de este caso tendrá implicaciones más allá del actual periodo de gobierno. La percepción de incumplimiento o mala gestión podría dificultar futuros acuerdos de concesión y desalentar la inversión extranjera en proyectos de infraestructura. Este caso pone de manifiesto la importancia de una planificación rigurosa, la transparencia en la gestión de recursos y la rendición de cuentas en la ejecución de obras públicas. Aprender de estos desafíos es esencial para evitar errores similares en el futuro y garantizar que las inversiones en infraestructura realmente beneficien a la ciudadanía.
La renegociación con Aerodom fue una oportunidad única para financiar obras esenciales para el desarrollo del país. Sin embargo, la falta de avances visibles y las dudas sobre el uso de los fondos han generado un debate que trasciende lo técnico para convertirse en un tema político y social.
El gobierno tiene la responsabilidad de responder con hechos concretos y rendir cuentas a la ciudadanía, no solo para cumplir con sus compromisos, sino también para preservar la confianza en las instituciones públicas.
jpm-am
En el pais no existen personas con capacidad para manejar los aeropuertos, desde el principio estaba clara la corrupción detrás de esa renegociación