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Cuando los organismos internacionales -FMI, BID, BM, CEPAL, Transparencia Internacional, etcétera- enfocan y analizan el fenómeno corrupción todos parten de una premisa histórica: el flagelo es estructural, sistémico y global. De modo, que no hay realidad geográfica-cultural en donde, de alguna forma, el fenómeno no se exprese de una u otra forma.
Por supuesto, tal premisa no es una excusa o un consuelo para ningún país o gobierno justificarse y no emprender ninguna acción contra la corrupción y sus actores que van desde los mismos gobiernos, políticos, empresarios, sistema judicial, ejecutivos, banqueros, burócratas-técnicos; y otros poderes fácticos. Lógicamente, hay que diferenciar los niveles y tolerancia hacia la corrupción en sociedades altamente desarrolladas y aquellas en vía de desarrollo.
Recuerdo que en el 2018-Perú, el tema central de esa Cumbre de las Américas fue “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, y se partió de un enfoque novedoso: Corrupción pública-privada, precisamente porque no hay corrupción pública, al menos a gran escala, sin la participación del sector privado nacional o internacional -por ejemplo, Odebrecht-, pues en cada acto de corrupción intervienen actores estatales públicos y privados; y desde variadas instancias, sin excluir la esfera castrense, policial y judicial.
Sin embargo, en Latinoamérica la clase política -con razón o sin ella- ha cargado con toda la responsabilidad y estigmatización publica del flagelo, pues solo ser político es sinónimo de “ladrón” y cada cierto tiempo surgen gobiernos que toman, como eje central de sus acciones, la lucha contra la corrupción casi siempre obviando o disociándola de la privada; o cuando no, a modo de selectividad política que, al final, termina en un círculo vicioso que en nada, a largo plazo, beneficia a ninguna sociedad, pues una vez el gobierno de turno abandona el poder, el que llega -y peor, si es el que estaba anterior- inicia el ciclo de ajusta cuentas y caemos en una noria nociva. Y es por una razón básica: porque la lucha frente al flagelo de la corrupción pública-privada debe pasar por un acuerdo, así sea mínimo, de todos los actores que participan de ellas (partidos, empresariados, ejecutivos, burócratas, banqueros, justicia, etc.); de lo contrario, tendremos luchas cíclicas, y sin compromiso sistemático-institucional, contra el fenómeno.
Por ello, a mi entender, la lucha contra la corrupción, en los países en vía de desarrollo, debería operar como una Comisión de la Verdad -al menos en su etapa inicial- que examine todos los crímenes de corrupción pública-privada -sin banderías políticas- contra los bienes públicos. Pero, además, crear un currículo educativo en procura de la formación de un nuevo ciudadano que repele y rechace tales prácticas.
Otra arista del problema es su enfoque y divulgación en los medios -sobre todo, cuando de la instrumentalización judicial se pasa a la acusación y enjuiciamiento-. Ahí, los medios y los actores judiciales tienen que ser sumamente cuidadoso para evitar que la condena mediática -o percepción pública inducida- no se lleve el principio de presunción de inocencia y garantía al debido proceso.
JPM
Es asqueante, oir al encubridor del robo más grande que se le ha hecho al pueblo dominicano en ocho años. Decir que no le avergüenza ser del PLD.
Peor ese Partido que tiene como presidente a un sociopata, descarado de tal magnitud.
Un sujeto que a las cortas o a las largas tendrá que responder ante la justicia por crimen de asociación de malhechores si en verdad existe justicia en RD.