La estafa de Barrick Gold
El yacimiento de oro es nuestro, pero Barrick Gold posee el cien por ciento de las acciones de la empresa bautizada engañosamente como “Pueblo Viejo Dominicana”. El Estado es el propietario de la mina, pero no es condueño de la compañía. Primera estafa.
Barrick heredó el mineral, pero no asumió los enormes daños ambientales anteriores, que fueron traspasado al Estado, quien dócilmente lo aceptó.
El contrato-estafa original fue aprobado al vapor en el Congreso por órdenes de Leonel Fernández. Los legisladores ni lo leyeron. Dos estafas consentidas.
Pero vamos con el contrato-estafa modificado por Danilo Medina-PLD: las enmiendas mejoraron los ingresos gubernamentales, pero se amplió y agravó la estafa ambiental hasta niveles perversos.
Abinader también asumió la estafa.
El valor de los terrenos que ocupa la empresa después de desalojar forzosamente a sus pobladores, las viviendas destruidas y las compensaciones a las comunidades desalojadas quedan a cargo del Estado. Igual los nuevos daños ambientales.
La minera opera como agente de retención y se lo descuenta al Estado de los impuestos establecidos. (Ver con atención el acápite 7.2 de la enmienda).
A la Barrick se le concede la prerrogativa de consumir gratuitamente toda el agua que necesite del embalse de Hatillo, hasta niveles inferiores a la sedimentación. De ahí en adelante el INDRHI está obligado a suministrársela de otras fuentes cercanas.
Todos los gastos de bombeo quedan a cargo del Estado y la Barrick no paga el agua: la tiene que pagar el Estado.
Similar tratamiento tiene el 5% asignado a las Alcaldía: lo paga el Estado.
Muchos de los gastos son referidos al “fondo gubernamental de remediación ambiental”. La minera lo descuenta de los volúmenes de los ingresos estatales establecidos en el contrato estafa. (Leer con atención el acápite 7.8).
Sucesivas estafas, servilmente consentidas, caracterizan las referidas enmiendas. Entre ellas la relacionada con la presa de cola húmeda del Llagal y con la que ahora quieren imponer con similares características.
Al cierre de la mina, la costosa administración de esas presas, y cualquier desastre posterior, lo pagaría el país. El acápite 9.3 es brutal: el oro es de Barrick, las lagunas de veneno (prohibidas en muchas partes del mundo), es la herencia eterna impuesta al Estado, pese a que hay otras opciones.
Después del reciente desalojo forzado, involuntario y violento de las comunidades, Barrick pretende una negociación en la que se acepte su presa de cola húmeda y el gobierno asuma compensaciones y riesgos.
Eso es minería neocolonial inaceptable. El problema no es solo compensar las familias desalojadas, sino también –y fundamentalmente- rechazar el contrato-estafa con la Barrick y su presa de cola, reformar el contrato y la ley minera imperialistas. ¡
jpm-am