La Cámara de Cuentas: institución en crisis

POR LUIS M. GUZMAN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana atraviesa una crisis que ya no puede definirse únicamente por sus conflictos internos o por su baja productividad. Lo que hoy está en discusión es algo más profundo, su capacidad moral, técnica e institucional para seguir siendo vista como un verdadero órgano de control del uso de los recursos públicos.

La erosión de la credibilidad en la Cámara de Cuentas

Durante años, la institución ha acumulado escándalos, enfrentamientos internos, cuestionamientos sobre su rendimiento y dudas sobre la calidad de su trabajo. En lugar de proyectar rigor, independencia y autoridad técnica, ha transmitido una imagen de división, bloqueo y desconexión con las exigencias del país.

Esa percepción no surge por casualidad ni por una campaña externa, sino por una secuencia de hechos que han ido debilitando su credibilidad ante la opinión pública y ante los propios sectores que esperan de ella vigilancia seria y resultados concretos.

La baja productividad ha sido una de las expresiones más visibles de esa crisis. Una Cámara de Cuentas que no audita con la intensidad, la rapidez y la profundidad que demanda el país pierde capacidad de prevenir irregularidades, de corregir desviaciones y de servir como freno institucional frente al abuso del poder.

Su existencia no se justifica por el simple hecho de estar contemplada en la estructura del Estado, sino por la eficacia con la que cumple su misión. Cuando esa eficacia se diluye, también se erosiona su legitimidad.

A eso se suma una ruptura de confianza dentro de la propia institución. Las tensiones entre sus miembros, los desacuerdos sobre auditorías previas y la falta de cohesión en la toma de decisiones han dejado ver un organismo internamente fracturado. Y una entidad de control fracturada hacia adentro difícilmente puede proyectar solidez hacia afuera. Si quienes deben certificar la transparencia del gasto público no logran sostener reglas de confianza y consistencia entre ellos, entonces la señal que recibe la sociedad es devastadora.

También hay un evidente problema de gobernabilidad. La Cámara de Cuentas ha dado la impresión de funcionar más como un espacio de choques, vetos y bloqueos que como una institución guiada por prioridades claras, liderazgo eficaz y visión estratégica.

En un órgano de esa naturaleza, la falta de dirección no es un defecto menor, retrasa auditorías, desordena procesos, afecta la moral interna y termina relegando la misión constitucional a un segundo plano. Una institución sin norte administrativo difícilmente puede ser ejemplo de control y disciplina para el resto del Estado.

Cuando el órgano de control pierde el control de sí mismo

En medio de ese deterioro, la controversia por la Resolución ADM-2026-017 agravó aún más la crisis. La decisión del pleno de aprobar beneficios que fueron interpretados públicamente como un incremento de hasta un 50 % para sus integrantes provocó un fuerte rechazo social y político. Aunque la medida fue luego revocada y comunicada al Senado el 9 de abril de 2026, después de la controversia pública generada por el reajuste.

La marcha atrás evita que la medida se consolidara, pero no borra el hecho político esencial. La resolución existió, fue aprobada y solo fue retirada cuando el costo público se volvió demasiado alto. La propia Cámara de Cuentas sostuvo que hubo una interpretación pública incorrecta sobre el alcance del ajuste, pero aun así decidió dejar sin efecto la disposición atendiendo a la situación económica y a la política nacional de austeridad. Esa secuencia no cierra la crisis, la redefine. Lo que queda expuesto no es solo un error puntual, sino una preocupante debilidad de juicio institucional.

Porque el verdadero problema ya no radica únicamente en el aumento o en su revocación, sino en lo que todo el episodio revela. Una institución cuestionada por su rendimiento, observada por su ineficiencia y golpeada por conflictos internos no debió colocarse jamás en una situación que pudiera ser leída como un privilegio en medio del descrédito.

Y menos aún en un contexto en que desde el poder se ha insistido en la necesidad de austeridad, prudencia fiscal y contención del gasto. Aprobar primero y rectificar después transmite improvisación, desconexión y escasa sensibilidad frente al momento que vive el país.

Aquí entra con fuerza el principio de proporcionalidad. En el Estado, la remuneración y los beneficios de los altos funcionarios deben guardar relación con la trascendencia de sus responsabilidades, pero también con la calidad, eficacia y legitimidad con que esas responsabilidades son ejercidas.

No se trata de negar una compensación justa, sino de recordar que el salario público no puede divorciarse del desempeño público. Cuando una institución ofrece pocos resultados, genera baja confianza y arrastra señales de deterioro, cualquier mejora de beneficios queda sometida a un escrutinio mucho más severo.

Por eso la discusión de fondo no debería agotarse en si hubo o no hubo aumento en términos definitivos. La cuestión más seria es quién decide, bajo qué criterios, con qué controles y con qué sentido de oportunidad. Un órgano como la Cámara de Cuentas no debería depender exclusivamente de la voluntad de sus propios miembros para definir mejoras de compensación o beneficios en medio de una crisis tan evidente.

Ese tipo de decisiones debería estar sujeto a criterios externos, reglas públicas, métricas verificables y controles independientes que impidan que la institución se convierta en juez y parte de sus propios privilegios.

Los nuevos integrantes que sean escogidos para conformar el órgano deberán entender que ya no basta con ocupar una silla en el pleno. Llegan a una institución herida, bajo sospecha y necesitada de reconstrucción profunda. Se esperaría de ellos sobriedad, sentido de misión, prudencia institucional, independencia frente a intereses políticos y una clara disposición a colocar la productividad, la transparencia y la recuperación de la confianza por encima de cualquier interés personal. Si llegan con la lógica de administrar cuotas, blindar privilegios o repetir viejas prácticas, la crisis simplemente cambiará de rostro sin cambiar de fondo.

En última instancia, la Cámara de Cuentas necesita mucho más que una revocación y mucho más que nuevos nombres. Necesita una nueva cultura institucional, una ética de servicio que devuelva prioridad a la misión constitucional y una estructura de incentivos donde el rendimiento, la autoridad moral y el ejemplo pesen más que el cargo mismo.

La rectificación del pleno evitó un daño mayor, pero no repara por sí sola la fractura de confianza. El país no necesita una Cámara de Cuentas que reaccione cuando estalla el escándalo; necesita una Cámara de Cuentas que tenga la lucidez institucional de no provocarlo.

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