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Injusticia y privilegio en CORAAVEGA
POR JUAN CRUZ
“Ni injusticias, ni privilegios” es una frase que debería guiar la gestión pública, pero en La Vega, se ha convertido en una amarga ironía. Los ejecutivos de CORAAVEGA, bajo el lema reformista, han excluido a los profesionales locales de un proceso de licitación clave para la provincia.
La reconstrucción del Acueducto de Jarabacoa, con una inversión de más de RD$7,200 millones, debería ser una oportunidad para fortalecer la economía local. Sin embargo, las condiciones impuestas solo favorecen a unos pocos privilegiados, dejando fuera a ingenieros, arquitectos y agrimensores veganos.
El pliego de condiciones exige requisitos inalcanzables para la mayoría de los profesionales locales. Se demanda, por ejemplo, una línea de crédito bancaria equivalente al 5% del presupuesto del proyecto, algo que solo grandes empresas pueden cumplir.
Además, se requiere una línea de crédito de RD$300 millones para suplidores de tuberías y equipos. Este requisito, desproporcionado y excluyente, cierra las puertas a las empresas de la provincia, que no tienen acceso a semejantes recursos financieros.
Exigencia
Se suma a esto la exigencia de un capital de trabajo mínimo de RD$75 millones, basado en los estados financieros de 2023. Estos montos están fuera del alcance de la mayoría de los profesionales locales, quienes quedan automáticamente marginados del proceso.
Esta exclusión no solo afecta a los profesionales, sino también a la economía de La Vega. Ferreterías, bancos, tiendas y pequeños negocios perderán la oportunidad de beneficiarse de una inversión que debería dinamizar el comercio local.
Es inaceptable que los recursos de CORAAVEGA, financiados con el esfuerzo de los veganos, no se reinviertan en la provincia. Se están utilizando para beneficiar a unos pocos, mientras que los profesionales locales son ignorados y relegados.
Todo indica que esta licitación está diseñada a la medida de intereses particulares. Los nombres de los beneficiarios parecen estar decididos de antemano, perpetuando un sistema de privilegios que solo enriquece a unos pocos.
Las autoridades deben revisar este proceso y garantizar condiciones justas para todos los participantes. La inversión pública debe ser una herramienta para el desarrollo local, no un instrumento de exclusión y corrupción.
La Vega merece justicia y equidad. Es hora de poner fin a estas prácticas que solo benefician a unos pocos, y devolver a la provincia lo que legítimamente le pertenece: oportunidades para su gente y crecimiento para su economía.
jpm-am