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Festín de precios y el costo político del descontrol
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POR CARLOS FERNANDEZ
Mientras las cifras oficiales del Banco Central insisten en proyectar una inflación bajo control, la realidad cotidiana del dominicano desmiente ese relato con una contundencia imposible de ignorar. Basta entrar a un colmado o recorrer los pasillos de un supermercado para confirmar que el supuesto alivio macroeconómico no se traduce en bienestar real para la gente.
Para el ciudadano común, la estabilidad es más un discurso que una experiencia tangible. Lo que hoy se vive en el mercado no responde únicamente a factores internacionales; hay un fenómeno interno mucho más preocupante: una distorsión generalizada en la fijación de precios. En ausencia de una supervisión efectiva y de sanciones ejemplares, el costo de la canasta básica parece depender más del criterio individual del comerciante que de una lógica económica transparente.
La situación es evidente en los barrios, donde la queja ya no es aislada, sino colectiva. Un mismo producto puede variar significativamente de precio en cuestión de metros, sin justificación aparente. Esta disparidad revela un mercado desordenado, donde la falta de control ha permitido prácticas especulativas que terminan castigando directamente al consumidor.
Productos esenciales como el arroz, las habichuelas, café y el aceite, pilares de la alimentación dominicana, registran aumentos constantes sin una explicación clara. No se trata solo de inflación, sino de una percepción creciente de abuso. Para muchas familias, la decisión diaria se ha reducido a una disyuntiva dolorosa: pagar precios cada vez más altos o prescindir de alimentos básicos.
Las consecuencias sociales de este descontrol ya son visibles, la calidad de la alimentación se ha deteriorado, con hogares que sustituyen proteínas por opciones más económicas, reducen porciones o incluso eliminan comidas. Paralelamente, el crédito informal el tradicional “fiao” se ha convertido en un salvavidas cada vez más precario, atrapando a miles de familias en un ciclo de endeudamiento difícil de romper.
Frente a este panorama, la respuesta institucional resulta insuficiente, mientras que, la ciudadanía percibe una brecha entre el discurso oficial y la realidad que enfrenta a diario. Ya no bastan los operativos esporádicos ni las declaraciones tranquilizadoras; se requiere una intervención firme, sostenida y creíble.
La demanda social es concreta: establecer controles efectivos, aplicar sanciones proporcionales a quienes incurran en prácticas abusivas y garantizar mayor transparencia en la formación de precios. Asimismo, resulta fundamental fortalecer los canales de comercialización directa, reduciendo la dependencia de intermediarios que encarecen los productos sin aportar valor real.
En definitiva, lo que está en juego no es solo el precio de los alimentos, sino la confianza de la población en la capacidad del Estado para protegerla. Ignorar esta situación no solo profundiza el deterioro económico de los sectores más vulnerables, sino que también implica un costo político que, tarde o temprano, terminará pasando factura.
jpm-am