Exhaustiva revisión del esquema de alianza público-privada en RD

Un bien público de la  trascendencia económica, social y política como el que representa el consorcio de generación eléctrica Punta Catalina, no debería ser encapsulado en una figura jurídica etérea, aun cuando sea para protegerlo de depredadores, porque hace tiempo que los lobos pernoctan en el gallinero.

El gobierno asume  la fiducia (Operación jurídica que consiste en transferir un bien a condición de que sea devuelto después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas), como enrejado para colocar activos de la nación, a resguardo de pastores que no pocas veces resultan ser chacales.

La fiducia es una institución jurídica  que promueve seguridad y confianza, más aún si es administrada por un grupo financiero estatal con vasta experiencia en ese campo, como sin dudas lo es el Banco de Reservas, que ya opera las referidas a los peajes y a la construcción de viviendas.

Es por eso que creo que el presidente Luis Abinader actúa de buena fe, al considerar que Punta Catalina estaría mucho mejor  en mano de personas físicas y jurídicas privadas, a los que otorga independencia o autonomía para operar esa planta, sin intervención del ente público, por 30 años.

El problema no radica en la seguridad que se dispense al gallinero, sino en separar las gallinas de los lobos, lo que no garantiza ese entramado de ley,  que en la práctica coloca la iglesia en manos de Lutero, toda vez que el bien transferido constituye el Santo Grial del subsector eléctrico.

Punta Catalina es el complejo de generación eléctrica más grande de Centroamérica y el Caribe, con capacidad de colocar en línea 735 megavatios, equivalentes  a un tercio de la demanda nacional, a un precio de 10 centavos de dólar el kilovatio.

Las atribuciones que se confieren al equipo técnico en esa fiducia  son exageradas, trasciende lo de la simple administración para anidarse en una súper comisión  que tendría  en la práctica atribuciones para imponer  desde el sector privado convenientes políticas  en el subsector eléctrico.

Se resalta la intención presidencial de salvaguardar a Punta Catalina, de garantizar su rol como  empresa líder  del sistema  de generación eléctrica, pero alguien debería advertirle que intereses innominados procuran envolver ese gran activo nacional en papel de regalo.

Se sugiere  al Presidente disponer  de una muy exhaustiva revisión jurídica, técnica y política  de todo esquema de Alianza Publico Privada, a los fines de determinar  cuántos gatos han podido penetrar  en el macuto.

Confió plenamente en que el presidente Abinader sabrá vadear este temporal, para lo cual le reitero mi humilde consejo de que gire un poco a la izquierda.