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En una sesión de la IS en Washington, Vargas cuestiona sentencia CorteIDH
WASHINGTON. – El presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, advirtió hoy que el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 28 de agosto de 2014, como fue dictada, implicaría la disolución de la nación dominicana, tal como la conocemos.
En el segundo día de sesiones de la reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe (Siclac), el cual preside, cuestionó que la misma contemple una reforma constitucional que le otorgaría la nacionalidad a los hijos de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren y puedan ingresar al territorio nacional.
Al responder comentarios de la señora Edmonde Supplise, presidenta de la Fusión de los Social Demócratas Haitianos, Vargas expuso que tal eventualidad atentaría contra las razones patrióticas e históricas sobre las cuales edificaron Duarte y los Trinitarios la nación dominicana, y conspiraría gravemente contra las posibilidades de superación de la pobreza de la clase media, de los obreros y campesinos dominicanos.
«En tal virtud», expresó Vargas, «somos de opinión que para la República Dominicana aceptar la competencia obligatoria de la Corte Interamericana, deberá hacerse de tal manera que se establezca claramente que el país no aceptará que la referida instancia jurisdiccional internacional, pueda abordar el tema de la nacionalidad y todo aquello que implique desconocimiento de la Constitución de la República Dominicana», enfatizó.
Agregó que si esas garantías no son ofrecidas al pueblo dominicano, la bancada del PRD no votaría a favor de la competencia de la referida corte. «Es hora ya de que todos los dominicanos, el gobierno y la oposición, demos un ejemplo unitario de que respetamos la supremacía de la Constitución».
El PRD considera valiosas las acciones y los pronunciamientos que en defensa del país ha realizado el canciller Navarro, dijo para agregar que, sin embargo, eso no es suficiente. “Es necesario que el gobierno adopte una política general en torno a acciones diplomáticas de la mayor intensidad para que la comunidad y los organismos internaciones, comprendan de una vez y por todas, que en la República Dominicana no hay apátridas y que existe un clima favorable al respeto de las libertades públicas fundamentales», expresó.