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El reto para el gobierno dominicano
El permiso otorgado por el presidente Luis Abinader para que el Departamento de Defensa de Estados Unidos utilice la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas marca un punto de inflexión en la política exterior dominicana.
Presentado como un acuerdo “técnico y temporal” para reforzar operaciones contra el narcotráfico y mejorar la seguridad regional, el anuncio abre interrogantes más profundas sobre la verdadera dimensión geopolítica de esta decisión.
En la superficie, el argumento es sólido: el Caribe se ha convertido en una autopista del crimen organizado, y República Dominicana – geográficamente estratégica y logísticamente vulnerable-necesita cooperación para enfrentar redes que superan sus capacidades.
Sin embargo, en la práctica, el permiso habilita un tipo de presencia militar que va más allá del simple reabastecimiento de aeronaves o apoyo técnico. Los precedentes en la región enseñan que lo “temporal” tiende a prolongarse, y que lo “técnico” suele abrir la puerta a misiones más amplias.
La complejidad del acuerdo no reside solo en lo operativo, sino en su impacto político. El país entra en una zona gris: se convierte en plataforma clave del despliegue estadounidense en el Caribe justo en un momento de tensiones crecientes con gobiernos como el de Venezuela, que ya calificó la decisión como una “locura imperial”.
Esto coloca a República Dominicana en una posición delicada, donde la búsqueda de seguridad interna puede traducirse en aislamiento diplomático regional.
En el plano interno, el acuerdo desata un debate necesario pero incómodo: ¿cuánto control real conserva el Estado dominicano sobre las operaciones que se realicen desde sus instalaciones? ¿Quién supervisa los límites de uso? ¿Qué garantías existen para evitar que el país quede atrapado en la agenda militar de Washington?. Las respuestas, por ahora, son vagas o inexistentes.
La lucha contra el narcotráfico exige cooperación internacional, pero también claridad, transparencia y soberanía efectiva. El reto para el gobierno dominicano no es justificar la necesidad del acuerdo, sino demostrar que la apertura de sus instalaciones militares no derivará en una dependencia estratégica irreversible o en una pérdida gradual de autonomía.
La decisión de Abinader, en esencia, obliga al país a preguntarse algo profundo: ¿cuál es el costo invisible de permitir que una potencia militar opere desde nuestro territorio? Y, sobre todo, ¿quién pagará ese costo en el futuro inmediato?.
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