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El Ministerio Público promueve la corrupción
Las recientes declaraciones del Licenciado Wilson Camacho, Director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), afirmando que ya se estaría negociando con inculpados del caso SENASA (Senasa.2), evidencian una preocupante lógica de trato diferencial, que alimenta, más que una sana justicia, la percepción de una persecución acomodada según intereses coyunturales.
Cuando un funcionario de la justicia alardea públicamente de diálogos con quienes están siendo investigados, sin que los criterios de proporcionalidad y transparencia queden claros, lo que se fortalece no es la lucha contra la corrupción, sino la sensación de que la investigación penal se ha convertido en una herramienta de negociación política y económica.
Ese tipo de prácticas, lejos de acercar al país a la integridad institucional, profundiza la desconfianza de la ciudadanía y deja en entredicho la seriedad con que deben conducir estas causas quienes tienen la responsabilidad de hacerlo.
Resulta, a todas luces, bochornoso ante la sociedad dominicana, después de que decenas de médicos, clínicas, laboratorios, farmacias, desfalcaron, de manera indiscriminada, a SENASA, apropiándose, de manera fraudulenta, de miles y miles de millones de pesos de la salud del pueblo, se despache ahora el Ministerio Público, en la persona de Wilson Camacho, con esas declaraciones totalmente destempladas y casi ofensivas
No se trata de cuestionar la legalidad de las salidas alternas o de los acuerdos procesales. Estas figuras existen en casi todos los sistemas penales modernos. El problema surge cuando la excepción se convierte en regla, cuando el castigo es sustituido por el cálculo político y económico, y cuando la justicia deja de ser un principio para convertirse en un negocio.
Cuando se trata de recursos destinados a la salud del pueblo — fondos que impactan directamente a los más vulnerables — el mensaje institucional debe ser de firmeza, templanza y transparencia. En cambio, anuncios de ¨acuerdos¨, sin que se expliquen con claridad sus fundamentos legales y alcances, generan indignación y alimentan la percepción de impunidad e indulgencia ante los inculpados.
No se puede, por un lado, presentar los hechos como un grave desfalco millonario y, por otro, transmitir la idea de arreglos que parecen restar gravedad a lo ocurrido. La sociedad merece explicaciones claras, criterios objetivos y actuaciones firmes y proporcionales a la magnitud del daño denunciado.
La pregunta que surge es inevitable y profundamente incómoda:
¿Desde cuándo devolver parte del dinero sustituye la responsabilidad penal de un funcionario público?
La devolución de recursos sustraídos debería ser una obligación mínima, no una moneda de cambio para comprar libertad. Cuando un alto funcionario puede resolver su situación judicial con un cheque, el mensaje al país es devastador: robar desde el poder no es un crimen grave, es una operación negociable.
No se puede combatir un mal estructural con paños tibios. Cada vez que un expediente por corrupción concluye en un acuerdo que evita condenas proporcionales, cárcel efectiva o recuperación total de lo robado, el mensaje al país es claro: la corrupción es rentable. No es una conducta que destruya carreras, sino una apuesta con margen de negociación.
En un país donde la corrupción ha echado raíces profundas, el Ministerio Público debería ser el muro de contención frente al abuso del poder. Sin embargo, la práctica reiterada de negociaciones complacientes, acuerdos sin sanciones ejemplares y procesos que se diluyen en el tiempo ha convertido a esa institución en algo peligrosamente distinto: un engranaje funcional del sistema de impunidad.
Cuando la justicia negocia sin transparencia, sin proporcionalidad y sin consecuencias reales, pierde autoridad moral. Y cuando la justicia pierde autoridad, la corrupción no retrocede: se fortalece.
Decir que el Ministerio Público combate la corrupción se ha vuelto un eslogan repetido hasta el cansancio. Sin embargo, cuando se observa la práctica cotidiana —acuerdos complacientes, negociaciones opacas y sanciones simbólicas— la realidad resulta incómoda: una justicia que negocia la corrupción termina promoviéndola.
Mientras la corrupción siga siendo negociable, seguirá siendo rentable. Y mientras el órgano encargado de perseguirla actúe con complacencia frente al poder político y económico, no será parte de la solución, sino parte del problema.
