Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Declaran a Santo Domingo en estado de alerta, por vaguada
Buitres conquista campeonato baloncesto superior de SC 2025
Rusia difunde vídeo supuesto ataque contra residencia Putin
Expertos plantean claves para acelerar desarrollo desde Cibao
ESCUCHA AQUI resumen radial de las principales noticias
Ucrania ataca con drones varias instalaciones energéticas rusas
Papa avisa de «estrategias para conquistar zonas de influencias
VENEZUELA: Oposición cree el 2026 es crucial para «libertad»
Lluvias amenazan con aguar las fiestas de Año Nuevo en la RD
Han anunciado grandes fiestas en la RD para despedir el año
El interés ciudadano y periodístico frente a la persecución de la corrupción
La corrupción pública o privada, aparte de ser una falencia o flagelo histórico-estructural universal (sobre todo, en Latinoamérica), no se da, como algunos piensan, silvestre, pues, como todo delito o dolo público, necesita tres condiciones –sine qua non- para darse y realizarse en una sociedad determinada, a saber: a) un estado de situación o de realidad política-jurídica y social que la ampara y tolera, en un marco de contubernio y complicidad entre actores políticos, funcionarios públicos, judiciales; y no en pocos casos, de los poderes fácticos (empresarios, militares, policías, periodistas, entre otros); b) el delincuente sobornador –asociado o no- que parte del criterio o máxima extendida de que, todo hombre -de vida pública o privada- tiene su precio; y c) el que se deja sobornar, desde cualquier posición pública o privada, porque ha fijado como meta –de antemano o porque en algún momento fue tentado- enriquecerse o hacer “acumulación originaria”, rápida o espontánea de riquezas y bienes a cualquier precio sin reparar en pruritos éticos ni conflictos de intereses.
De modo que, al situar la corrupción -pública o privada- como un fenómeno universal, bajo ningún concepto pretendemos inscribirnos en la tesis-defensa justificativa de que la misma es inherente al ser social y político que en una determinada sociedad desempeña alguna función pública o privada, pues ya explicamos los factores socio-político-jurídico o histórico-estructurales que legalizan, amparan y toleran el flagelo de la corrupción en cualquiera de sus modalidades: un sistema o esquema de justicia cooptado por la delincuencia organizada que opera en el contexto de un régimen político de actores públicos-privados y de los poderes fácticos corrompidos, despojado de ética pública y siempre habidos y dispuestos a acrecentar fortunas e influencias en los poderes públicos.
En consecuencia, que, sin voluntad política ni judicial, no habrá lucha verdadera, frontal y sistemática contra la corrupción pública o privada. Y ello empieza por la impostura, a rajatablas, de un código de ética pública, de una justicia independiente, regenteada y dirigida por jueces probos (de sólida formación jurídica y, preferiblemente, desligado de militancia política); y la designación y elección de funcionarios públicos insobornables cuya trayectoria pública-profesional este fuera de toda duda, al menos hasta el momento en que se empieza a ejercer una determinada función pública.
Sin embargo, no basta con la voluntad política de los actores políticos y judiciales para garantizar y velar por un ejercicio ético y transparente en la gestión pública (llámese gobierno-estado en su división e independencia de poderes), sino que hace falta que una ciudadanía -activa y responsable- participe y se involucre (desde las casas, las escuelas, los partidos políticos y la sociedad civil bien intencionada y de transparencia publica-temática) en velar por el buen desempeño público y que la prensa y los medios de comunicación jueguen su papel en su rol de informar e investigar con apego a la verdad y alejado de lo que en nuestro país se ha entronizado en la opinión pública: un tipo de periodismo que se disfraza de “opinión pública” para hacer oposición política, de periodistas opinantes -bien pagados- de oligopolios periodístico-empresariales, o de periodistas-entrevistadores complacientes a sueldo y mesada (llámese: publicidad u otra modalidad). O peor, de vulgares mercaderes que ejercen de “comunicadores” (¿chantajistas-extorsionadores
De alguna forma, se hace necesario rescatar el tipo de periodismo responsable, investigativo e inclaudicable que ejercieron Orlando Martínez, Gregorio García Castro y, en cierta forma, don Rafael Herrera. Y con esto no estoy diciendo que no haya periodistas serios y responsables en la actualidad –¡los hay!-, sino que hace falta que el periodismo en nuestro país recupere su otrora credibilidad pública, y ello empieza por desterrar la línea editorial –de algunos medios- de comentar la noticia en el mismo texto de la noticia, o de que las crónicas y reportajes -de los periodistas empleados-asalariados de algunos dueños de medios- no queden maquilladas (o rehechas) por “censores ejecutivos” de esos medios en una vejatoria modalidad de periodismo –de “corrección de estilo”, pero, sobre todo, de contenido- y manejo de las llamadas “colindancias” si se quiere fácticas.
POSTURA CIUDADANA
Por ello, la mejor postura ciudadana frente a cualquier escándalo o sometimiento por corrupción pública o privada, es el acompañamiento y aliento a toda voluntad política pública -de las autoridades competentes- en el encausamiento judicial contra la corrupción pública o privada en un gesto de responsabilidad ciudadana libre de influencia de actores políticos opositores que estén buscando politizar la acción judicial pública, de francotiradores mediáticos gratuitos y alegres de reputaciones públicas, de periodistas dizque “hacedores de opinión pública” que todos sabemos son oposicionistas políticos de la “secreta”, o de periodistas panfletarios-asalariados de poderes o instituciones públicas.
O más común, de una “sociedad civil” –con sus contadas excepciones- habida de protagonismo político-mediático en clara estrategia política-electoral de campaña certera para desacreditar, inhabilitar y derribar a líderes políticos, partidos políticos o figuras públicas presidenciables o no. E incluso, en algunos casos, en franca sintonía –nunca gratuita ni inocente- en empujar-posicionar agendas supranacionales en contra del país, sus instituciones e imagen internacional.
En consecuencia, el interés público-ciudadano frente a la persecución contra la corrupción pública o privada, debe girar en seguir, atentos y vigilantes, los procesos judiciales abiertos (y de aquellos que el rumor público clama abrir-investigar), exigiendo y demandando que los mismos lleguen hasta las últimas consecuencias –¡caiga quien caiga!- y propugnando por el fortalecimiento institucional de las instancias públicas (Ministerio Público y Sistema Judicial) llamadas a combatir el crimen y la delincuencia organizada, la violación a las leyes, pero, sobre todo y de manera sistemática, los delitos de dolo público y prevaricación en perjuicio de los dineros y bienes públicos.
Ello así, porque esos ladrones –con sus crímenes y delitos- empobrecen y corrompen sociedades, y lo que es peor, les roba su desarrollo y futuro.
JPM
ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.
3 Comments
Nuevos
