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El costo oculto del éxito turístico (OPINION)
POR LUIS M. GUZMAN
En 2023 y 2024 la República Dominicana superó los 10 millones de visitantes anuales, generando más de US$10,000 millones en divisas. El turismo fue celebrado como el gran motor económico nacional. Sin embargo, ese éxito macroeconómico convive con una realidad incómoda, los municipios donde se desarrolla la industria siguen mostrando carencias estructurales incompatibles con el volumen de riqueza que producen.
La brecha entre crecimiento y bienestar local no es accidental, sino resultado de un modelo turístico concebido como enclave económico. Más del 70 % del gasto del turista ocurre dentro de complejos “todo incluido”, muchos propiedad de cadenas extranjeras. Las utilidades se repatrian, mientras la economía local queda relegada a empleos de bajos salarios y escasa capacidad de acumulación.
A este diseño se suma un centralismo fiscal persistente. El Estado central recauda ITBIS, tasas aeroportuarias, impuestos al consumo y servicios turísticos por cientos de millones de dólares anuales, pero esos recursos no retornan automáticamente a los territorios que soportan la actividad. El municipio produce divisas; el centro decide y distribuye.
Aunque la Constitución y la Ley 176-07 reconocen la autonomía municipal y el derecho a participar en las rentas generadas en su territorio, la descentralización es más formal que real. Los ayuntamientos turísticos gestionan impactos de millones de visitantes con presupuestos comparables a municipios rurales, evidenciando una asimetría fiscal estructural.
La Ley 158-01, CONFOTUR, profundiza esta desigualdad. Bajo su amparo, grandes desarrolladores reciben exenciones fiscales de hasta 15 años, lo que implica que el Estado renuncia a recaudar miles de millones de pesos. Sin embargo, la ley no exige aportes directos a los municipios ni establece fondos de compensación territorial obligatorios.
A esto se añade un hecho raramente nombrado, el turismo recibe subsidios implícitos masivos. Carreteras, bulevares, accesos viales, acueductos, líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas, puertos y aeropuertos se construyen con impuestos de todos los dominicanos para viabilizar proyectos privados, sin que esos activos fortalezcan financieramente al territorio.
Este aporte estatal no constituye una contrapartida territorial justa. La infraestructura se diseña para servir al proyecto, no para desarrollar integralmente el municipio. No ingresa al presupuesto local, no compensa los costos recurrentes y no otorga poder de decisión a las comunidades. Es inversión pública al servicio de la rentabilidad privada.
Los costos ocultos comienzan con el agua. Un turista puede consumir entre 300 y 800 litros diarios, frente a menos de 150 litros de un residente promedio. En polos turísticos, los hoteles mantienen suministro continuo mientras comunidades vecinas enfrentan racionamientos, sobreexplotación de acuíferos e intrusión salina.
El saneamiento revela una falla aún más grave. La población flotante multiplica la carga de aguas residuales, pero muchos municipios carecen de plantas de tratamiento suficientes. Ríos y mares reciben descargas contaminantes que deterioran arrecifes y playas, generando daños ambientales y sanitarios que no pagan los desarrolladores, sino el sector público local.
La gestión de residuos sólidos completa el cuadro. Cada turista genera hasta el doble de basura que un residente. En temporadas altas, los volúmenes colapsan los sistemas municipales, saturan vertederos y elevan costos de recolección y transporte, sin que exista una fuente estable de financiamiento asociada al turismo.
Así se configura el núcleo del modelo, el Estado socializa la inversión y el riesgo, las empresas privatizan la ganancia, y los municipios asumen costos permanentes sin ingresos proporcionales. No es ausencia de aporte estatal; es un aporte mal diseñado, centralizado y desconectado del desarrollo territorial.
