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El chantaje como arma política y económica
El chantaje, en esencia, busca ejercer control y poder sobre otra persona, apelando al miedo, la culpa o la presión psicológica, con el fin de obtener algo que en condiciones normales jamás se concedería de manera libre. Esta definición del chantaje como mecanismo de poder, es la exposición de un caso emblemático: “Los productores eléctricos”.
La desaparecida Ley No. 299 sobre Incentivo y Protección Industrial, promulgada el 23 de abril de 1968, establecía beneficios para empresas que invirtieron en maquinaria, infraestructura y producción local. Se buscaba reducir la dependencia de importaciones y fomentar el empleo industrial, Sin embargo, muchos empresarios aprovecharon los incentivos para importar bienes con fines disfrazados de inversión productiva.
Declaraciones alteradas, subfacturación y triangulación de operaciones, fue una práctica común para evadir impuestos con declaraciones alteradas. Lo que comenzó como una excepción se institucionalizó como norma. Ley 299 inauguró una forma de “legalización de la evasión” bajo el ropaje del desarrollo. Fue una cultura de privilegio normativo, donde el marco legal se adapta a intereses particulares más que al bien común. La evasión no fue solo una estrategia individual, sino una práctica sistémica tolerada por redes político-empresariales.
En estos días circula la versión de que el Gobierno se prepara a presentar una Reforma Fiscal que pondría fin a ciertos privilegios y subsidios otorgados hace décadas a empresas beneficiadas con exoneraciones de impuestos como incentivo a la creación de empleos. Se trata de medidas que, en su momento, sirvieron para aliviar la carga social del Estado, pero que tenían un tiempo de caducidad claramente establecido por Ley.
La Reforma Fiscal propuesta por el gobierno de Luis Abinader busca precisamente eliminar privilegios históricos y modernizar el sistema tributario. En el sector energético, se contempla una inversión de RD$18,000 millones anuales para mejorar la infraestructura y reducir el déficit eléctrico.
El caso más llamativo es el de los productores de energía eléctrica, que por más de 30 años han importado equipos, repuestos, lubricantes e incluso combustibles sin pagar impuestos.
La norma fue clara: ese beneficio vencía al cumplirse los 30 años. Hoy, esas gracias están más que vencidas. Además, siguen siendo subsidiados por las pérdidas en línea. Ellos, en lugar de aceptar el fin natural de un incentivo temporal, pretenden perpetuarlo, como si la excepción estuviera por encima de la regla. Sin embargo, no se ha confirmado públicamente que se estén enfrentando presiones o chantaje, aunque el patrón histórico tiene precedentes.
Analogía histórica:
El paralelismo con el gobierno de Hipólito Mejía y la crisis del 2004 refuerza la idea de repetición cíclica. Para evitar ser relegados de los privilegios vencidos, a lo callado, iniciaron una serie de movimientos con la finalidad de chantajear al gobierno, mediante apagones y provocando movimientos alcistas en la tasa cambiaria del dólar que hoy, está a RD$63.40. Eso mismo se lo hicieron al gobierno de Hipólito Mejía, meses antes de las elecciones; por eso, no resulta extraño que la oposición se reactive, motivada por la inconformidad del pueblo frente al alto costo de los alimentos y los constantes apagones.
En aquel gobierno, el dólar llegó a cotizarse a RD$63 por uno, lo que desató un descontento tan profundo que el pueblo bautizó a los supermercados como “las casas del terror”. Fue el chantaje al Estado y, por extensión, a la sociedad, con el peso de un poder económico que no conoce límites. El resultado: la derrota del PRD en las elecciones de 2004, y el retorno de Leonel Fernández con el PLD.
Apelación al pueblo
La historia parece querer repetirse. Y aquí radica el verdadero peligro: si el Estado cede ante el chantaje, no solo perderá autoridad, sino que entregará a grupos privados la capacidad de secuestrar la democracia y manipular la economía a su conveniencia. Los privilegios vencieron, la ley es clara y el pueblo no puede seguir pagando el precio de un poder empresarial que confunde incentivos con derechos adquiridos.
Ha llegado la hora de que el Gobierno actúe con firmeza, sin miedo y con la ley en la mano. Porque, de lo contrario, lo que hoy es chantaje económico, mañana podría convertirse en una amenaza directa a la gobernabilidad y a la estabilidad misma del país.
¿Hasta cuándo el país seguirá tolerando que un puñado de empresas se coloque por encima de la ley? Una verdadera reforma fiscal no debe ceder a presiones ni al miedo que intentan imponer los sectores privilegiados. El momento exige coraje político: eliminar privilegios caducos, cobrar lo que corresponde y demostrar que en República Dominicana ningún grupo puede chantajear al Estado.
jpm-am
Y EL DOLAR CASOI AL 64 POR UNO Y NADIE DICE NADA