EEUU: Trump pide Supremo acelere su proceso para decidir sobre el censo

En un escrito interpuesto ante el Tribunal Supremo, el abogado del Ejecutivo, Noel J. Francisco, adelantó que recurrirá directamente ante el alto tribunal el fallo que emitió la semana pasada un juez de Nueva York que bloqueó la propuesta del mandatario sobre el censo.

Normalmente, la sentencia de un juez federal se suele recurrir ante un tribunal de apelaciones, pero en este caso el Gobierno ha decidido ir directamente al Supremo para ahorrar tiempo.

El Ejecutivo, explica Francisco, debe finalizar el cuestionario del censo en junio de 2019 para tener suficiente tiempo para imprimirlo, de forma que es «extremadamente improbable» que se cumplan esos plazos si el caso pasa tanto por el tribunal de apelaciones como por el tribunal Supremo.

El censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.

La elaboración del censo del país, donde se calcula que viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, se realiza sin preguntar el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes.

Sin embargo, la intención del Ejecutivo de incluir una pregunta sobre el censo había desatado el miedo de la comunidad inmigrante, que teme que la información sobre su ciudadanía pueda ser enviada a las autoridades migratorias que tienen el poder de enviarlos de regreso a sus países de origen.

La semana pasada, el juez Jesse M. Furman de Nueva York afirmó en su sentencia, de 277 paginas, que el plan de incluir una pregunta sobre la ciudadanía para elaborar el censo, que fue impulsado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, es ilegal por varios motivos.

El juez dio la razón a los críticos de la iniciativa asegurando que «cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si la pregunta sobre ciudadanía se incluye».

En total 18 estados, 15 ciudades y condados del país, así como la Conferencia Estadounidense de Alcaldes y varias ONG se unieron para presentar una demanda conjunta contra la Administración.

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