Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Trump: León XIV no sería Papa si yo no fuera presidente de EU
PERÚ: Inicia escrutinio de las elecciones de este domingo
Flexibilizan jornadas de trabajo en zonas afectadas por la lluvia
Advierte cubanos «morirían» por defender a Cuba de EE.UU.
Venezuela: Oposición presenta plan para «elecciones libres»
Iluminada Muñoz celebra cinco años en el elenco de la Z-101
Presidente declara estado de emergencia SD y 5 provincias
Banco Popular siembra 6,000 plantas en la región de La Sierra
30,000 desplazados, 6,100 casas inundadas en la RD por lluvias
Este domingo la RD inició el proceso renovación de cédula
SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura y a unanimidad, con 108 votos, el proyecto de ley que crea el nuevo Código de Procedimiento Civil, mediante el cual se derogan unas 27 leyes.
La pieza había sido aprobada en primera lectura el pasado día 15 de septiembre y producto de recomendaciones del Tribunal Constitucional (TC) y otras instituciones fue enviada de nuevo a la Comisión Especial que la estudió, presidida por Hugo Núñez.
La pieza fue aprobada a unanimidad, luego de acoger el informe de la comisión especial, que contenía 52 páginas y que llevó tres horas de lectura y consta de unos 1,370 artículos, nueve menos que el vigente.
El TC exhortaba al Congreso Nacional legislar y crear un régimen casacional más equilibrado para que no fueran afectados ninguno de los intereses y ninguno de los sectores.
Fue modificado el párrafo segundo del artículo 372 para incluir en el artículo al presidente de la Junta Central Electoral, a la presidenta o presidente de la Cámara de Cuentas y a la Defensoría del Pueblo.
En el artículo se prevé que esos funcionarios junto al presidente, vicepresidente, los diputados y demás funcionarios, en caso que se amerite una investigación se le pueda ir a hacer el interrogatorio a su casa, por entender que es un privilegio que tienen esas personas.
También se tomó en cuenta lo relativo a la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el derecho que se tenía a no recurrir en casación, cuando la condena estaba por debajo de 200 salarios mínimos del sector privado.