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Deuda, duplicidad y nómina pública, la verdadera carga del gobierno
POR LUIS M GUZMAN
La sostenibilidad fiscal de República Dominicana no se explica solo por el nivel de endeudamiento, aunque este ya sobrepasa los 75,000 millones de dólares en 2024. La raíz del problema es más profunda: una estructura estatal ineficiente y redundante, junto a una nómina pública sobredimensionada, que absorbe recursos que deberían dirigirse a inversión social y productiva en beneficio ciudadano.
En el país operan más de 350 instituciones estatales, muchas con funciones similares. Durante décadas se han creado ministerios, direcciones e institutos que se solapan, generando burocracia excesiva y gasto corriente injustificado.
La propia Dirección de Presupuesto ha reconocido que múltiples entidades podrían ser eliminadas o fusionadas, lo que daría lugar a ahorros considerables en el corto plazo.
Ejemplos abundan: el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) convive con el Ministerio de la Vivienda (MIVED); la OMSA y el INTRANT comparten competencias en transporte; mientras que el CEA y el IAD gestionan tierras estatales con funciones parecidas. Estos cruces generan duplicidad administrativa, conflictos de atribuciones y mayores costos para el Estado sin beneficio proporcional para la población.
El caso más emblemático es el del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Luis Abinader lo definió como una “fuente de corrupción” y prometió eliminarlo en 2020. Sin embargo, cinco años después sigue operando con un presupuesto superior al de entidades esenciales. Vinculado al caso Antipulpo, Fonper refleja cómo promesas de racionalización se diluyen frente a inercias políticas y resistencias dentro del aparato estatal.
Si bien se eliminaron instituciones menores como la Caja de Ahorros para Obreros o se fusionaron programas como ADESS con Supérate, los ahorros han sido marginales. Expertos estiman que la racionalización de entidades podría liberar más de 25,000 millones de pesos anuales. Sin embargo, esos recursos suelen destinarse a cubrir déficits corrientes en lugar de fortalecer la inversión pública en áreas críticas como salud o educación.
Agravamiento
El crecimiento de la nómina pública agrava el problema. De unos 500,000 empleados en 2010, se pasó a más de 720,000 en 2024. Esto representa alrededor del 2% del PIB y más del 27% del gasto corriente.
El fenómeno responde menos a necesidades técnicas que a prácticas clientelares, lo que genera plazas duplicadas y frena la profesionalización de la administración pública dominicana.
A pesar de estos niveles de gasto en salarios, la población percibe servicios deficientes. Escuelas sin cupo suficiente, hospitales desabastecidos y sistemas de transporte colapsados son parte de la realidad. Esto evidencia que no es la magnitud del gasto lo que importa, sino su baja eficiencia. República Dominicana gasta más que países vecinos en remuneraciones, pero ofrece menos resultados a sus ciudadanos.
Paralelamente, el endeudamiento público se disparó. En 2020 rondaba los 44,600 millones de dólares y para 2023 superaba los 68,000 millones. En 2024 ya rebasa los 75,000 millones, lo que supone un incremento superior a 30,000 millones en cuatro años.
Esta dinámica coloca a la deuda en torno al 65% del PIB y compromete la capacidad del Estado de sostener su estabilidad fiscal en el mediano plazo.
El peso de la deuda se refleja en el Presupuesto Nacional. Los pagos de intereses y amortizaciones consumen más del 24% de los recursos anuales, rivalizando con la nómina pública como principal gasto corriente.
Con un presupuesto tan comprometido, la inversión de capital apenas representa un 17%, muy por debajo de lo requerido para transformar la infraestructura y los servicios esenciales del país.
Intentos de modernización, como el programa Burocracia Cero o la Ley de Responsabilidad Fiscal (35-24), buscan controlar el gasto y aumentar la eficiencia. La digitalización de procesos ha reducido algunos trámites, pero mientras instituciones redundantes sigan operando, los ahorros serán marginales frente a un aparato estatal que continúa creciendo y demandando mayores niveles de endeudamiento externo.
La ciudadanía enfrenta las consecuencias en carne propia: largas filas en hospitales, aulas abarrotadas y sistemas de agua insuficientes, mientras los impuestos financian nóminas infladas y entidades cuestionadas como Fonper.
Esta disonancia entre gasto público y calidad de servicios erosiona la confianza en el Estado y alimenta la percepción de que la política responde más a intereses particulares que al bien común.
En conclusión, la verdadera carga del Estado dominicano no es solo la deuda creciente, sino la combinación de duplicidad institucional, nómina abultada y gasto corriente improductivo. Sin una reforma integral que simplifique la administración, profesionalice el empleo público y priorice la inversión social y productiva, el país seguirá atrapado en un ciclo donde se gasta mucho, pero se transforma poco.
jpm-am
AMIGO MIY BUEN ANÁLISI. PERO NO ES LA CARGA DEL GOBIERNO. ES LA CARGA DEL PUEBLO. QUE EL GOBIERNO LO ESTÁ LLEVANDO A LA MISERIA CADA DÍA MÁS. EL GOBIERNO SE LAVA LAS MANOS COMO PILATOS Y NO HACE UN PLAN DE AUSTERIDAD PORQUE NO SABE Y SIGUE COGIENDO DINERO PRESTADO SIN CONTROL Y COMPROMETIENDO LA SOBERANÍA DEL PAÍS. ESE ENORME VOLUMEN DE PRÉSTAMOS SOLO PARA SEGUIR ENRIQUECIENDO FUNCIONARIOS Y DILAPIDANDO EL DINERO DEL PUEBLO DÁNDOLE MILANDAS ONG.