Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Inflación interanual baja 3.29 por ciento en República Dominicana
Califica de «deshumanizantes» repatriaciones de haitianos en RD
ERD apresa dominicano y haitiano por tráfico de indocumentados
EE.UU: Florida se prepara para la evacuación «más grande» en años
NEIBA: Ponen a circular “Cantos a media asta”, durante feria libro
Haitianos dejan RD de forma voluntaria por deportaciones
El dólar bajó un centavo y este lunes era vendido RD$60.18
Nobel Medicina y Fisiología 2024 para dos científicos de EEUU
Uso de canales alternos sube en 11% en último año en banca RD
Año escolar en marcha en Haití; 300 mil niños fuera de las aulas
Denuncia trama para "hacer desaparecer" a Pro Consumidor
SANTO DOMINGO.- Sectores económicos conspiran para hacer desaparecer al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), denunció este lunes Altagracia Paulino, directora de esa institución.
Reveló que, «a través de grupos pagados, esos sectores pretenden desconocer las facultades que otorga la Ley a Pro Consumidor para actuar en defensa de la población».
«Esos grupos comenzaron a pronunciarse en los medios de comunicación en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que reconoce la potestad de Pro Consumidor para sancionar a los violadores de la Ley 358-05, sobre los derechos de los consumidores», precisó.
Abundó que dichos sectores también planean elevar un recurso contra la decisión de la SCJ, por lo que pidió a los jueces del alto tribunal que “no se dejen sorprender”.
Asimismo, agradeció a los magistrados de la Suprema por haber devuelto la potestad sancionadora a Pro Consumidor.“Creo que eso fue un acto de justicia, ya que lo que hizo la SCJ fue confirmar lo que está contenido en la Ley 358-5”, afirmó en un comunicado.
Dijo que los derechos del consumidor están consagrados en la Constitución de la República y que “no hay nada de inconstitucional en la decisión de la SCJ ni en lo que establece la Ley 358-5”.
Recordó que esa legislación otorga a Pro Consumidor ocho títulos habilitantes para sancionar y poner multas. “Está clara la potestad sancionadora de Pro Consumidor para hacer valer los derechos del ciudadano, sus derechos humanos y económicos que han sido vulnerados”, insistió.
En ese sentido, dijo que “quien le ha faltado al ciudadano, sea del sector público o del privado, tiene que pagar por el daño y resarcir al afectado. Eso está claro en la Ley y en el artículo 53 de la Constitución de la República”.
jt/am