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Delación premiada: ¿acuerdo o extorsión?
La delación premiada, que se ha venido afianzando como una realidad jurídica en nuestro país, consiste en un acuerdo al que puede llegar el Ministerio Público con un coimputado para utilizarlo como testigo a fin de que colabore en la investigación contra los demás encartados en un proceso penal a cambio de que sea premiado con la rebaja de la pena o su total absolución.
Lo que hay que tomar en cuenta al momento de analizar esta figura jurídica es si la misma resulta ser realmente efectiva y su ap
En ocasiones, la delación premiada puede no ser legitimada socialmente debido a que necesariamente implica que alguien que cometió delitos (muchas veces el de mayor responsabilidad en la comisión) pueda tener penas mucho menores a las que se le impondrían sin mediar la delación premiada, o, incluso, llegar a no tener ninguna.
El empleo excesivo de esta figura puede ser especialmente peligroso por los riesgos que comporta el amplio margen que se reconoce al poder de arreglos y manipulación de la acusación de parte del Ministerio Público, llegando incluso a la frontera de la extorsión.
Muchas veces se le da un uso interesado, cuasi fraudulento, cuando se altera la gravedad de los hechos y se califican inicialmente con penas muy elevadas, con la única finalidad de forzar al investigado a aceptar la culpabilidad premiada y a colaborar facilitando informaciones, que muchas veces no pasan de ser simples fábulas.
Adicionalmente, es necesario establecer el respeto por el principio de legalidad, el debido proceso, y sobre todo, hacer una definición muy clara de los procedimientos para el empleo de la delación premiada.
Los eventuales beneficios que tiene esta figura se ven, en muchos casos, ensombrecidos por el uso abusivo y desproporcionado de la misma, así como las malas prácticas en su utilización.
Malas prácticas que pueden llevar incluso a la condena con base exclusiva en la conformidad negociada y delación de otro con interés premiado, faltando la prueba cierta y concluyente de la culpabilidad.
Al pretender dejar de lado todos los mecanismos de persecución e investigación criminal tradicionales para asumir la figura de la delación premiada como herramienta principal, estaríamos dando una estocada al sistema penal en la República Dominicana.
El sistema de justicia negociada, no obstante su carácter eminentemente práctico, choca en gran medida con las garantías procesales de los investigados, el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio oral, público y contradictorio.
Debemos dejar a un lado el populismo punitivo
jpm-am