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Decadencia régimen de Nicolás Maduro y transicion democratica
La República Bolivariana de Venezuela, otrora una de las democracias más estables de América Latina, ha transitado en las últimas dos décadas hacia un modelo político autoritario inspirado en el socialismo del siglo XXI.
Lo que inicialmente se presentó como un proyecto de justicia social y soberanía económica terminó alineando al país con regímenes de carácter autoritario como Cuba, Irán y Nicaragua. Esta transformación ha sido liderada por Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez, quien ha consolidado un sistema de poder basado en el control institucional, la represión política y el aislamiento internacional.
El ascenso político de Maduro comenzó en el movimiento sindical, desde donde pasó a ocupar cargos clave en el aparato estatal: diputado, presidente de la Asamblea Nacional, canciller, vicepresidente ejecutivo en 2012 y finalmente presidente de la República tras la muerte de Chávez en 2013.
Desde entonces, ha sido reelecto en procesos electorales ampliamente cuestionados por organismos internacionales, el más reciente en 2024, asumiendo un nuevo mandato el 10 de enero de 2025 (OEA, 2024; Human Rights Watch, 2023).
Contrario a lo que muchos analistas preveían, Maduro logró consolidar un modelo de poder autoritario mediante alianzas estratégicas con Rusia, China, Irán y Cuba. Estas relaciones no solo han garantizado apoyo económico y militar, sino que han permitido la supervivencia del régimen frente a las sanciones internacionales. Paralelamente, el gobierno desarrolló una estructura de control político en los barrios populares mediante organizaciones comunitarias, programas sociales y propaganda ideológica, asegurando la lealtad de los sectores más vulnerables (Corrales & Penfold, 2015).
La oposición venezolana tuvo una oportunidad histórica en 2015, cuando obtuvo la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. Sin embargo, su intento de revocar el mandato presidencial en 2016 provocó una respuesta institucional contundente: el Tribunal Supremo de Justicia anuló las competencias del parlamento y el Consejo Nacional Electoral bloqueó los mecanismos de participación. En 2017, el Ejecutivo consolidó el control total del poder público mediante una Asamblea Constituyente paralela, neutralizando cualquier contrapeso democrático (International Crisis Group, 2018).
A este proceso se sumó el éxodo masivo de venezolanos. Más de siete millones de ciudadanos han abandonado el país, dejando un vacío político que fue ocupado por el oficialismo en todos los niveles del Estado: municipios, gobernaciones, sistema judicial y fuerzas armadas (ACNUR, 2024). La desarticulación de la oposición, debilitada por la falta de representación institucional, redujo sus posibilidades reales de disputar el poder.
Las recientes estrategias electorales de figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado apostaron más al respaldo internacional que a la organización territorial interna. Sin control de los órganos electorales ni presencia efectiva en las instituciones, sus posibilidades de éxito fueron limitadas. En el marco jurídico venezolano, aunque la legitimidad del proceso pueda ser cuestionada, el gobierno de Maduro se mantiene dentro de la legalidad formal (CNE, 2024).
Desde el punto de vista discursivo, Maduro conserva una retórica ideológica heredada del chavismo clásico, evocando el nacionalismo, el antiimperialismo y la lucha de clases, en la línea de líderes como Fidel Castro y Hugo Chávez. Este discurso ha servido como instrumento de cohesión política en un contexto de polarización ideológica entre socialismo y capitalismo, donde el margen de negociación es mínimo.
No obstante, el prolongado deterioro económico, el colapso institucional y las denuncias sobre vínculos con Irán y grupos armados como Hezbolá han encendido las alarmas internacionales. Estados Unidos, especialmente durante la administración de Donald Trump, endureció su postura al considerar que el régimen venezolano representaba una amenaza geopolítica para la región (Departamento de Estado, 2020).
Las acusaciones contra Maduro incluyen fraude electoral, usurpación de funciones, violaciones a los derechos humanos, narcotráfico y cooperación con regímenes autoritarios. Estados Unidos decidio ponerle fin a ese regimen y capturarlo para someterlo a la justicia y que pague por el precio de sus actuaciones criminales.
Frente a este escenario, la salida a la crisis venezolana debe pasar por la liberación de presos políticos, el retorno de los exiliados, el cese de la persecución ideológica y la celebración de elecciones libres y transparentes bajo supervisión internacional.
La transición democrática de Venezuela requiere garantías institucionales, reconciliación nacional y el compromiso de la comunidad internacional. Solo así podrá reconstruirse una nación fragmentada por la polarización, el autoritarismo y la diáspora.
of-am
