Critican pedido plazo investigación Odebrecht en la R.Dominicana

El juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conducir la instrucción especial de este caso, otorgó un plazo de ocho meses, que concluye en febrero, al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar formal acusación contra los imputados, pero la Procuraduría solicitó otros cuatro meses para concluir el proceso.

El juez fijó para el 6 de febrero la audiencia para conocer la petición, que ha generado críticas de sectores como la organización Participación Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional (TI), quien señaló que el Ministerio Público «nueva vez manifiesta su dificultad de reconstruir los hechos materiales de los actos de sobornos admitidos por la empresa Odebrecht.

Esto, señaló en un comunicado, «desacredita no sólo el caso más importante del país, sino la labor de los fiscales, y fomentan las posiciones de aquellos que creen que se trata de errores intencionales que buscan facilitar la impunidad».

Mientras que el exmandatario del país Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición, y cuyo presidente es uno de los imputados, consideró hoy que la solicitud es «un show más de las autoridades».

Por su lado, Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, presidente del PRM, señaló que esto demuestra «la falta de gestión adecuada» del Ministerio Público en esta investigación.

El periódico local Diario Libre informó hoy de que el procurador general de la República solicitó a Argentina, Panamá y España informes sobre productos financieros de los 14 imputados por el caso Odebrecht así como de parientes y allegados.

Fuentes de la Procuraduría General consultadas por Efe señalaron que se trata de información confidencial por lo que no podían dar detalles sobre la misma.

Odebrecht asegura haber distribuido 92 millones de dólares en el país entre 2001 y 2014 para agenciarse la adjudicación de contratos gubernamentales.

Además del presidente del PRM, por este caso están imputadas 13 personas más, entre ellas, el destituido ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, un reconocido dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Asimismo, el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.

El grupo está acusado de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero todos se encuentran en libertad condicional.

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