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Corrupción e impunidad
Uno de los problemas más difíciles que ha debido afrontar el país en las últimas décadas y pese a la modernidad, es el de la corrupción en el Estado, los niveles de impunidad que se registran ante el poder del dinero y la influencia política.
Esto incluye a gobernantes, funcionarios designados y electos en los distintos poderes que rigen la cosa pública, incluyendo jueces y fiscales venales, con muy honrosas excepciones, que a cambio de canonjías, de más elevadas funciones y de mantener el estatus político y hegemonía, además, de los niveles de riquezas conque salen del Estado, incurren en violaciones.
La actual gestión de Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader debe poner el mayor de los empeños en evitar que su ejercicio de ocho años frente a la cosa pública quede marcado por las acciones indelicadas de ambiciosos amigos, políticos e indelicados, que nos desperdician la oportunidad de obtener riquezas a costa del Estado y de las debilidades de sus estructuras políticas.
Cuando se dan ejemplos en casa con valentía, los demás se ponen en actitud preventiva para no caer por sus errores o los de sus allegados, sacrificando a la nación para llenar sus bolsillos y exhibir con descaro fortunas que no han trabajado ni heredado, la Comisión de Ética Gubernamental, el Congreso, la Cámara de Cuentas y la propia Contraloría Nacional, deben vigilar con entrega, para evitar que el país sea una fuente de riqueza para los corruptos innatos y formados.
Nos es justo, ahora y nunca, que se defraude el Estado y que luego los estafadores del Erario queden impune a cambio de pequeñas sumas que en nada compensan lo robado a los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos.
Se debe comenzar a dar ejemplo, los jueces y fiscales como todos los servidores públicos, deben ser, por encima de todo, defensores de los intereses de la patria y garantes del porvenir de las próximas generaciones.
Caiga quien caiga, la Ley ha de ser para todos, sin privilegios irritantes, sin sanciones duras para unos y benévolas para otros. La Justicia ha de operar y arrojar resultados equilibrados y garantes de la permanencia de la nación y de la protección de los recursos que provienen de sus arcas. ¡Mano dura con los corruptos!
