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WASHINGTON.- El Estado de Colombia se retiró el lunes pasado de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la restricción de los derechos políticos en el país sudamericano, vinculada al caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
La audiencia debía versar de manera general sobre el marco jurídico y las prácticas en Colombia para restringir derechos políticos, pero la delegación colombiana señaló que su intervención habría afectado la defensa del Estado en el caso contra Petro, actualmente en proceso ante la CIDH.
Según Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano, “las consideraciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en este escenario pueden tener incidencia directa” en el caso del alcalde.
La Procuraduría colombiana ordenó en diciembre la destitución e inhabilitación política de Petro por 15 años Petro denunció su caso ante la CIDH, que dictó la semana pasada medidas cautelares en su favor. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos siguió adelante con la destitución y designó un alcalde interino de Bogotá.
“El Estado se reserva el derecho a presentar sus argumentos y sus posiciones en el marco de las etapas y las instancias procesales previstas” en el sistema de la CIDH, añadió Guillén.
jt/am
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