Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Piden 18 meses de prisión para diez acusados en el caso Senasa
Reflexiones sobre la corrupción en su Día Internacional
Rusia afirma avanza en «todo el frente» del este de Ucrania
Caso SENASA: prueba para el Estado
Clásico Mundial de Beisbol tendrá dos juegos RD y Detroit
Normas para estaciones de combustibles
Torneo pesas inicia la cuenta regresiva para Juegos SD 2026
Ponen en escena en el Teatro Nacional obra Habemus Papa
Acroarte celebra su tradicional encuentro de la confraternidad
Educación y carácter: deuda que RD no puede posponer
Caso SENASA: prueba para el Estado
POR LUISANNA LORA PERELLO
En este país ya estamos cansados de escuchar la misma historia contada con diferentes nombres: un funcionario llega a una institución pública, administra recursos que no son suyos, toma decisiones que afectan directamente a los más vulnerables… y al final, cuando la marea sube, se descubre que detrás había un entramado que drenaba fondos como si se tratara de un negocio personal.
Hoy el nombre en el centro del huracán es Santiago Hazim, exdirector del SENASA, arrestado tras más de cinco horas de interrogatorio por su presunta vinculación en uno de los fraudes más graves cometidos contra el sistema de salud pública.
Pero este caso no empieza con el arresto. Empieza mucho antes, cuando desde distintos sectores comenzaron a surgir denuncias sobre cobros fraudulentos, procedimientos médicos inexistentes, afiliados usados sin su conocimiento y un manejo administrativo que, según la investigación, dejó brechas suficientes para que un grupo hiciera fiesta con el dinero destinado al bienestar sanitario de millones de dominicanos.
SENASA no es una institución cualquiera.
Es el seguro del pueblo: de la señora que madruga para dializarse, del envejeciente que lucha por acceder a sus medicamentos crónicos, del trabajador informal que jamás podría pagar una consulta privada.
Por eso duele más.
Porque en un país donde la salud es una batalla diaria, descubrir que desde dentro se estaba jugando con esos recursos es una falta que no cabe en ninguna justificación administrativa.
Y aquí entra el punto que no podemos seguir evadiendo: la responsabilidad de los funcionarios.
Cuando un servidor público acepta un cargo, no recibe una llave para operar como le convenga ni un cheque en blanco para mirar hacia otro lado mientras terceros se aprovechan. Dirigir una institución es entender que cada peso mal manejado es un servicio que no se dio, un medicamento que no llegó, una vida que se dejó desprotegida.
En medio del escándalo, el presidente Luis Abinader reaccionó y pidió que SENASA se constituya en actor civil “para recuperar hasta el último peso de lo robado”. Además, afirmó que en su gobierno “no hay espacio para la corrupción ni la impunidad”, recordando que ordenó la investigación desde el momento en que surgieron indicios de irregularidades.
Que el jefe de Estado asuma públicamente esta postura es importante, pero también abre una pregunta obligada: ¿por qué seguimos llegando tarde? ¿Por qué los sistemas de control internos no detectaron o no frenaron lo que hoy se expone como un fraude millonario?
Hazim fue apresado el pasado sábado en la noche, junto a otras siete personas, a solicitud del Ministerio Público, por su presunta participación en una estructura delictiva que habría malversado fondos del Senasa y comprometido la calidad de los servicios destinados a los afiliados.
Y la lista de detenidos no es menor: Eduardo Read Estrella, Germán Rafael Robel Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Todos señalados como parte del engranaje que, según las autoridades, convirtió recursos públicos en un festín privado.
El país ya conoce este guion cansado: funcionarios sorprendidos, equipos legales que se aferran a tecnicismos y expedientes que, cuando por fin se abren, exponen una cadena de irresponsabilidades que nada tiene que ver con el servicio público… y mucho con el descaro.
La indignación que muchos sentimos hoy no es únicamente contra un nombre, sino contra un sistema que durante décadas permitió que la salud se tratara como un botín repartible.
Este caso debe ser una advertencia contundente: los gobiernos no pueden seguir nombrando funcionarios por compromisos políticos, afinidades internas o cuotas partidarias. La salud de un país no puede caer en manos improvisadas, indiferentes o incapaces de controlar la institución que dirigen.
El caso SENASA será una prueba para el Ministerio Público, pero también para la capacidad del Estado de cuidarse de sí mismo.
Porque cuando un funcionario falla, no es él quien cae: cae la confianza pública, cae el servicio, cae el bienestar de la gente.
Y ya está bueno de caer.
jpm-am
