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La reforma fiscal no fue aplicada, ese castigo legal quedó suspendido, pero el otro, el que imponen a diario los comerciantes a la población sigue tan lacerante o más que nunca.
Ya la primera víctima del rechazo popular al paquetazo agonizó y pereció: el tren metropolitano. Habrá que ver cuáles continúan y si esa lista nefasta abarca hospitales, escuelas y otras obras esenciales.
Duele ver cómo las autoridades agarran ese argumento para frenar la construcción de infraestructuras e imperturbables ignoren las sugerencias de la población para recaudar fondos.
Esas propuestas incluyen eliminar privilegios a legisladores, revisar los sueldos astronómicos de funcionarios y claro, arrancar de cuajo las botellas.
Esto acompañado de un control de precios que garantice estabilidad y frene el desorden sembrado por los establecimientos de todo tamaño, cuyo agiotismo devora el presupuesto familiar.
El impacto del alto costo golpea a la canasta alimentaria y sobre todo a los de abajo, aunque algunos insistan en que la clase media es la gran afectada.
Encima siempre una manera de engañarlo, de estafarlo. Ya las redes sociales están llenas de denuncias de que entre los productos ofrecidos en el viernes negro los hay descontinuados y por tanto, la oferta no es tal y que otros fueron subidos de precio para luego bajarlos al de antes.
Esto es materia de las autoridades, función del Instituto de Protección al Consumidor, que debe verificar, actuar porque de ser cierto es sancionable.
Así, control del erario, de los ingresos y egresos, mayor fiscalización y verdaderas ganas de hacerlo bien, traerán cambios reales y menguarán en parte las vicisitudes de un pueblo demasiado pateado y engañado.
jpm-am