Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
FP aclara gremios jurídicos no están para defender votos
Aumentan US$2,400 millones exportaciones a Mancomunidad
MP presentará más imputados caso Senasa, dice Procuradora
Desmantelan centros diversión nocturna en ciudad Puerto Plata
Rusia exige inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro
FP: Importaciones y falta de planificación asfixian productor
Aumentan a 34 los muertos por tormenta nieve y hielo en EEUU
Dominicana muere en incendio durante tormenta de nieve EU
BOSTON: Fallece un dominicano al caer desde un quinto piso
España: Detienen dominicano y otros 6 por estafa y usurpación
Abogado Julio Cury insiste se debe instituir el juez de ejecución civil
SANTO DOMINGO.-El jurista Julio Cury insistió en la necesidad de que se legisle para instituir el juez de ejecución de lo civil, tras considerar que solo así podrán evitarse los atropellos que suelen cometerse cuando se realizan embargos ejecutivos y desalojos de inmuebles.
“Las vías de ejecución se han prestado a abusos, no solo en ausencia de títulos ejecutorios sino también cuando se procede en virtud de ellos”, expuso.
Alegó que muchos de esos abusos están asociados a decisiones judiciales que no han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y sin embargo son invocados para practicar embargos ejecutivos sin disponer de fuerza pública.
Cury sostuvo que, según el artículo 113 de la Ley No. 834, ninguna sentencia susceptible de un recurso suspensivo de ejecución, como los de apelación y casación, adquiere fuerza ejecutoria sino solo a la expiración del plazo, y que la prueba de ese carácter resulta de la notificación de la decisión y de una constancia de “que no se ejerció el recurso habilitado en el plazo legalmente previsto”.
Rreiteró que debe ser aprobada una ley que se le confiera a un juez de la ejecución civil el derecho de examinar la fuerza ejecutoria de la sentencia o del título auténtico exhibido a fin de que se autorice al ejecutante el uso de la fuerza pública debidamente identificada.
“Con peligrosa frecuencia alguaciles desaprensivos, asistidos de civiles armados y hasta de miembros de la Policía Nacional que actúan por cuenta propia, ejecutan desalojos y embargos, atentando contra los principios de legalidad y seguridad jurídica”, manifestó.
of-am-sp
