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SANTO DOMINGO.- La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó el fallo en la audiencia de medida de coerción a los siete implicados en el caso denominado «camaleón», por supuesta corrupción en la compra de semáforos que fueron instalados en la ciudad de Santo Domingo.
El tribunal recesó la audiencia para las 3:00 de la tarde de este jueves, cuando se espera un veredicto.
Los abogados defensores aseguran que «no existen» medios suficientes para que se imponga prisión preventiva como medida de coerción, el Ministerio Público se mantiene firme en su pedimento de 18 meses de prisión preventiva para los siete implicados.
«En este proceso hemos presentado elementos más que suficientes como para que este tribunal acoja la solicitud del Ministerio Público», expresó Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) a su salida de la audiencia.
LOS IMPUTADOS
Conforme el expediente, el exdirector del del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, dirigió y autorizó la adjudicación de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas requeridas.
Beras fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado. También se le acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios, entre otros delitos.
Asimismo, la Pepca imputa a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de la empresa Aurix S.A.S., como el principal beneficiario económico del esquema.
El órgano aduce que Gómez Canaán controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia.
Otro de los implicados en el caso Camalaeón es Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien fue coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant.
Según el expediente, Atilano Díaz tuvo una activa participación en la adjudicación irregular de contratos y aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta.
Su rol fue manipular la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los demás acusados, según señala el Pepca.
En el caso también figura Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien se desempeñó como director de Tecnología del Intrant.
El Ministerio Público sostiene que Baquero fue una pieza clave en la coordinación técnica del fraude.
Al exdirector Administrativo y Financiero del Intrant, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, se le imputa haber emitido una certificación falsa en la que afirmaba que el Intrant contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación.
No obstante, los fondos fueron solicitados en mayo de 2023 y se recibieron hasta julio, lo que según el Ministerio Público, demuestra que el proceso se inició sin que el Intrant contara con la debida apropiación de fondos, y así la falsedad de contenido.
Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y socio de Jochi Gómez, fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico, conforme a lo establecido por la Pepca.
El expediente sostiene que después de haber renunciado del Intrant, Padovani colaboró de manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam y tuvo participación directa en el fraude de la Licitación Pública Nacional número “Intrant-CCC-LPN-2023-0001”.
Otro de los imputados es Carlos José Peguero Vargas, supuesto responsable, junto a Jochi Gómez, de movilizar fondos a través de la empresa Inprosol S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam.
Peguero era el encargado de los asuntos técnicos-informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán, dice el organismo. “De igual forma colaboró en la construcción de la estructura financiera ilícita de este”.
jt/am
a los acusados que no se preocupen que aquí hay dos justicia. a los ladrones de cuellos blancos que se roban el país los mandan a su casa con arresto domiciliario y los cuidan para que beban romo. y a los pobres a las cárcel a pagar por robar gallina.
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ahí hay gato entre macuto , no se sorprendan que a los acusados lo envíen a un hotel a disfrutar de la playa !!!!!! este es mi país y esta es mi gente !!!!!!