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CARACAS, 30 Ago.- La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha denunciado este jueves la «persecución política a la que está siendo sometido Edmundo González Urrutia», quien se presentó como candidato presidencial a las elecciones del 28 de julio, tras la tercera y última citación de la Fiscalía por la supuesta comisión de varios delitos, incluido usurpación de funciones.
«La Plataforma Unitaria Democrática alza nuevamente su voz ante la persecución política a la que está siendo sometido (…). Los supuestos delitos que han sido mencionados por el fiscal general, en las citaciones correspondientes, se relacionan con al existencia de ejemplares de las actas de escrutinio expedidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, por tanto, obtenidas por nuestros testigos en las mesas de votación, todo de conformidad con lo previsto en la normativa legal vigente», reza un comunicado.
En este sentido, ha explicado que las actas, que son parte del sistema electoral automatizado, «reflejan la voluntad expresada por los electores en cada mesa» y subrayado que estas «deben ser puestas de manera inmediata a disposición de los testigos de cada candidato que ha participado en la elección. Por eso, ha asegurado que digitalizar y resguardar las actas «no es un delito».
«Nada se opone, además, a que dichas actas, posterior al primer anuncio de resultados por parte del CNE, se publiquen para conocimiento y verificación de la ciudadanía, tarea que no estuvo a cargo de Edmundo González y que, en todo caso, no representa delito algo. Ello promueve más bien la participación ciudadana», ha señalado, antes de recordar que en 2013 el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, «hizo lo mismo en la página» del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Por último, ha recordado que el CNE «aún no ha dado cumplimiento a sus deberes constitucionales de presentar resultados desglosados por mesa de votación, que estén apegados a la voluntad popular expresada el 28J, de conformidad con la Constitución y las leyes venezolanas y de acuerdo con los principios de transparencia y confiabilidad». «No pretendan convertir en delito el legítimo reclamo de que los resultados oficiales se ajusten a la voluntad expresada», han concluido.
of-am