Qué hacer con la impunidad

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

Por HECTOR DOTEL MATOS
Fecha: 10/11/2022
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Por falta de castigo, es decir, libertad que un delincuente consigue de la pena en que ha incurrido. La impunidad puede venir de no haberse descubierto el delito o su perpetrador, de no haberse probado la delincuencia o criminalidad del acusado, de haberse sustraído el delincuente por la fuga o por refugió en lugar de asilo, de haber conseguido perdón o indulto, o de haber quedado prescrita la acción criminal.

La impunidad no debe depender del juez, cuando el crimen está plenamente probado en justicia; pero mientras haya duda, vale más exponerse al riesgo de absolver al culpable que condenar a un hombre que puede ser inocente.

Suelen quedar impunes muchos delitos por razones políticas, así como otros a los que la acción penal no alcanza por ineficacia policial, y que constituyen la zona negra a que tanto alude en sus estadísticas el criminalista Hans von Hentig.

La impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley, sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, o donde el poder judicial es débil o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades.

En América Latina y el Caribe resolver un delito no es tarea fácil. Mientras que en Europa se condena a 81 delincuentes por cada 100 víctimas, en nuestra región ese trabajo se queda en apenas 24. Sin embargo, la cadena de impunidad no acaba ahí. La saturación en los tribunales ha convertido a la Justicia en una institución lenta, descoordinada y cara. Y ello tiene implicaciones más allá de las curias.

En nuestra región, hace 30 años, se empezó un proceso de reformas a los sistemas criminales. ¿Cuáles fueron los elementos principales? Primero se ha fomentado la coordinación entre la policía, las fiscalías, los juzgados y el sistema penitenciario. También, los juicios son públicos y en ellos participan todos los actores implicados en un caso (víctima, acusado, testigos, policía, etc.).

El juicio, de hecho, ha pasado a ser un elemento más dentro de la justicia. Pero el sistema está preparado para contemplar otras salidas alternativas donde lo más importante es decidir si existió daño. Y, de ocurrir así, hay que enmendarlo.

En algunos países, dependiendo del marco legal, la investigación criminal es liderada y supervisada por la fiscalía y apoyada por los cuerpos de policía. Entre nosotros es así también. Esta nueva función para los policías requiere una especialización en investigación criminal.

En Colombia, por ejemplo, la Policía Nacional apoya a la Fiscalía a través de la recolección de pruebas, la formulación de hipótesis y el análisis técnico-científico de la evidencia. Estos insumos contribuyen a construir una explicación mucho más sólida de los hechos delictivos y sirven de base para la construcción del caso judicial.

Los nuevos sistemas de justicia penal contemplan medidas alternativas de solución de conflictos) justicia alternativa, procesos abreviados, etc.). Esto ha permitido avanzar en la descongestión de la justicia en muchos países. Un gran ejemplo es Chile.

El sistema de justicia penal de ese país cuenta con los Tribunales de Tratamiento de Drogas(TTD) que combinan la resolución del delito con medidas terapéuticas alternativas a la prisión, para aquellos delincuentes que cometieron su delito bajo la influencia de algún estupefaciente.

Se dice que América Latina está haciendo un gran esfuerzo fiscal para mejorar el cumplimiento de la Ley: el 5,4% del gasto público regional va destinado a inversión en seguridad ciudadana y justicia. Sin embargo, simplemente gastar no es suficiente.

En general, los países de la región coinciden en la necesidad de hacer más eficiente la judicialización del delito. En Chile (como ejemplo), ha venido construyendo sistemas de justicia digital desde hace varios años. Otros, como México, han priorizado en sus agendas recientes la modernización de sus sistemas de justicia penal.

Por último, la impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.

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