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Huelga de empleados de tribunales de Haití cumple dos semanas
Puerto Príncipe, 13 ago.- La huelga de los empleados de las 18 jurisdicciones de Haití cumple hoy dos semanas consecutivas, y sus protagonistas amenazan con continuar el movimiento de protesta.
Entre las principales demandas resalta el ajuste salarial, entrega de tarjetas de débito, publicación del estatus especial de estos trabajadores y la implementación de un plan de seguridad en los juzgados.
El ministerio de Justicia se comprometió a respetar estas exigencias del acuerdo del 3 de noviembre de 2017, sin embargo hasta el momento solo vemos indiferencia, aseguró al diario Le National, Ené Martin, presidente del sindicato.
Precisó que además demandan el cumplimiento de los planes de capacitación en la escuela de la judicatura.
Martin además hizo sonar la alarma sobre el resurgimiento de la inseguridad en el área metropolitana de Puerto Príncipe, particularmente en Bicentenario sede del Tribunal de Primera Instancia, lo que perjudica el trabajo de los secretarios de juzgado, lamentó.
Este no es el primer movimiento de reivindicación en el seno de la justicia durante 2020. En marzo pasado, el gremio llamó a un paro general para denunciar la inseguridad en las 18 jurisdicciones del país, en medio de un exponencial crecimiento de los secuestros y asesinatos, en especial en la capital.
Y en junio último, los jueces protagonizaron un mes de protesta por mejores condiciones de trabajo, aumento presupuestario, y la renovación de los mandatos.
De hecho, la Asociación Nacional de Magistrados de Haití calificó de catastrófico y totalmente perdido el año judicial 2019-2020, en medio de las crisis políticas y sanitarias que conmocionan al país.
En un balance sobre la gestión de los jueces, el presidente de la organización, Jean Wilner Morin, subrayó que la inseguridad y la violación de los derechos humanos, tuvieron un negativo impacto en el trabajo de los magistrados.
En este contexto los más desfavorecidos son los 10 mil 700 prisioneros, de los cuales al menos el 75 por ciento, se encuentra bajo detención preventiva prologada, alertan las organizaciones de derechos humanos.
of-am