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SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) saludó la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que confirmalas facultades de esta entidad de sancionar y multar a los infractores a la ley que garantizalos derechos fundamentales de losconsumidores o usuarios en la Republica Dominicana.
La Suprema dejó sin efecto una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo quenegaba esa prerrogativa a la entidad.
La disposición está contenida en un recurso de casación fallado a favor de Pro Consumidor por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia.
La decisión establece que el Tribunal Contencioso Administrativo “incurre en la violación denunciada al atribuirle a Pro Consumidor una acción restringida a la investigación, lo que hace su sentencia nula de nulidad absoluta, más aún cuando se trata de la inobservancia de una ley de orden público e interés social”.
Rojo Gas interpuso un recurso de amparo contra una resolución de Pro Consumidor que le impuso una multa de 100 salarios mínimos,luego que Pro Consumidor comprobara que tenía alterados los pesos con los quemedía el gas de cocinar que vendía a los usuarios.
La sentencia del Tribunal Superior Administrativo indicaba que la entidad defensora delos derechos del consumidor carecía de la competencia para imponer sanciones pecuniarias.
“La sanción administrativa es una expresión del ius puniendi del Estado (expresión latina que se refiere en Derecho a la facultad del Estado para castigar), que es una consecuencia lógica del ordenamiento jurídico, pues la norma sin sanción carecería de imperio, y que su objetivo es corregir una conducta, es decir, es un medio para educar al infractor”, expresó en un comunicado Altagracia Paulino, directora de Proconsumidor.
Dijo que «la SCJ ha enmendado el error deltribunal Contencioso Administrativo con lo que esta institución “nos devuelve la esperanza y confirma que no todo está perdido en este país”.
“Toda la relación de adquirir un bien, un servicio está resguardado en la Constitución y la Suprema lo ha reconocido, como también la ley que es de orden público, de interés social, que garantiza los derechos constitucionales de todos los dominicanos en su relación con el mercado”, agregó.
Dijo que los poderes del Estado, los poderes públicos como el Congreso y el Ejecutivo que hicieron la ley, están respaldado por el Poder Judicial que reconoce y resarce un poco las fallas de los tribunales inferiores o de los tribunales que no han interpretado correctamente el espíritu de la ley y de la Constitución de la República. “Fue un fallo contra la población y hoy la suprema resarce ese fallo”.
Expresó que la mejor forma de hacer ciudadanía es leyendo las leyes y exhorto a la población a indagar y conocer sus derechos ya que eso ayuda a instituciones como Pro Consumidor, a seguirprotegiendo y asegurando su bienestar económico.