Ineficacia en la fiscalización del Estado

La fiscalización en RD nació en 1852 y desde entonces ha ido evolucionando, hasta su modernización con la ley 10-04 que crea la Cámara de Cuentas (CC). Sin embargo, ni esta norma ni la ley 311-14 se cumplen y aunque es una falta grave no tenemos quien sancione a los funcionarios como establece la ley de función pública.

La CC tiene un Pleno de 5 miembros, 4 de ellos ganan $ 313 mil c/u y su presidenta que gana $ 350 mil. Cuenta con 458 empleados fijos, con buenos salarios, seguridad social y bonificaciones, 144 auditores, decenas de empresas auditoras y 19 pensionados. Le ingresa $ 600 millones anuales y gasta en nómina $ 260 millones.

Su función es ejercer el control externo del estado a través de auditorias. Pero depende de la procuraduría y del ejecutivo para mejorar la diafanidad del estado. Cuando no se tiene una CC imparcial y apartidista que vele por los recursos públicos y una procuraduría independiente, hablar de transparencia es un engaño.

Desde el 2008 a la fecha, la CC lejos de examinar las 366 instituciones públicas, entre las cuales hay 282 centralizadas y 84 descentralizadas y autónomas, solo ha fiscalizado a 125 entidades públicas lo que equivale a un (40%), 75 centralizadas que es un (25%) y 50 descentralizadas y autónomas para un (60%).

Tampoco ha cumplido su deber de fiscalizar las ONG, ni los Ayuntamientos ni los Distritos Municipales. De los 228 Distritos, se han realizado 31 auditorias. De los 155 Cabildos, se han efectuados 52 exámenes. Y de las miles de ONG, se han hecho 6 inspecciones.

Todavía estamos esperando el informe de la CC sobre las 647 ONG que reciben más de 766 millones que no han reportado sus gastos. Aunque ha sido eficiente auditando el 100% de los partidos. Se puede decir que la CC es deficiente en la fiscalización del estado.

Durante ese período, se ha enviado al PEPCA 18 auditoría en 2009, 3 en el 2010, 9 en el 2011, 22 en el 2012 y 7 en el 2013 para un total de 59 que presentan irregularidades y que deben investigarse. El 60% de todas las auditorias están en proceso desde el 2014. La auditoria de la ARS Semma tiene más de 4 años entre el informe preliminar y la replica del ente auditado y aún no ha sido publicada.

La mayoría de estas auditorías han encontrado un manejo inadecuado e irregular de los recursos públicos pero se han quedado en la denuncia, mientras otras han sido archivadas en la justicia. Los procesos de auditar las instituciones públicas lejos de cumplir con sus objetivos, apuntan a legitimar la corrupción e impunidad.

La CC como mecanismo fiscalizador no está apto para salvaguardar los recursos del estado. Esta deficiencia e ineficacia se agrava cuando en vez de completarlas todas, repite estudios a la misma institución. Hay entidades públicas que le han hecho 2, 3 y hasta 4 auditorias. En cambio, hay cientos que no han sido fiscalizadas.

Nunca se le ha hecho auditoría a personas físicas y jurídicas, que recaudan, administran o reciban recursos públicos con o sin contrato. Tampoco se ha auditado la ejecución del presupuesto, ni las inversiones publicas, ni los préstamos internacionales, ni el sistema diplomático, ni el Banco Central ni los contratos de concesión.

De hecho, las auditorías han sido manipuladas para no afectar intereses políticos. Tanto las auditorias del ejecutivo como del Senado tienen la opinión de aceptable y favorable. El pleno lo escogen ellos por lo que nadie verá la comisión de irregularidades.

Todavía hay 4,727 funcionarios que no han entregado su declaración de patrimonio según la CC, cuando la ley establece que deben hacerlo dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión sean elegidos o reelectos y luego de haber cesado en el cargo que es cuando menos se cumple y dificulta la sanción administrativa.

El funcionario que omite su declaración en el plazo limite comete una falta grave cuya sanción según la ley de función pública 41-08 no es suspenderle el salario por 90 días sino la cancelación del cargo. La destitucion de los funcionarios de libre nombramiento y remosion y un juicios de inhabilitación contra los que recién salieron del cargo.

El reto no solo es sustituir los miembros de la CC, sino también exigir la escogencia de personas honestas y apartistas en el pleno, darle inamobilidad por 10 años en la ley e independizar la procuraduria para evitar que sigan atrapadas a la política.

jpm