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Por fin, comenzará esperado juicio en Argentina
BUENOS AIRES.- El 6 de agosto comenzará en Argentina uno de los juicios más largamente esperados, el de la causa por encubrimiento del atentado en 1994 contra la asociación judía AMIA.
De hecho, es la primera vez que se juzgará a gobernantes, jueces, fiscales y exjefes policiales en esta causa que espera respuesta desde hace 21 años, resaltaron en reciente entrevista al diario Página 12 los fiscales Juan Murray, Sabrina Namer y Roberto Salum.
Los tres son nuevos miembros en la fiscalía encargada de investigar la causa AMIA, que se reestructuró después de la muerte de Alberto Nisman el pasado enero, y tienen la esperanza de encontrar elementos sobre el bombazo que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
Será de hecho un proceso inédito en Argentina cuando el Tribunal Oral Federal No. 2 abra sus puertas el jueves 6 de agosto.
Se trata de una causa comenzada luego de que todos los acusados iniciales por el atentado del 18 de julio de 1994 fueron absueltos en 2003 por el Tribunal Federal No. 3.
La causa se abre con la convicción de que los tres poderes del Estado se habían confabulado para encontrar falsos culpables por el atentado.
LOS ACUSADOS
Así, serán juzgados el expresidente Carlos Menem; su entonces jefe de la antigua Secretaría de Inteligencia (SIDE), Hugo Anzorreguy; el exjuez Juan José Galeano, que presidió la primera causa, y el extitular de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) Rubén Beraja.
También volverá al banquillo de los acusados Carlos Telleldín, uno de los principales imputados en aquel proceso inicial en el que fue juzgado por vender la camioneta utilizada como coche bomba, y quien recibió con posterioridad del exmagistrado Galeano 400 mil dólares para que cambiara su testimonio y mintiera.
El exjuez incluso instruyó a Telleldín, quien cumplió casi 20 años de prisión, a que acusara falsamente a cinco policías bonaerenses de realizar el atentado. Estos fueron sentenciados y liberados posteriormente por falta de pruebas.
En el nuevo proceso, también serán juzgados los exfiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, que investigaron el caso con el fallecido Alberto Nisman; el exsubjefe de la SIDE Juan Carlos Anchezar; el ex agente de Inteligencia Patricio Pfinnen, y la esposa de Telleldín, Ana Boragni.
Igualmente, estarán en el banquillo de los acusados el abogado Víctor Stinfale y los excomisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda.
La lista debió completarse con el exsecretario presidencial y hermano del presidente, Munir Menem, pero este murió en noviembre de 2010. Los imputados responderán por haber desviado la investigación del atentado para proteger a un presunto «paisano» del exmandatario.
El abanico de delitos que les imputó el juez federal Ariel Lijo, primero en encabezar la causa por encubrimiento, abarca los delitos de «encubrimiento, falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y violación de medios de prueba».
Los jueces del nuevo juicio serán Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, que juzgarán, entre otros cargos, el pago de 400 mil dólares para acusar falsamente a policías bonaerenses y no investigar la trama nacional del caso que se le llamó la pista siria.
LA DEMORA
La causa por encubrimiento del atentado a la AMIA se inició, originalmente, el 15 de febrero de 2000, a raíz de las declaraciones públicas del exprosecretario del juez Galeano, Claudio Lifschitz, quien hizo revelaciones claves.
El caso que fue tramitado en principio por el juez Ariel Lijo, ya había sido elevado a juicio por este en 2011, pero las dificultades para integrar el tribunal retrasaron su realización.
Durante años grupos concentrados de poder político con ayuda de aliados dentro del Poder Judicial intervinieron para evitar y dilatar el inicio del enjuiciamiento.
Pero la presión fue creciendo, en especial de las agrupaciones de sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas de la AMIA, Memoria Activa y 18J; inclusive, la presidenta Cristina Fernández hizo un fuerte llamado en su discurso a la nación para inaugurar la nueva Legislatura el pasado 1 de marzo.
Días después de ese llamado, las organizaciones que reúnen a los dolidos de la AMIA, en un acto de protesta se pararon y se retiraron del Palacio de Justicia cuando el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, inauguraba el nuevo año judicial como muestra de rechazo a la indolencia de ese órgano en demorar la causa de encubrimiento de la AMIA.
Incluso, investigadores políticos señalaron que con la fallida denuncia del finado fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta y el Canciller, de acordar con Irán para proteger a los presuntos culpables iraníes, se quería desviar la atención y proseguir ocultando la causa por encubrimiento.
Tras calificar de inédito el proceso, los fiscales Namer, Salum y Murray expresaron a Página 12 que tienen la expectativa de encontrar elementos sobre el atentado en sí mismo. Que alguno de los imputados hable y diga realmente qué hubo detrás de las maniobras que llevan a esta instancia.
«Este juicio tiene una connotación particular, que las instituciones estarán juzgando a las instituciones. Jueces y fiscales sentados, entre otros imputados, frente a jueces y fiscales. Uno está acostumbrado a juicios donde hay funcionarios políticos involucrados por hechos de corrupción. Esta vez son jueces, fiscales y gobernantes. Es inédito», recalcó Namer.
Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa, una de las agrupaciones de sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas de la AMIA, expresó que «si no sabemos nunca quiénes fueron los autores del atentado, eso es debido al encubrimiento».
LAS IMPUTACIONES
Borda explicó que se elevan dos causas a juicio; la primera parte, que se presentó en 2011, es ventilar el pago de 400 mil dólares para que el exreducidor de autos Telleldín modificara su declaración para culpar a la Policía Bonaerense, aquella llamada «conexión local».
La segunda -dijo- se refiere al encubrimiento de la llamada «pista siria», que se utilizó para no avanzar en la investigación.
La primera se centra en esclarecer la maniobra a través de la cual no se investigó a quién apareció como primer sospechoso en los primeros días, un ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul -de ahí el apelativo pista siria.
Existen registros de que Kanoore Edul habló telefónicamente con Telleldín, último tenedor de la camioneta Traffic antes de la explosión, y no pudo explicar en los primeros días de la pesquisa por qué llamó a quienes tenían el vehículo que luego explotó ante la AMIA.
Según los fiscales, esa investigación se frenó por orden del presidente Menem e intervinieron como protagonistas el juez Galeano, el comisario Palacios y otros.
De acuerdo con el acta acusatoria, Menem extralimitó sus funciones constitucionales al determinar, por intermedio de una comunicación efectuada por su hermano Munir Menem -quien ocupaba el cargo de coordinador general de la Unidad Presidencial-, al entonces juez federal Galeano a abandonar la investigación relativa a la denominada pista Kanoore Edul».
La orden presuntamente impartida por Menem arrastró a los demás acusados. Incluso, se recoge que el padre de Kanoore Edul visitó a Munir Menem en la Casa Rosada días antes de que se decidiera parar esa pesquisa.
Entre otras pruebas, el fiscal Salum señala que hubo sospechosos a los que se les intervino los teléfonos durante 10 años, mientras que el de Kanoore Edul se frenó un día después. «Algo que se tenía que investigar no se investigó», puntualizó.
El otro cuerpo de la acusación es el desvío de la investigación ocurrido, según las actas, dos años y medio después del atentado.
Namer, uno de los tres fiscales que actuarán en el juicio, comentó que todo indica que se necesitaban culpables y se decidió entonces pagar 400 mil dólares a Telleldín para comprarle una declaración falsa.
Existe el video que registró esa negociación en el que se ve al imputado, Telleldín, diciéndole a Galeano: «te traigo tal testigo, hago que te diga tal cosa, y fulano que declaró A, no te preocupes que va a decir Bâ�Ö.
Este segundo cuerpo de la imputación consiste en que al cumplirse dos años del atentado, supuestamente para exhibir algún resultado, se acusó como cómplices del ataque a un grupo de policías bonaerenses.
En términos políticos, en el marco del conflicto de Menem con el entones gobernador de la provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde, la idea fue echarle la culpa a la policía de éste. Cinco agentes fueron enjuiciados y cumplieron casi tres años de cárcel hasta que se pudo comprobar su inocencia.
A raíz de las numerosas irregularidades comprobadas, se puede concluir que la investigación se orientó a armar acusaciones pretendiendo atender, a la vez, las lógicas demandas de la sociedad y a satisfacer los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos, sostuvo Salum en las declaraciones a Página 12.
«Es decir, se desvió la investigación, se frenaron pistas, se armaron otras falsas, al servicio de los gobernantes», recalcó.
Para Sergio Burstein, titular de la agrupación 18J de sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas de la AMIA, hay probablemente mucho más, y deja entrever que en el atentado estuvieron manos y mentes extranjeras.
Burstein, al igual que otros miembros de la comunidad judía, fue un fuerte crítico del fallecido fiscal Nisman por también prolongar sin resultado alguno sobre el esclarecimiento de la verdad la investigación de la causa después que la asumió en 2004, y centrarla solamente en la presunta pista iraní, hacia la cual también fue desviada.
El líder de 18J relató al canal América 24 que el cuerpo 85 de las víctimas fatales desapareció, y que demandó reiteradas veces a Nisman que le esclareciera por qué la desaparición de esos restos, y el fiscal siempre eludió darle una respuesta fehaciente, e inclusive le pidió que se olvidara de eso.
Señaló Burstein que al cadáver encontrado cerca de la camioneta Traffic le faltaba una pierna y se presupone que podría ser el del terrorista que explotó el coche-bomba, o de uno vinculado a este, al que se le podría hacer exámenes de ADN, pero ya no existe. «Esto habrá que dilucidarlo», insistió.
LA ESPERANZA
El juicio que empieza el jueves 6 de agosto no es directamente sobre el atentado, sino sobre la investigación y las maniobras en torno a este. Sin embargo, no deja de generar expectativas.
El abogado de Memoria Activa, Borda, aseguró que el juicio por encubrimiento es vital para echar luz en la causa que investiga el terrible atentado.
«Se puede juzgar a los acusados de encubrir cuando aun no se sabe quiénes fueron los autores del atentado, esa frustración de no saber la verdad, es prácticamente lo que se le imputa a estas personas. Si no sabemos nunca quiénes fueron los autores, eso es resultado del encubrimiento, y eso es un delito», razonó el letrado.
Para Borda, las expectativas son las mejores, aunque estima que nada será fácil. «Sin dudas este proceso no será el punto final de la causa, que es verdaderamente compleja. Aún esperamos que se convoque a indagatoria a los exsecretarios del juez Galeano; nos queda mucho camino por recorrer».
El abogado destacó la importancia de la citación como testigos de la presidenta Cristina Fernández y del exjefe de operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso, alias Jaime.
La declaración de la mandataria -recalcó- es importante porque ella cumplió un rol vital en la comisión bicameral investigadora cuando era senadora. Además tuvo una postura muy crítica de la investigación que tenía a cargo el exjuez Galeano.
Y por su parte, Stiuso trabajó en la investigación, y su declaración en el juicio oral incriminó a un sector de la antigua SIDE por el pago a Telleldín.
El titular de 18J, Burstein, como muchos otros sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA tienen la esperanza, al igual que los fiscales, que algunos de los imputados en el calor del proceso se abran y aporten información y datos que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, o al menos que se abran nuevas pistas. En el proceso, que se vislumbra será largo, habrá seis querellas que representarán a las víctimas y a sus familiares.