Feminicidios: señales ignoradas, vidas perdidas

POR LUIS M. GUZMAN

El feminicidio en la República Dominicana no nace de un solo golpe ni de un arrebato aislado. Casi siempre viene precedido por señales, amenazas, celos extremos, control económico, acoso, denuncias, órdenes de protección incumplidas y una idea peligrosa de la pareja como propiedad.

Una orden de protección no puede ser un papel que la mujer guarda con miedo mientras el agresor continúa rondando su casa o su trabajo. Debe activar vigilancia, patrullaje, contacto periódico, respuesta inmediata y consecuencias si se viola la medida.

La denuncia también necesita dejar de ser un simple expediente. Cuando una mujer denuncia, el sistema debe evaluar riesgo, revisar antecedentes, verificar si hay armas, amenazas, violencia previa, dependencia económica, hijos menores o ruptura reciente. Las Unidades de Atención Integral del Ministerio Público tienen que conectarse con la Línea Mujer *212, las Casas de Acogida y la Policía. Denunciar debe abrir una ruta de vida, no aumentar el peligro.

El machismo sigue siendo una raíz profunda. Todavía se confunden celos con amor, control con protección y separación con humillación masculina. Esa cultura se combate desde la escuela, la casa, los medios, las iglesias y las comunidades. Por eso deben vincularse el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, las alcaldías, las juntas de vecinos y los líderes comunitarios. Prevenir también es educar antes de que aparezca la violencia. La prevención cultural debe ser constante, no una campaña ocasional.

La violencia económica debe verse como una señal de alarma. Muchas mujeres no salen de una relación peligrosa porque no tienen ingresos, vivienda, transporte, cuidado para sus hijos ni apoyo familiar. Por eso deben entrar al plan Supérate, el Ministerio de Trabajo, el INFOTEP, el Ministerio de Vivienda y los ayuntamientos. Sin ayuda material, decirle a una mujer “vete” puede ser una frase cruel, porque no toda víctima tiene una puerta abierta. La libertad necesita condiciones reales para sostenerse.

Los hijos de las mujeres asesinadas no son daños colaterales. Son víctimas directas, aunque sigan vivos. Pierden a su madre, muchas veces al padre preso o muerto, el hogar, la escuela estable y la confianza en el mundo. CONANI, el Ministerio de Educación, Salud Pública, el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial deben crear una ruta especial para esos menores, custodia segura, terapia, becas, salud y seguimiento. El funeral no puede ser el final del caso.

También hay que hablar del engaño, la infidelidad y los celos como detonantes posibles, sin convertirlos jamás en justificación. Una traición puede causar dolor, rabia y ruptura, pero no autoriza golpes, amenazas ni muerte. Si una relación terminó emocionalmente, lo responsable es cerrarla. Y si un hombre descubre un engaño, la salida es alejarse, buscar apoyo, separarse o acudir a la ley. El dolor no da derecho sobre la vida de nadie. La ruptura duele, pero la violencia destruye todo.

Por eso el país necesita educar emocionalmente a los hombres. Muchos aprendieron a dominar, no a perder; a imponer, no a retirarse; a ocultar dolor, no a pedir ayuda. Una estrategia seria debe incluir manejo de ira, celos, duelo, rechazo y paternidad responsable. Aquí pueden trabajar Salud Pública, Educación, iglesias, clubes deportivos, universidades y organizaciones sociales. La masculinidad no debe medirse por control, sino por autocontrol. Esa educación salva vidas.

La familia y la comunidad tienen un papel decisivo. Cuando un hombre amenaza, persigue, vigila, acosa o dice que matará, no estamos ante simples “problemas de pareja”. Estamos ante una señal de alto riesgo. Vecinos, familiares, iglesias, escuelas y juntas de vecinos deben saber cómo reportar sin exponer a la víctima. El 911, la Policía, el Ministerio Público y la Línea Mujer *212 deben funcionar como una red, no como puertas separadas. El silencio, en estos casos, puede convertirse en complicidad.

El Estado necesita un sistema único nacional de riesgo. Fiscalía, Policía, tribunales, Ministerio de la Mujer, CONANI, Salud Pública y servicios sociales deben compartir información sobre denuncias, órdenes activas, reincidencia, armas, amenazas y menores afectados. Si la información queda dispersa, nadie ve el peligro completo. Clasificar los casos en bajo, medio, alto y extremo riesgo permitiría actuar primero donde la vida está en peligro. Esa coordinación debe ser obligatoria, medible y permanente.

Los medios de comunicación también deben asumir responsabilidad. No es “crimen pasional”, ni “ataque de celos”, ni “tragedia amorosa”. Es feminicidio, violencia, persecución, control y asesinato. Los medios pueden ayudar si informan con cuidado, publican rutas de ayuda, evitan culpar a la víctima y explican señales de alerta. Nombrar bien el crimen no es un detalle, el lenguaje puede educar o puede seguir protegiendo al agresor. Informar con responsabilidad también es una forma de prevención.

El pais necesita pasar de la indignación a la prevención organizada. Eso exige órdenes vigiladas, denuncias con seguimiento, refugios suficientes, ayuda económica, educación masculina, protección a los hijos, datos confiables, comunidades alertas y sanción rápida al agresor.