La justicia no debe detenerse

POR CARLOS SALCEDO

Los jueces tienen pleno derecho a reclamar condiciones dignas para el ejercicio de sus funciones. No puede existir verdadera independencia judicial en medio de precariedades institucionales, limitaciones presupuestarias o debilidades estructurales que afecten la calidad del servicio. Una justicia debilitada termina comprometiendo el propio Estado de derecho.

Continuidad judicial y prudencia

Sin embargo, precisamente por la naturaleza esencial de la función jurisdiccional, los mecanismos de protesta utilizados por la judicatura deben ser compatibles con la continuidad del servicio judicial y con la preservación de la confianza ciudadana en la justicia.

La justicia no constituye un servicio público cualquiera. Para miles de ciudadanos representa el último espacio de protección frente a abusos, arbitrariedades o violaciones de derechos. Cada audiencia suspendida, cada decisión retrasada y cada tribunal paralizado impacta directamente la vida de personas que esperan respuestas del sistema judicial.

Por eso, la judicatura debe actuar con especial prudencia. La legitimidad de los jueces no proviene únicamente de sus decisiones, sino también de la forma en que representan institucionalmente la estabilidad, la responsabilidad y la continuidad democrática.

Falta de unanimidad de reclamantes

En ese contexto, resulta significativo que ni siquiera exista unanimidad dentro de la propia judicatura respecto al paro convocado. Inicialmente, los convocantes ni siquiera se identificaron públicamente, algo particularmente delicado tratándose de jueces, cuya función exige responsabilidad y transparencia.

Reclamantes con nombres y apellidos

No obstante, posteriormente se dio a conocer un listado de 232 jueces que, de manera abierta y responsable, asumieron públicamente los reclamos y suscribieron las demandas planteadas. Ese hecho contribuye a transparentar el debate y a situarlo dentro de cauces institucionales más compatibles con la responsabilidad inherente a la función judicial.

Este episodio evidencia, en todo caso, que existen posiciones divergentes dentro del propio cuerpo judicial respecto de la pertinencia del paro y de los mecanismos adecuados para canalizar las reivindicaciones. Resulta preocupante que, aun frente a esa falta de consenso, se haya recurrido a medidas que afectan directamente a los ciudadanos y al funcionamiento regular del sistema de justicia.

Mejores condiciones para jueces y servidores judiciales

Es cierto que los jueces requieren mejores condiciones y mayores recursos para desempeñar adecuadamente sus funciones. Nadie sensato puede desconocer esa realidad. Pero también es cierto que la República Dominicana enfrenta limitaciones presupuestarias y múltiples demandas sociales concurrentes. Precisamente por ello, las soluciones deben construirse desde la racionalidad institucional, la gradualidad y el equilibrio entre las necesidades sectoriales y el interés general.

La judicatura debe diferenciarse de dinámicas gremiales propias de otros sectores. No creo que los jueces quieran parecerse a la ADP ni trasladar al sistema judicial prácticas que terminan normalizando la interrupción de servicios esenciales como mecanismo ordinario de presión.

Consejo del Poder Judicial, diálogo y soluciones racionales

Al momento de redactar este artículo, he sabido que el Consejo del Poder Judicial ha convocado a una reunión a los jueces reclamantes. Esa decisión constituye una señal positiva y debería abrir paso a una salida institucional, razonable y equilibrada, que permita atender legítimas preocupaciones sin poner en juego la continuidad del servicio judicial.

El diálogo institucional debe prevalecer. Existen múltiples vías legítimas y eficaces para canalizar reclamos sin impedir el acceso de los ciudadanos a la justicia como pronunciamientos públicos, debates técnicos, mecanismos institucionales, espacios académicos y acciones coordinadas que preserven la credibilidad del Poder Judicial.

La independencia judicial necesita ser defendida. Pero también necesita ser ejercida con responsabilidad institucional. Porque cuando se paralizan los tribunales, el ciudadano siente que el Estado deja de escuchar precisamente en el lugar donde más necesita ser oído.

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