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Brasilia (EFE).- El expresidente brasileño Fernando Collor de Mello fue detenido este viernes en la ciudad de Maceió cuando se disponía a viajar a Brasilia para entregarse a las autoridades, después de que un juez del Supremo ordenara su captura «inmediata» para cumplir una condena por corrupción, informó su defensa.
Collor (1990-1992) fue condenado por el máximo tribunal a una pena de ocho años y diez meses por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero aguardaba en libertad el fallo del último de sus recursos.
En una nota enviada a la prensa, los abogados informaron de que el exmandatario fue preso a las 4:00 hora local (7:00 GMT) cuando se trasladaba hacia la capital brasileña para cumplir de forma «voluntaria» la decisión del juez y que está detenido en la Superintendencia de la Policía Federal en Maceió, su ciudad de residencia y capital del estado de Alagoas (noreste).
La sentencia del Tribunal Supremo
El magistrado Alexandre De Moraes dictó este jueves el ingreso «inmediato» en prisión del expresidente, tras rechazar el último recurso del también exsenador y decretó el inicio inmediato de la ejecución de la pena impuesta en mayo de 2023, según señaló el Tribunal Supremo en una nota.
Fernando Collor de Mello había sido condenado por parte de la máxima instancia judicial del país, pero la sentencia nunca llegó a cumplirse porque quedaron pendientes de resolución una serie de apelaciones.
Sin embargo, De Moraes archivó el último recurso presentado por el exmandatario dado su carácter «meramente dilatorio», con el que, según el juez, buscaba evitar el desenlace definitivo del caso.
De esta forma, el juez determinó «el cumplimiento inmediato de la sentencia condenatoria» para el ex jefe de Estado de 75 años, en régimen inicialmente cerrado.
El caso en contra del expresidente Fernando Collor de Mello
A Collor de Mello lo hallaron culpable de participar en una trama de corrupción en la empresa BR Distribuidora, antigua subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras.
Según la sentencia, el exsenador, con la colaboración de dos empresarios, «recibió 20 millones de reales (3,5 millones de dólares o 3,1 millones de euros al cambio de hoy) para viabilizar de forma irregular contratos de BR Distribuidora» con una tercera empresa «para la construcción de bases de distribución de combustibles».
