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Patronales, tragedias e incongruencias
El pasado domingo el municipio de Sabana Grande de Boyá cerró sus fiestas patronales con un episodio que dejó al descubierto las tensiones entre las autoridades locales y las fuerzas del orden, así como las contradicciones de un sistema que parece ir en contra de su propio desarrollo.
Mientras los residentes disfrutaban de un grupo artístico, la Policía Nacional se acercó para poner fin a la celebración, argumentando que no podía extenderse más allá de las 12 de la noche. Lo que siguió fue un conflicto entre el alcalde local y el comandante provincial de la policía, dos figuras mesuradas y profesionales, pero cuyos objetivos y órdenes colisionaron en ese momento.
El alcalde alegó su autoridad como ejecutivo municipal, mientras que el comandante insistió en que solo cumplía órdenes superiores. Ante el impasse, el comandante optó por retirar a sus agentes, y el alcalde asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad del evento con la policía municipal.
Este incidente, aparentemente local, revela problemas mucho más profundos: la violación a la Constitución, la necesidad de reformas institucionales y un freno al desarrollo turístico del país.
La medida de imponer horarios estrictos para actividades festivas no solo es desproporcionada, sino también anticonstitucional. La Constitución Dominicana garantiza el derecho a la reunión pacífica y al libre comercio, ambos violentados por estas restricciones.
Al limitar arbitrariamente el horario de las fiestas patronales, se coarta la libertad de los ciudadanos de celebrar su cultura y tradiciones y se afecta directamente a los comerciantes, artistas y trabajadores que dependen de estas actividades para su sustento. Y la Constitución es superior a leyes, decretos y resoluciones por lo que es violentada con esta medida.
Pero el problema no se limita a Sabana Grande de Boyá. En ciudades como Santo Domingo, el control de horarios ha convertido la vida nocturna en algo casi inexistente. Lo que antes era una ciudad vibrante, llena de restaurantes, bares y discotecas, hoy se asemeja a un cementerio después de la medianoche.
Miles de empleos se han perdido, cientos de negocios han cerrado, y la economía local ha sufrido un golpe del que aún no se recupera. Peor aún, esta falta de actividad nocturna ha creado un caldo de cultivo para la delincuencia, ya que las calles vacías son más propicias para actos ilícitos.
Las fiestas patronales y la vida nocturna no son solo espacios de entretenimiento; son también motores económicos que generan empleos, dinamizan el comercio y atraen turistas. Al restringirlas, no solo se afecta el derecho de las personas a reunirse y divertirse, sino que también se socava el desarrollo económico de los municipios y del país en general.
En el caso de Sabana Grande de Boyá, el incidente del pasado domingo es un ejemplo claro de cómo estas políticas mal diseñadas pueden generar conflictos innecesarios y frenar el progreso. Si queremos fomentar el turismo y reactivar la economía, es esencial revisar estas medidas y permitir que las comunidades decidan cómo y cuándo celebrar sus tradiciones u otras actividades festivas o no.
Reformas
El enfrentamiento entre el alcalde y el comandante de la policía también pone en evidencia la necesidad de reformas profundas en las instituciones del Estado.
La Policía Nacional, tal como está estructurada, responde a órdenes centralizadas que no siempre coinciden con las necesidades y prioridades de los municipios. Esto crea un foco de tensión constante entre las autoridades locales y las fuerzas del orden, como ocurrió en Sabana Grande de Boyá.
Una solución viable sería descentralizar la Policía Nacional y convertirla en policías municipales, que respondan directamente a las autoridades locales. Esto no solo eliminaría los conflictos de competencia, sino que también permitiría una gestión más eficiente y adaptada a las realidades de cada comunidad.
Además, fortalecería la autonomía de los municipios y promovería una mayor coordinación entre las autoridades locales y las fuerzas de seguridad.
Es hora de que el Estado dominicano adopte un enfoque más equilibrado y sensato en la regulación de actividades festivas y vida nocturna. En lugar de imponer restricciones arbitrarias, se deben establecer normas claras y consensuadas que protejan los derechos de los ciudadanos, fomenten el desarrollo económico y garanticen la seguridad pública.
Las fiestas patronales, los restaurantes, los bares y las discotecas no son enemigos del orden público; son expresiones culturales y económicas que merecen ser protegidas y promovidas. Al hacerlo, no solo estaremos defendiendo nuestros derechos constitucionales, sino también construyendo un país más próspero, seguro y vibrante.
El incidente en Sabana Grande de Boyá es un recordatorio de que las políticas públicas deben estar al servicio de la gente, no en su contra. La anticonstitucionalidad del control de horarios, el impacto negativo en la economía y la necesidad de reformas institucionales son temas que no pueden seguir siendo ignorados. Si queremos un país donde la cultura, el turismo y el desarrollo económico florezcan, es esencial revisar estas medidas y trabajar hacia un modelo que respete los derechos de los ciudadanos y promueva el bienestar colectivo.
Esta absurda medida de control de horario, debe ser eliminada. El control de ruido es positivo, cada negocio debe asegurarse de no violentarla. Ahh, la fiesta continuó, y no pasó ningún incidente.
jpm-am