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Dío Astacio versus motoristas
POR GREGORY PANIAGUA
En los últimos días ha generado controversia la propuesta del alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, de cobrar 1,000 pesos a los motoristas para registrar sus motocicletas en el municipio.
La medida, que busca mejorar el control sobre el parque vehicular y aumentar la seguridad vial en la zona, ha sido ampliamente discutida entre los ciudadanos, quienes aplauden la intención de regularizar el tráfico, pero cuestionan el monto estipulado para el registro.
El análisis de la propuesta debe hacerse a la luz de las normativas vigentes, en particular la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, y la Ley 63-17 sobre Tránsito Terrestre y Seguridad Vial.
La Ley Municipal establece claramente cuáles son las facultades del alcalde.
La Ley 176-07 otorga a los municipios la potestad de recaudar impuestos y tasas para financiar sus actividades y servicios, lo que incluye la posibilidad de cobrar tarifas por el registro de vehículos. En este sentido, el alcalde tiene la facultad de establecer tarifas que apoyen el sistema de control y regularización del tránsito.
Sin embargo, la ley exige que las tarifas sean razonables, proporcionales y justificadas, lo que plantea interrogantes sobre si los mil pesos que se proponen son una carga excesiva para los motoristas, especialmente aquellos de menores recursos.
Por su parte, la Ley 63-17 establece que todos los vehículos motorizados, incluidas las motocicletas, deben estar registrados ante las autoridades competentes para circular legalmente. Este registro tiene como fin no solo mejorar la seguridad vial, sino también facilitar la identificación de los vehículos en casos de accidentes o infracciones.
En este contexto, la propuesta del alcalde de establecer un registro de motoristas tiene respaldo en la normativa de tránsito, pero recordemos que se realiza a través de una institución estatal no municipal, por tanto, lo que el alcalde quiere realizar sí tiene autoridad para hacerlo, pero la Ley no especifica si el proceso debe ser gratuito o tarifado y como ya los mismo pagan al Estado por la placa, no pueden pagar el mismo registro dos veces, sería violatoria a ambas ley.
El cobro de 1,000 pesos ha generado preocupaciones entre la población, dado que muchos motoristas, especialmente en sectores de menores ingresos, dependen de sus motocicletas para trabajar. Para estos ciudadanos, el pago de dicha tarifa puede representar una barrera económica que los desincentive a registrar sus vehículos, contraviniendo al objetivo de la medida, que es precisamente aumentar la regularización y el cumplimiento de las normativas de tránsito.
Desde mi perspectiva ciudadana, considero que una opción más equitativa sería realizar la primera entrega de placas de manera gratuita, o al menos subvencionada, para facilitar que todos los motoristas del municipio cumplan con la ley sin que el costo sea un impedimento. Esto podría facilitar la inclusión de los motoristas informales, una franja de la población que juega un rol crucial en la economía de nuestro querido Santo Domingo Este.
Alternativas
En lugar de imponer una tarifa fija de 1,000 pesos, se podrían explorar alternativas como:
Subsidios o tarifas reducidas para los motoristas de menores recursos, que permitan que todos puedan registrarse sin que el costo sea un obstáculo, así adquirir su primer registro gratis.
Si bien el registro de las motocicletas es una medida necesaria para mejorar la seguridad vial y el control del tránsito, la imposición de una tarifa de 1,000 pesos podría resultar desproporcionada, especialmente para los motoristas de menores ingresos. Es fundamental que las autoridades busquen un equilibrio entre la necesidad de recaudar fondos para la implementación del sistema y la equidad en el acceso al mismo. Por ello, se hace un llamado a que el proceso de registro sea gratuito en su primera entrega y luego pagar una tarifa menor por la renovación anual.
Confiamos en que las autoridades locales evaluarán alternativas más inclusivas y justas, que promuevan la seguridad vial y la regularización sin crear barreras económicas para la ciudadanía.