Cesantía laboral: no alborotar las avispas (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Por ORION MEJIA
Fecha: 05/01/2025
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En 1992, cuando se aprobó el nuevo Código Laboral, el monto del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana ascendía a unos US$11,605 millones, lo que 32 años después aumentó en más de cien mil millones de dólares, para situarse cerca de los US$114 mil millones.

Esas estadísticas indican que ese texto ha sido un acompañante efectivo del crecimiento de la economía, al punto que una década después de su entrada en vigencia, el PIB nominal casi se duplicó (US$21 mil millones), aunque en el cuatrienio siguiente se redujo a US$19,000 millones, a causa de la crisis bancaria.

La cesantía laboral nunca ha representado un valladar a la expansión empresarial, como lo demuestra el desarrollo alcanzado durante más de tres décadas por los sectores servicios, telecomunicaciones, manufactura, construcción, minería, comercio y agropecuaria.

Esa figura se refiere a la compensación económica que el empleador debe pagar al trabajador cuando este es despedido sin una causa justa, o si el empleado dimite con justificación, lo que le permite subsistir hasta acceder a un nuevo empleo.

Se ha dicho que las empresas Pymes no podrían sobrevivir bajo el actual esquema de la cesantía laboral, pero múltiples estudios demuestran que resultan más afectadas por la abrumadora fiscalidad que por una eventual compensación a cualquier colaborador desahuciado.

Constituye un acto de crueldad mediática difundir la especie de que la compensación por desahucio es la causa por la cual el 53% de la masa laboral malvive en el infortunio de la informalidad, un flagelo básicamente estructural, que no se combate apretando el pescuezo de los trabajadores formales.

Durante la vigencia del Código Laboral no se conoce ningún caso de empresas que colapsaron a causa de un pasivo por cesantía laboral, porque las declaratorias de bancarrota o cesación de pagos están vinculados a problemas de mercado, precios, o producción.

A pesar de que aquí no se cumple con el derecho a la sindicalización, que los salarios no se corresponden con el crecimiento ni rentabilidad de las empresas, que se violentan normas y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevalece una duradera paz laboral y las huelgas se circunscriben a servidores de los sectores salud y educación.

No hay razones, pues para alborotar las avispas en un país donde el gasto tributario sobrepasa el 6% del PIB, en el que está en vigencia un ramillete de salarios mínimos, todos muy por debajo de la canasta familiar, y en el que el derecho a una pensión digna todavía es una quimera.

jpm-am

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