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Cólera en Haití, una década sin justicia
POR ANELI RUIZ GARCIA
(Corresponsal Prensa Latina en Haití)
PUERTO PRINCIPE.- Las familias de los 10 mil fallecidos o el casi millón de personas afectadas por la epidemia de cólera en Haití aún siguen sin recibir justicia, a una década del brote de la enfermedad en el país.
La epidemia de cólera debutó en Haití en otoño de 2010, nueve meses después del terrible terremoto que cobró más de 250 mil vidas, y tras la llegada de un contingente nepalí a Mirebalais, situado en el centro del país.
Las tropas formaban parte de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización, una controvertida fuerza militar liderada por Estados Unidos que se desplegó en Haití de 2004 a 2017 con el argumento de pacificar el país tras el segundo golpe de Estado contra el presidente Jean Bertrand Aristide.
Más de 18 mil efectivos de 39 naciones, la mayoría latinoamericanas, se diseminaron por todo el territorio nacional con un presupuesto que en ocasiones superó los 600 millones de dólares.
«En junio de 2004 inventaron una misión para la estabilización de Haití, y para instalarla violaron los mismos reglamentos de Naciones Unidas que prevé este tipo de despliegue cuando hay guerra civil, crímenes contra la humanidad o genocidio, tres cosas que no existían en el país», criticó el académico y activista Camille Chalmers.
Según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la operación debía ayudar al restablecimiento del orden, facilitar la distribución de asistencia humanitaria, así como apoyar a la policía y a la guardia costera haitianas a mantener la ley y a proteger los derechos humanos.
Chalmers señaló la presión ejercida por Estados Unidos para el despliegue de esas tropas, «porque ocupar Haití en ese momento era fundamental en el plan de remilitarización imperial de la cuenca del Caribe», aseguró a Prensa Latina.
Sugirió, asimismo, que Washington implementó un nuevo experimento de ocupación, utilizando tropas de los países latinoamericanos y con la fachada de solidaridad Sur-Sur para esconder la agenda imperial.
MILITARES NEPALÍES EN HAITÍ
El contingente de Nepal arribó el 8 de octubre de 2010 y se asentó en el pueblo montañoso de Mirebalais, a unos 55 kilómetros al noreste de Puerto Príncipe.
Investigaciones de organismos internacionales revelaron que el tratamiento inadecuado de inodoros procedentes de su campamento, liberaron la bacteria de cólera en el cercano torrente Meye, uno de los afluentes del río Artibonite.
Después de propagarse por las corrientes, la infección disparó drásticamente los casos en la ciudad costera de Saint Marc, y continuó con velocidad letal hacia los barrios más pobres de esta capital.
La enfermedad que afecta el aparato digestivo, se trasmite a través de las heces infectadas y una vez que entra en la red de abastecimiento de aguas es difícil detenerla, especialmente en países en desarrollo con sistemas poco efectivos de tratamientos residuales.
Tras el estudio de los datos moleculares, los expertos determinaron que la cepa de cólera hallada en Haití, «es una copia exacta de la cepa de cólera en Nepal», donde la enfermedad es endémica.
Luego de años rechazando su implicación en el brote de cólera, uno de los mayores en el continente y en un país donde la enfermedad no se registró en el último siglo, Naciones Unidas reconoció su responsabilidad en 2016.
«A lo largo del año pasado (2015), la ONU se ha convencido de que tiene que hacer mucho más acerca de su propia implicación en el estallido inicial y el sufrimiento de los afectados por el cólera», admitió Farhan Haq, portavoz del entonces secretario general, Ban Ki-moon.
Mucho antes, los familiares de las víctimas presentaron una demanda oficial en la sede la ONU por 100 mil dólares para quienes murieron y 50 mil para los enfermos. Las denuncias fueron desestimadas por varios tribunales internacionales y una década después el archivo continúa sin resolverse.
JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS
En julio de 2004 Haití y Naciones Unidas rubricaron un convenio que establece los procedimientos para tramitar las reclamaciones de indemnización por responsabilidad civil, pérdidas o daños a los bienes, lesiones, enfermedad o muerte, relacionadas con la misión para la estabilización.
Basados en ese acuerdo, la Oficina Internacional de Abogados y organizaciones de derechos humanos pidieron a la ONU resarcir los daños.
Chalmers recordó que una semana después de la llegada del contingente asiático se registraron los primeros casos de la enfermedad y 25 días después todo el país estaba infectado. Aún hoy muchas casas continúan abandonadas y zonas devastadas que nunca regresaron a la normalidad, subrayó.
El académico sostiene que aunque los datos oficiales registran unos 10 mil fallecidos, para organizaciones progresistas la cifra es tres veces mayor.
Además del balance humano, el impacto económico fue «terrible», aseguró, pues muchas personas afectadas por el cólera perdieron su trabajo y fueron discriminados.
Igualmente la epidemia desorganizó los circuitos de producción agrícola ya que la mayoría de los alimentos cultivados para la exportación fueron rechazados por temor a la enfermedad.
Organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional Episcopal de Justicia y Paz, la Plataforma de Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos, entre otras, celebraron un tribunal popular el 20 de octubre para responsabilizar al organismo internacional.
También la Oficina del Protección del Ciudadano criticó que 10 años después, las autoridades haitianas no acompañan a las víctimas en sus esfuerzos de obtener compensación.
En enero de 2020 Haití cumplió un año sin registrar casos de cólera, luego del último reporte de la enfermedad en 2019, sin embargo, aún miles de familias conservan dolorosas experiencias sobre la temible enfermedad, lamentó Chalmers.
wj/am