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¡Urge regulación de la publicidad oficial…!
En uno de los documentos encontrados en la Secretaría particular de Luis Echeverría Álvarez —cuando éste era presidente de México— sobresale el siguiente texto: “por la acción de la propaganda política podemos concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que adopta la forma de un gobierno democrático”.
Tomando en consideración el contenido de esa tan acertada expresión, podemos deducir que la propaganda política, vestida de publicidad oficial, ha llegado a convertirse en muchos países de la región en una herramienta eficaz de control de la opinión pública.
Miles de millones de pesos se derrochan inmisericordemente para mantener una cultura de maquinación y engaño a la población a través de la compra de espacios en medios de comunicación y de expresiones de diversos periodistas, con la intención de ensalzar y halagar al gobierno o a figuras del gobierno de turno.
Lamentablemente, el uso perverso de la publicidad oficial se ha venido convirtiendo, a través del tiempo, en un vulgar mecanismo de censura, conduciendo cada día más hacia el deterioro al maltrecho sistema democrático.
Si bien en la República Dominicana puede destacarse la asignación indiscriminada de recursos para estos efectos, esta constituye una práctica común en casi todos los gobiernos que nos han sucedido.
El actual gobierno —a su tercer año de administración— tiene previsto ejecutar la suma astronómica de alrededor de dieciocho mil millones de pesos (RD$18,000,000,000.00), superando ya con creces lo gastado por el anterior gobierno durante el mismo periodo.
El uso de publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta es un problema público que aqueja a buena parte de la región latinoamericana, y a pesar de los muchos intentos para enfrentar este flagelo, hasta hoy no existe un solo país que lo haya resuelto.
La imperiosa necesidad de que la publicidad que promueve el Estado sea empleada, única y exclusivamente, para informar sobre temas de interés público, y que existan criterios claros, objetivos y transparentes para su asignación sigue siendo aún parte de la agenda pendiente.
Al principio de su gobierno, el presidente Luis Abinader anunció que dentro del proyecto de fortalecimiento institucional de su gobierno impulsaría la aprobación de una «Ley de Publicidad Estatal» para establecer criterios transparentes y objetivos en el uso de los recursos públicos.
A los tres años de su gestión, el tema luce olvidado y son continuas y ascendentes las prácticas clientelares y la difusión abusiva de mensajes publicitarios, utilizando recursos estatales, que promueven acciones y promesas de este gobierno que nada tienen que ver con el interés nacional.
Por mucho tiempo ha prevalecido en nuestro país la odiosa práctica de “premiar” o “castigar” a los medios de comunicación y a los periodistas con la publicidad oficial, ya sea que estos hagan o no causa común con los intereses mezquinos del gobierno.
Esos mecanismos de censura indirecta suelen solaparse tras potestades discrecionales, pero en el fondo de lo que se trata es de un ejercicio arbitrario del poder público que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.
Se hace necesario fijar ya criterios objetivos que eviten la distribución discrecional y arbitraria en los presupuestos de las instituciones públicas para promover intereses personales y partidistas.
La falta de un marco regulatorio apropiado hace que se produzcan abusos en las pautas publicitarias oficiales, fomentando la irracionalidad, la discriminación y la corrupción en la asignación de los presupuestos gubernamentales; así también, como la utilización de publicidad oficial como subsidio encubierto para beneficiar, directa o indirectamente, a comunicadores, medios de comunicación social o a cualquier agente que forme parte de la cadena de su asignación o colocación.
Urge la aprobación de una ley que regule y establezca criterios claros sobre la forma de llevar a cabo y promover la publicidad oficial en nuestro país, como forma de reducir el alto nivel de discrecionalidad en la asignación presupuestaria para tales fines, procurando evitar el despilfarro de fondos públicos, la corrupción y la discriminación, lo cual viene afectando seriamente la libre expresión del pensamiento en nuestro país, y con ello, al sistema democrático.
jpm-am
excelente expresión de un problema que llevo varios años criticando. el gobierno no necesita hacerse publicidad porque se le elige para hacer el trabajo. esa campaña política utilizando la publicidad tiene que estar prohibida a todos los niveles del gobierno desde el alcalde pedaneo hacía arriba. desafortunadamente, con lo que no cuesta, hagamos fiesta.
se imagina usted distinguido periodista lo que se podria hacer con esos 18 mil millones de pesos invertidos en el campo? seria ganancia para la poblacion, para el gobierno y para el partido en el poder. y la mentira de que ahora estamos mejor, seria verdad.